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El ministro de Fomento respalda a Adif en la Operación Chamartín y descarga la responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Rodrigo Ponce de León

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha respaldado al operador público de infraestructuras ferroviarias Adif en las negociaciones con la empresa del BBVA y la constructora San José, Distrito Castellana Norte, en la Operación Chamartín durante una comparecencia en la comisión de Fomento en el Congreso. A pesar de que Adif recibirá un montante mucho menor de los precios de mercado, Ábalos justificó los cambios en el contrato en la modificación del plan general de ordenación urbana que realizó el Ayuntamiento madrileño que dirige Manuela Carmena.

Ábalos ha destacado que ante el cambio del plan de ordenación urbana por parte del Ayuntamiento de Madrid, “Adif ha adaptado el contrato a esta nueva realidad. Hay que destacar que a pesar de que la superficie y la edificabilidad se ha reducido, se mantiene el canon monetario. Se ha sostenido que el suelo se vende por debajo del precio de mercado, pero esto es ignorar que el precio se fijó en 2009 y que el concurso se hizo en 1993, Adif no puede saltarse esa realidad”.

Sin embargo, la operación Chamartín no se ha llegado a votar en el pleno del consistorio madrileño, sino que fue aprobada en Junta de Gobierno. De hecho, al mismo tiempo que el ministro comparecía en la Cámara Baja la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha anunciado que el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid mantiene su intención de llevar al Pleno municipal la aprobación definitiva de la Operación Chamartín antes de las elecciones de mayo de este año.

El ministro no ha dudado en descargar responsabilidad de las posibles irregularidades de la Operación Chamartín en el Ayuntamiento de la capital. “No le corresponde a Fomento defender la operación urbanística sino al Ayuntamiento de Madrid, que por cierto todos los partidos políticos votaron a favor. Fomento solo tiene como objetivo en esta operación potenciar la nueva estación más importante de España”, ha señalado Ábalos.

eldiario.es ha publicado como el contrato que el Ministerio de Fomento de Ana Pastor, a través de la empresa pública Adif, firmó sobre la Operación Chamartín en 2015 supuso unas “extraordinarias mejoras e incuestionables ventajas” para Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad propiedad de BBVA y la Constructora San José que explotará uno de las mayores desarrollos urbanísticos de Europa. Así lo admite, con sus propias palabras, el presidente de DCN, Antonio Béjar, en un acta de esta empresa.

Este periódico también publicó que un informe jurídico de Renfe reclamó ya hace 18 años romper el contrato para la Operación Chamartín con Distrito Castellana Norte, que tiene la concesión de los terrenos desde 1994. El documento, fechado el 25 de junio de 2001, alerta de un “grave perjuicio a los intereses públicos” y se detallan una larga serie de “graves incumplimientos” por parte del banco y la constructora.

El propio Ábalos ha admitido que dudó en un primer momento ante “las primeras alarmas”. El ministro ha explicado que vio la operación “con precaución, hice un ejercicio de buena fe, la alcaldesa de Madrid defendió este proyecto y no se me pasó por la cabeza que hubiera algo raro, luego he visto artículos en los que pensé: la fé hasta un límite, pero no he encontrado nada”.

Ni este informe ni que las condiciones para Adif se hayan deteriorado a lo largo de estos 25 años han hecho mella en la visión de Ábalos. El ministro de Fomento ha defendido el papel del operador público de infraestructuras al destacar que “el Ayuntamiento de Manuela Carmena modificó el plan urbanístico, dejando sin efecto el plan aprobado por la corporación anterior. Adif defendió el interés general que se tradujo en 26 versiones del documento a suscribir [el último contrato se firmó el 28 de diciembre]. Tanto en esta modificación como las anteriores se han venido amparando en causas objetivas sin alterar el equilibrio, con los correspondientes expedientes que cuentan con informes técnicos que lo respaldan y con informes de la abogacía del Estado”.

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