El Ayuntamiento de Madrid aún no sabe si llevará a los tribunales la venta de viviendas sociales a un fondo buitre

El actual Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) aún no sabe si llevará a los tribunales la venta de viviendas protegidas al fondo buitre Blackstone. Cualquier proceso “por la vía administrativa o penal” es “muy compleja”, ha dicho este miércoles la concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, tras conocerse en eldiario.es que la Cámara de Cuentas considera que la venta de promociones de la EMVS vulneró la legalidad.

El consistorio asegura que busca “cualquier resquicio para revertir la operaicón” pero, de momento, pide al fondo buitre Blackstone que compró 1.800 viviendas sociales municipales al Gobierno de Ana Botella (PP) que “paralice los desalojos”. “Hay 1.800 familias que pueden irse a la calle y no tenemos recursos para alojarlos si hay una salida masiva”, ha dicho Higueras. Así que el consistorio considera que “la pelota está en el tejado” de Fidere, la filial del fondo buitre Blackstone.

El Ayuntamiento asegura que va a intentar ponerse en contacto con los fondos. “Conversaciones sí, negociaciones...con un fondo buitre...” ha lamentado la concejala. El problema surge porque el cambio de titular en las casas ha implicado cambios en los contratos (al vencimiento), es decir, mayores exigencias económicas. Los inquilinos desahuciados fijan la mirada en el Ayuntamiento que les adjudicó un alquiler en una vivienda social cuyo carácter de protección se esfuma.

“No tenemos recursos para alojar a todas esas familias”, ha confesado Higueras. Hace pocas fechas, el Ejecutivo local de Madrid acordó con la Sareb (el banco malo que se quedó con mucho de la burbuja inmobiliaria que ahogaba al sector financiero español) contar con “300 de sus pisos para el parque de viviendas sociales” de la capital. Muy lejos todavía de las cifras de potenciales afectados por la venta masiva de patrimonio público a Blackstone.