La exención del IBI de la vivienda social se convierte en otra fuente de conflictos en la Asamblea de Madrid
Una exención de impuestos se ha convertido en otra fuente de conflictos en la Asamblea de Madrid. El consejero de portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha presentado un acuerdo del consejo de Gobierno para solicitar a la Asamblea de Madrid la tramitación por urgencia del proyecto de Ley que exime a los inquilinos que residan en las viviendas de la Agencia de la Vivienda Social de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Un proyecto de Ley de estas características no debería suscitar controversias pero la intención del PP de aprobarlo mediante un trámite de lectura única, sin que los grupos políticos puedan discutirlo ni añadir enmiendas, ha provocado que PSOE y Podemos se planten.
“Les molesta que enmendemos sus leyes y, sobre todo, tener que dar explicaciones sobre la política de vivienda del Partido Popular durante estos años”, explicaron fuentes de Podemos. Según la formación de izquierdas esta forma de actuar denota la falta de cultura democrática del PP.
Además, los responsables de Podemos han aportado un escrito de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en el que se recomienda no tramitar el proyecto de ley por vía de lectura única porque podría tener problemas de aplicación efectiva. También aseguran que “la variación en el momento de su aprobación no afectará a su aplicación material. No tendrá efecto negativo alguno sobre los beneficiarios de la medida”.
De esta manera los grupos políticos podrán presentar enmiendas a la totalidad hasta el día 7 de febrero y las enmiendas al articulado, hasta el día 10 de febrero. La Ley podría salir aprobada a finales de febrero o principios de marzo.
La Comunidad de Madrid asumirá el coste equivalente a la cuantía del 100% del impuesto, con lo que la Administración regional asumirá un coste de 6,5 millones de euros. La medida afecta a los habitantes de las 23.000 viviendas de la Agencia Social.
