La Fiscalía denuncia a una diputada del PP en Madrid por fraccionar contratos como alcaldesa
La Fiscalía de la Comunidad ha denunciado a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Belén Rodríguez Palomino, al apreciar “indicios sólidos” de “su presunta responsabilidad” en un “delito continuado de prevaricación” administrativa como alcaldesa de Villa del Prado –cargo en el que hoy se mantiene– durante los años 2014 y 2015.
Según un documento al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ministerio Público pondrá en conocimiento de un juzgado el pago de 358.000 euros por parte del Ayuntamiento de Villa del Prado a dos empresas en los años 2014 y 2015 a través de contratos fraccionados continuados sin que existiera ningún concurso público.
Los hechos fueron denunciados en enero por un concejal de Villa del Prado, del partido Vecinos por Villa del Prado. La denuncia advertía de que “Instalaciones Eléctricas Cochele e Instalaciones Barbero S.L”, dedicadas al mantenimiento eléctrico y de fontanería, había emitido facturas al Ayuntamiento por un importe de 184.901 euros y 173.413 euros, respectivamente, “sin expediente de contratación tramitado al efecto”.
El denunciante también entregó a la Fiscalía en julio las facturas correspondientes a 2016 y 2017, por importes similares e igualmente sin concurso público. La empresa de electricidad se embolsó 100.401,52 euros en 2016 y 69.163,61 en 2017; y la de fontanería 42.336,94 euros y 63.181,53 en el mismo periodo. En cuatro años, las dos compañías cobraron del Ayuntamiento, a través de contratos menores no sujetos a fiscalización ni a régimen de concurso, 633.400 euros.
“La figura del contrato menor es una excepción, su utilización se refiere a necesidades puntuales, no recurrentes ni periódicas ni permanentes (como es este caso el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de fontanería)”, añade la querella que ha motivado la acción de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este medio.
Los contratos menores son una alternativa concebida por ley para necesidades urgentes y de importes no superiores a 18.000 euros en el caso de servicios o suministros. En este caso, para evitar el concurso público, los pagos a las dos empresas señaladas se habrían fraccionado repetidamente para hacer posible el uso de esta figura de contratación.
El Ayuntamiento admite que no hay pliegos
El grupo de la oposición que ha denunciado estos hechos pidió oficialmente a Alcaldía el acceso al “procedimiento de contratación” seguido con estas dos empresas. En la respuesta, que está incorporada a la denuncia ante Fiscalía y fechada en julio de 2016, el Ayuntamiento admite que no hay pliegos ni concurso para estos servicios y asegura que los tendrán “preparados para últimos de año”. “Se está trabajando en la elaboración de los pliegos de contratación de estos dos servicios y en la fijación del precio de los contratos”, indica la contestación de la alcaldesa.
El Ayuntamiento justifica en la misma respuesta que “son pliegos complicados de realizar al tener que recoger todas las particularidades del servicio”. El consistorio también advierte que fijar precios es asimismo “complicado al tratarse de servicios en los que los imprevistos y las averías son continuas”.
El Partido Popular gobierna con mayoría absoluta en el municipio de Villa del Prado, de 6.300 habitantes. Belén Rodríguez Palomino lleva casi 20 años en el Ayuntamiento del municipio: es alcaldesa desde 2007 aunque ya en 1991 era primera teniente de alcalde.
Desde 2017 tiene también condición de aforada por ser diputada en la Asamblea de Madrid. Rodríguez Palomino accedió al escaño en la cámara regional en septiembre de 2017, en sustitución de Isabel Díaz Ayuso, que lo dejó al ser nombrada viceconsejera por la expresidenta Cristina Cifuentes.
eldiario.es ha intentado ponerse en contacto sin éxito con la diputada y alcaldesa.
El grupo parlamentario popular considera que Belén Rodríguez “tiene que dar explicaciones como alcaldesa”. Aunque afirman que “tener confianza en su presunción de inocencia”. En todo caso, fuentes del grupo justifican que “no se trata de un caso de corrupción”. “Prevaricación administrativa es una irregularidad y está penada. Pero nuestro código ético es para temas de corrupción”, añaden.
