Seis meses de Gobierno de Ayuso: inacción, desencuentros con Ciudadanos y dependencia de Vox

El primer Gobierno bicolor de la Comunidad de Madrid cumple seis meses marcados por la inacción legislativa, las tensiones internas entre PP y Ciuadadanos y  la dependencia de la extrema derecha. “Somos un único equipo”, pronosticó Isabel Díaz Ayuso en su toma de posesión. Medio año más tarde, la realidad está siendo muy distinta. Los conflictos entre la presidenta autonómica y su vicepresidente, Ignacio Aguado, han sido continuos en el primer semestre en que la coalición no ha sido capaz de sacar adelante ningún proyecto legislativo. Ni siquiera los presupuestos, que Ayuso decidió meter en un cajón en septiembre, y siguen en el aire.

La dirección nacional del PP se tuvo que emplear a fondo para abrochar el Gobierno que se hizo realidad tras 80 días de tensiones, negociando a dos bandas porque Ciudadanos se negaba a sentarse con la líder regional de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. “Va a ser una legislatura complicada. Vamos a estar gobernando en coalición. Éramos 74 diputados y evidentemente ahora somos menos”, anticipaba la ya presidenta de la Comunidad de Madrid, la dirigente del PP con más poder institucional, unas horas antes de ser investida. Los números salían en el hemiciclo para la investidura, pero la mayoría absoluta era circunstancial: Vox prestaba su apoyo pero se quedaba fuera del Gobierno.

Esas tensiones antes de sellar por fin el pacto no desaparecieron una vez accedieron a los sillones de la Puerta del Sol, sede el Gobierno regional. Los desencuentros internos entre PP y Ciudadanos se han trasladado a la esfera pública sin disimulo. La enésima demostración del enfrentamiento entre la presidenta regional y su vicepresidente, Ignacio Aguado, se produjo este jueves cuando Ayuso reventó una rueda de prensa de Aguado anticipando unas horas antes los datos económicos de la región que pretendía hacer públicos su socio.

Solo unos días antes, la regidora salía a desmentir unas declaraciones de su vicepresidente que afirmó que el Gobierno regional se estaba planteando renunciar a los presupuestos de este año para centrarse así en los de 2021, después de que Vox haya puesto como condición la aprobación junto con las cuentas del veto parental, la medida que permite a los padres excluir a sus hijos de actividades alegando convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios. “Yo sí quiero presupuestos y si alguien no los quiere lo tiene que explicar”, decía Ayuso un día después de las declaraciones de Aguado.

Las desconfianzas mutuas vienen de atrás. El nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez, el hombre de la propaganda en los Gobiernos de Aznar, como jefe de Gabinete de la presidenta el pasado 21 de enero fue considerado una provocación en Ciudadanos y supuso un nuevo punto de inflexión en la relación de la presidenta con su socio de coalición. Desde la formación que ahora lidera Inés Arrimadas consideraron esta designación un “claro ataque” de Ayuso a Aguado, después de que Rodríguez hubiese acusado el pasado septiembre al padre de Aguado de haber cobrado “por la cara” un contrato de 102.000 euros de la Asamblea de Madrid antes de que el dirigente de Ciudadanos hubiese entrado en política.

El fichaje de Rodríguez pilló por sorpresa a todo el Consejo de Gobierno ya que la presidenta no había informado a sus socios con anterioridad y Ciudadanos mostró su “disconformidad” como se encargó de subrayar el propio Aguado en una tensa rueda de prensa junto a Ayuso.

El PP también tiene su propia lista de “traiciones”. A los pocos días de formar gobierno vio cómo Ciudadanos decidió dar un apoyo a la oposición que resultó decisivo para poner en marcha la comisión de investigación de Avalmadrid, que salpicaba a la presidenta debido a que su padre se benefició de un aval que nunca devolvió a la entidad semipública.

A las disputas internas se suma la inacción del gobierno que no ha sido capaz de aprobar una sola ley desde que llegó a la Puerta del Sol hace medio año. “Los gobiernos liberales no se caracterizan por legislar, sino por cumplir las leyes a rajatabla y en la medida de lo posible desregular aquello que no es necesario”, se justificaba Ayuso recientemente en una entrevista en El Mundo.

En los seis transcurridos desde fuese investida presidenta, en agosto, el Ejecutivo solo ha remitido un proyecto de ley a la Asamblea, que quedó bloqueado por la oposición de Vox. Se trata de una rebaja fiscal que ahora el Gobierno quiere recuperar llevándola al próximo pleno del 5 de marzo.

Se trata de tres nuevas deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF. En concreto, quiere bonificar a las personas que cuidan a familiares mayores o dependientes, a quienes soliciten un préstamo para cursar estudios universitarios y a los jóvenes de hasta 30 años que adquieran una vivienda. El apoyo de Vox aún no está garantizado, puesto que pide que se supriman algunas subvenciones que la formación de Abascal considera “ideológicas”. De momento, la rebaja de impuestos “histórica”, anunciada por la propia Ayuso y que fue uno de los ejes de su campaña, duerme en un cajón.

No tener unos presupuestos en vigor limita aún más su capacidad de acción, reconocen en privado miembros del ejecutivo. Las medidas que trata de poner en marcha suponen un coste adicional y para hacerlas tendrían que rebañar de otras partidas que están aprobadas.

Pese a todo lo que tiene en casa, Ayuso se está centrando en explotar su perfil nacional desde que Pedro Sánchez firmase la coalición de Gobierno con Podemos. Este mismo viernes, la presidenta admitía que su propósito está en trascender los límites regionales para convertirse en la oposición al gobierno central: “Mi responsabilidad es con Madrid, principalmente con Madrid, pero no solo con Madrid”. “No me voy a desentender de lo que ocurra en el resto de mi país”, proclamaba la presidenta.