La Justicia imputa a una diputada regional del PP elegida por Díaz Ayuso para revalidar una alcaldía
La alcaldesa de Villa del Prado y diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Belén Rodríguez Palomino, tendrá que declarar el próximo 12 de abril como imputada por un “delito continuado de prevaricación”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la ha citado como investigada, según la providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, apenas cuatro días después de ser presentada por el líder del PP Madrileño, Pío García Escudero, e Isabel Díaz Ayuso como candidata de su municipio para revalidar la alcaldía que ocupa con mayoría absoluta desde 2007.
El TSJM abrió diligencias para investigar a Rodríguez Palomino tras una querella de la Fiscalía que relata cómo la regidora “ha prescindido por completo y de manera sistemática de la correspondiente regulación legal en el ámbito de los contratos que la Administración debe celebrar con las empresas particulares”.
El Ministerio Público llevó a la diputada al TSJM a raíz de una denuncia de un edil de Vecinos por Villa del Prado al entender que había fraccionado contratos como regidora que recaían reiteradamente en las dos mismas empresas sin concurso público. Entre 2014 y 2017, el Ayuntamiento habría pagado a Instalaciones Eléctricas Cochele e Instalaciones Barbero S.L 633.400 euros a base de contratos menores no sujetos a fiscalización.
El tribunal madrileño sostiene que los hechos relatados en la querella describen una actuación de contratación de servicios por el Ayuntamiento que habría sido efectuada en principio verbalmente, “sin convocatoria de concurso alguno para celebrar la correspondiente licitación ni la formación del preceptivo expediente” como previene la Ley de Contratos del Sector Público.
La facturación emitida habría sido “aprobada” por “la propia alcaldesa sin objeción de la interventora, pese a que había sido advertida en numerosas ocasiones sin éxito alguno, tanto por la propia interventora como por distintas secretarias, acerca de la necesidad de que la prestación de servicios, sea cual fuere el ámbito de los mismos, debía sujetarse a lo dispuesto” en la ley.
La Fiscalía no solo ha señalado a la alcaldesa por estos hechos. Rodríguez Palomino también afronta otra querella en la que el Ministerio Público aprecia otros tres posibles delitos derivados de su gestión como regidora municipal: nombramientos ilegales (que estaría prescrito), usurpación de funciones públicas y prevaricación urbanística.
El escrito expone que Rodríguez Palomino contrató como arquitecto municipal a través de un concurso-oposición a un trabajador con condición de personal laboral cuando la ley obliga a que este puesto sea cubierto por un funcionario de carrera. Según el fiscal, la alcaldesa firmó varios decretos para conceder licencias con informes de este arquitecto no funcionario pese a que varios secretarios municipales advirtieron de que no estaba amparado por la legalidad.
Borrada de la lista de candidatos
Aunque semejante expediente hacía sospechar al PP su casi segura imputación, el partido ha decidido apostar por Rodríguez Palomino como candidata para revalidar la alcaldía de Villa del Prado. La también diputada en la Asamblea de Madrid acudió el pasado domingo al acto de presentación de las apuestas para ganar los municipios del oeste y subió al escenario junto al resto de candidatos.
En la nota de prensa que informaba de los nombramientos, sin embargo, ni aparece el municipio ni el nombre de Rodríguez Palomino. Aunque la alcaldesa se hizo la foto de rigor en el evento, celebrado en Las Rozas, con la candidata regional Isabel Díaz Ayuso y el presidente del PP de Madrid Pío García Escudero. En el PP de Madrid explican que la ausencia de su nombre responde a que “no estuvo en el acto que le correspondía” por zona porque “no podía” y por eso no se incluyó en el listado del domingo. En la presentación en la que debió estar la alcaldesa por ubicación geográfica del pueblo, según el PP de Madrid, la de la Sierra Noroeste, su nombre tampoco está por ninguna parte.
El Código Ético del PP de Madrid, aprobado cuando Cristina Cifuentes estaba al frente de la gestora tras la salida de Esperanza Aguirre, obliga a la renuncia voluntaria al cargo a los “investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional”. Fuentes del PP aseguran a eldiario.es que este código no aplica en el caso de Rodríguez Palomino porque “prevaricación administrativa no es corrupción”. “En este caso no ha habido un enriquecimiento ilícito vinculado a su cargo”, apuntan las mismas fuentes.
La incógnita es si la regidora repetirá en las listas a la Asamblea de Madrid. Una opción poco probable teniendo en cuenta su situación procesal y que Díaz Ayuso anunció hace unas semanas que quería que todos sus diputados estuvieran “al 100%”, es decir, que no compatibilicen su escaño con una alcaldía.
Rodríguez Palomino es la segunda alcaldesa madrileña del PP imputada en las últimas semanas. Este jueves ha declarado como investigada la regidora de Fuente el Saz, María José Motino, acusada de prevaricación y un delito contra el medio ambiente por, entre otras cosas, beneficiar desde la Alcaldía los negocios privados del teniente de alcalde.
