Ignacio González gastó 7,6 millones de euros en publicidad institucional antes de las elecciones autonómicas

“En las últimas cinco campañas antes del 24 de mayo, se gastaron 7,6 millones de euros. Eso supone tres veces más del coste medio de una campaña estatal”, ha afirmado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado: “Tenían que ver con aspectos sociales, tributarios, educación, de Metro, pero se intentaba poner en valor una gestión del PP y no llevar a cabo una labor meramente informativa: las campañas de autobombo para adelantar una campaña electoral no son de recibo y no puede hacerse con dinero de los madrileños”.

Aguado ha sostenido que entre 2008 y 2011 el Gobierno de Esperanza Aguirre gastó 220 millones en campañas de publicad, cuando el resto del Estado empleó 378 millones, lo que supone un 60%.

Ciudadanos ha presentado una proposición de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Comunidad de Madrid para “evitar el autobombo del gobierno de turno”, que contempla medidas que pasan por que las campañas en la materia estén controladas con la creación de un Plan Anual, la presentación de informes y la puesta en marcha de una comisión de control en la Asamblea de Madrid.

El texto presentado en el Registro de la Cámara regional este miércoles y desarrollado, posteriormente, en rueda de prensa por el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, es el primero en la materia en la Comunidad y busca indicar “qué se puede hacer y qué no se puede hacer en términos de comunicación y de publicidad institucional por parte de las administraciones locales y regionales”.

A su juicio, esta ausencia de regulación ha generado “falta de eficacia” a la hora de la planificación así como “falta de control” ya que no han explicado el “por qué ni la razón” de las campañas llevadas a cabo en la región. “Muchas de estas han superado el coste medio de lo que suponen este tipo de campañas en comparación con las lanzadas a nivel nacional”, ha aseverado.

En esta línea ha manifestado que “en los seis meses previos a las elecciones del 24 de mayo desde noviembre de 2014 a abril de 2015 se llevaron a cabo cinco grandes campañas en la Comunidad de Madrid que tenían que ver con temas sociales que lo que se ponía en valor era una gestión del PP”.

Esta proposición de ley se fundamenta en torno a cuatro pilares. Por un lado, la transparencia, al recoger la obligación de “realizar planes anuales de comunicación que tendrán que presentarse en la Asamblea y que tendrán que estar disponibles para los madrileños así como de la realización de ”informes anuales de campañas pasadas donde se explique el sentido de cada una“ de ellas.

Además, en cuanto al ámbito técnico “los pliegos de condiciones que tengan que elaborar la Comunidad de cara a contratar esos servicios de publicidad o de comunicación institucional tendrán que respetar los derechos de igualdad y libre concurrencia pero también ceñirse a una planificación de medios determinada”, con criterios como los índices de audiencia, los horarios de emisión o el coste por impacto.

Otros objetivos de la Ley son “mejorar la concreción” de estas campañas, es decir, “qué se puede hacer y que no se puede hacer a nivel de comunicación en la Comunidad” así como “mejorar la accesibilidad” de los madrileños, lo que pasa por que los soportes sean diversos y variados. Por último, se busca potenciar las garantías que se ofrecen desde el punto de vista legal para “reforzar la eficacia, el ajuste de precios de las campañas y de cara a posibles afectados que de una forma u otra puedan ver afectados sus derechos”.

El texto recoge que estas garantías se pondrán de manifiesto a través del Plan Anual, y de la creación de una Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional que dependerá de la Consejería de Presidencia, “que es la que tiene competencias en comunicación”.

Esta Comisión busca ser un elemento que aglutine el trabajo entorno a las campañas institucionales y comunicativas por parte de la Comunidad de Madrid. Será un órgano formado por once miembros de los cuales cuatro de ellos serían miembros de la Asamblea de Madrid, nombrados por los grupos parlamentarios con el objetivo de que la Cámara esté al tanto de lo que sucede y garantice a la defensa del interés general.