El fondo de inversión Blackstone y sus filiales inmobiliarias continúan intentando hacer caja con la operación que a partir de 2013 emprendieron para hacerse con la propiedad de viviendas de alquiler con precios públicos en la Comunidad de Madrid. Tras comprar a precio de saldo con todas las facilidades del gobierno regional, el fondo sigue una estrategia de fondo, que se repite por varios municipios madrileños con ligeras variantes: esperar a que el plazo legal expire para subir los precios drásticamente, hasta un 70% de una tacada, con el objetivo de echar a los inquilinos. No sin resistencia; a finales del año pasado, los vecinos de una promoción de Torrejón de Ardoz doblegaron al gigante, que ante una demanda colectiva por cláusulas abusivas se avino a negociar. La situación se reproduce ahora en Getafe.
Unas 50 familias del barrio de Buenavista han visto cómo sus contratos a precios tasados han caducado este 3 de octubre, 10 años después de entrar a vivir en las casas. El resultado es que pisos de un dormitorio por los que se pagaban algo más de 500 euros pasen a costar ahora más de 800, u otros algo más grandes suban de 750 euros mensuales a 1.040. Ante la proximidad del vencimiento y fijándose en el éxito de Torrejón, 30 de las 50 familias –el resto desistieron– se han organizado para reclamar que la subida se modere, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas. Pero Fidere no quiere otro Torrejón en Getafe, como quedó claro el martes por la tarde ante la rueda de prensa de los inquilinos para informar de su decisión de resistir. El encuentro se iba a desarrollar en la urbanización, pero dos guardias de seguridad contratados al efecto prohibieron a los vecinos hacer uso de las instalaciones. “Han venido tres matones a echarnos”, protestaba una afectada en la acera de enfrente, donde se improvisó una protesta al aire libre.
“Nos están echando de nuestros barrios. Luchamos para conseguir una mesa de negociación”, dice Raquel, una de las afectadas. “Ellos [Fidere] dicen que son precios de mercado, pero ¿[quién fija] cuáles son? Nosotros tenemos sueldos normales… La respuesta son demandas de desahucio”, añade, sentada ante una mesa en la acera, junto a un solar descampado frente a los bloques de viviendas en disputa. Nuria Martín, de 42 años, compró un piso de 55 metros cuadrados, por el que venía pagando 610 euros mensuales. Ahora le piden 1.100. Pudo ejercer una opción de contra, pero los 130.000 euros de la tasación original habían pasado a ser el doble.
Al oírla, Olga Zasyedko, de 47 años, interrumpe: “¿Esto que es, La Moraleja?”. Olga vive en un bloque de Alcorcón en situación similar al de Nuria. Se le suma ahora que tiene en casa a una cuñada y sus dos hijos menores, huidos de Ucrania por la guerra. “Allí la gente se muere, pero los que vienen aquí también tienen que luchar”, dice la mujer, que vive en España desde 1999“.
“Las cláusulas son tan abusivas”, continúa Raquel. Los contratos incluyen seguros del hogar, el pago del IBI, y en el articulado ya se avisa de que no habrá otras prórrogas. Las demandas de desahucio por fin de contrato –aquí no hay impagos, pues los vecinos siguen depositando los alquileres mensualmente– ya han empezado a llegar a los buzones.
Alquileres justos frente al “gran apetito inversor”
El Sindicato de Inquilinas entiende que lo que convierte a Fidere en un casero tan despreocupado es que no tiene vocación de serlo, sino de sacar el mayor rendimiento en el menor tiempo. “Les dan igual viviendas, que casas de apuestas o residencias [de mayores]”, dice Alicia, una portavoz, que censura la próxima celebración en Madrid del congreso de gestores de carteras inmobiliarias, previsto para este mes. Ya va por su carta edición, y este año los organizadores destacan el “gran apetito inversor”, no empañado por la incertidumbre macroeconómica general. La contrapartida de esa hambre son situaciones como las de Getafe.
El acto termina y Ramona Márquez, vecina de Carabanchel, se acerca a la parada del autobús de vuelta a Madrid. Ha venido para dar apoyo a una comunidad en situación similar a la suya. A sus 73 años, explica que las fuerzas le van fallando, que su hija le pregunta si el esfuerzo vale la pena. Ella cree que sí; quiere dejarle algo en herencia, ahora la hija vive en pareja, pero quién sabe qué pasará en el futuro, explica. Lleva en su piso desde finales de 2006, Fidere le ha subido el alquiler y no le llega la pensión. Se niega a pagar de más: “Entramos felices y nos han destrozado”.