La Fiscalía de Madrid denuncia al médico de una residencia de ancianos por homicidio imprudente
La Fiscalía de Madrid denuncia al responsable médico de una residencia de ancianos en la capital. El Ministerio Público le acusa de dos delitos: omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. Según expone esta institución en una nota de prensa, el facultativo “no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad de un usuario de 89 años de edad, ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente, y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario”, indican desde el gabinete de prensa de la Fiscalía. Aunque no identifican el centro en el que trabaja este profesional sanitario, se trata de una de las catorce residencias intervenidas por la Comunidad y en la que fallecieron 54 usuarios a lo largo de la primera ola, 45 de ellos con “síntomas compatibles” con la COVID-19.
En su denuncia, la Fiscalía asegura que el médico no ha aportado un informe “completo” sobre un anciano de 89 años que falleció el 4 de abril con “sospecha de infección por Covid-19” y que sufría deterioro cognitivo. Por lo tanto, se trata de información que “no parece completa ni, en muchos aspectos, coherente con el desenlace finalmente acaecido”, esgrime el Ministerio Público. Cuando aparecieron los primeros síntomas de infección en este residente el responsable sanitario “no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad”.
El Ministerio Público señala varias presuntas irregularidades. El denunciado no cumplió con el protocolo de derivaciones impuesto por la Comunidad de Madrid, siempre según el texto emitido por el gabinete de prensa de la Fiscalía. En el comunicado aseguran que el doctor “no mantuvo contacto alguno” con el geriatra de enlace que debía supervisar la evolución del virus. Esa figura era la responsable de “tomar la decisión” sobre un traslado a la sanidad pública, también de prescribir el “tratamiento médico que debía administrarse en la residencia”.
“Ni siquiera activó el protocolo cuando el número de casos de contagio fue en aumento y se produjeron numerosos fallecimientos”, apunta la institución, “tomando él la decisión de mantener a los usuarios en la residencia, aun sabiendo que no disponía de un adecuado servicio médico y de enfermería”. El primer mes de la pandemia, entre el 9 de marzo y el 6 de abril, fallecieron 41 de los 54 usuarios que murieron a lo largo de la primera ola.
La irrupción del virus mermó la plantilla del centro, que sufrió “numerosas bajas médicas”. Ante esta situación, el sanitario optó por “escribir diferentes cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación”. “No tenemos capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes del centro”, manifestó en esa misivas, en las que también indicó que “si en las siguientes 48 horas no recibía ayuda, su alternativa era desalojar a 60 usuarios, considerando que su capacidad real le permitía atender solo al 50% de los residentes que tenía en ese momento”. Se dirigió también a los familiares, a los que “informó por carta a los familiares de que no se podían hacer derivaciones hospitalarias y que, por tanto, todos los casos sospechosos de COVID-19 serían tratados en la residencia”. La Fiscalía recrimina que esta actuación se produjese a la vez que “desatendía” las indicaciones de las autoridades sanitarias.
La situación fue límite en el centro, ya que la residencia “dejó de cumplir” entre el 23 y el 31 de marzo “con la obligación de informar a los técnicos sobre su número de usuarios contagiados”. En el momento en el que se retomó el intercambio de datos, en el centro “el número de residentes fallecidos había crecido drásticamente, quedando tan solo en la residencia once usuarios asintomáticos y 77 con síntomas, sin que se conozca en este momento el tipo de asistencia, seguimiento y control sanitario que recibieron”, finaliza la Fiscalía.
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