Un fondo expulsa a una vecina de Vallecas tras subirle el alquiler de 500 a 900 euros

Los golpes del mazo contra la puerta de la vivienda de Souad El-Hartoul, de 54 años, empezaron a oírse desde la calle en torno a 9.15. Momentáneamente, se hizo el silencio entre la cincuentena de activistas contra los desahucios que desde dos horas antes protestaban contra el desalojo de la mujer, que vivía en la avenida de Monte Igueldo, a escasos metros del Puente de Vallecas, en Madrid. Souad llevaba 14 años viviendo en el piso y en 2020 se encontró con que los nuevos propietarios, el fondo inmobiliario israelí Vbare, le subía el alquiler de 500 a 900 euros, imposibles de asumir para su precaria economía.

Al cuarto intento, el desahucio se ejecutó, tras un amago de incendio, una crisis de ansiedad y la esperanza frustrada de que la comisión judicial no se presentase por efecto de la huelga de los funcionarios de justicia, que reclaman una subida de sus salarios similar a la acordada recientemente para jueces y fiscales, de 450 euros, casi lo mismo que le ha subido el alquiler la socimi Vbare.

La policía acordonó la entrada de la calle antes de la 7.00, pero para entonces ya acompañaban a Souad en la vivienda una veintena de voluntarios de la Plataforma de Afectados por la hipoteca de Vallekas, la mayoría muy jóvenes. Se presentó el cerrajero entre abucheos, sacó la radial y las chispas hicieron temer a los presentes por que se incendiase la casa. Aparecieron los bomberos. Después una ambulancia, alertado el Samur de la crisis de ansiedad de la mujer, que amenazaba con tirarse por la ventana. Los bomberos desplegaron una colchoneta, luego la retiraron. Decenas de policías y bomberos iban de un lado al otro de la calle. Subían al piso, bajaban, volvían a subir. Nadie sabía qué hacer con el gato de la mujer, que acabaron llevándose unas vecinas. Cerca del mediodía, Souad y los activistas salieron del edificio. Ella, atendida por el Samur, iba camino del hospital. Los demás recibieron notificación policial de que se les sancionaría por desobediencia.

Las esperanzas de paralizar el desalojo ya eran escasas a primera hora. Diego Redondo, abogado de Souad, venía quejándose de que una novedad de la ley de vivienda que esgrimió ante el juzgado para demorar la expulsión no hubiese servido de nada. La nueva ley modificó un artículo de otra ley, la de Enjuiciamiento Civil, que obliga a suspender los desahucios durante un mes si se constata la situación de vulnerabilidad. El juez respondió la víspera del desahucio que no había lugar al argumento, sin tiempo de contrarréplica.

En vista de lo anterior, muchos de los presentes coreaban “La ley de vivienda es una mierda”, mientras mostraban imágenes de Pedro Sánchez, Ione Belarra, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, junto a cánticos contra la policía, la banca y la propiedad, la sociedad de inversión inmobiliaria Vbare, de capital israelí y parte de la “mafia sionista”, según coreaban los presentes, por su vinculación con las élites del país de oriente próximo. La empresa ya quiso expulsar a los arrendatarios de un inmueble en el barrio de Chamberí en 2020, en plena pandemia.

El barrio obrero que deja de serlo

En el bajo del bloque en el que vivía Souad hay un local de una casa de apuestas. Enfrente, un estanco y una administración de loterías. En las proximidades, dos fruterías, una panadería de franquicia, una óptica, también de franquicia, y otros comercios de proximidad. Viven familias migrantes, parejas jóvenes y alguna persona mayor, que a lo largo de la mañana tuvieron que explicar a los agentes que bloqueaban la vía que residían allí para que los dejasen pasar. En las aceras, esperando al autobús, pequeños grupos de vecinos ajenos a la protesta observaban el suceso, en silencio. 

El alza de los precios del alquiler en el Puente de Vallecas sigue la línea ascendente del resto de Madrid. Los planes para eliminar el paso elevado de la autovía, que reclaman los vecinos y defiende la izquierda, incrementan el apetito inmobiliario por la zona. De ejecutarse la obra, desaparecería el límite físico entre este distrito y el de Retiro. El proyecto quedó paralizado la pasada legislatura por el PP. 

Ejecutado el desahucio, la funcionaria de la comisión judicial y la enviada de la empresa abandonaron el lugar escoltadas por la policía. Se montaron en el metro y comentaron lo sucedido, sin especial consideración por la afectada. La primera decía que la mitad de la oficina estaba de huelga; la segunda, que un hermano había tenido un problema de impago de inquilinos en una vivienda de su propiedad. “No me extraña que la gente no alquile”, concluía su interlocutora.