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La movilización ciudadana logra aplazar en la puerta un desahucio de Argumosa

La comisión judicial que tenía previsto ejecutar el lanzamiento de una familia en el inmueble de Lavapiés lo ha pospuesto hasta el 31 de julio por “falta de efectivos suficientes” para llevarlo a cabo.

Josefa Santiago y sus hijas llevan viviendo en la casa más de 20 años pero la propiedad no les renovó el contrato e inició el proceso de desahucio por impago de alquiler.

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Vecinos y activistas delante del portal de Agumosa 11 donde hoy estaba previsto el desahucio de una familia. / Álvaro Minguito

Vecinos y activistas delante del portal de Agumosa 11 donde hoy estaba previsto el desahucio de una familia. / Álvaro Minguito

El desahucio de Josefa Santiago y sus dos hijas estaba previsto a las 10.30 y una hora antes más de medio centenar de personas esperaba ya a la puerta de Argumosa 11, el edificio del barrio madrileño de Lavapiés que se ha convertido en el símbolo de resistencia vecinal contra la especulación inmobiliaria. Colectivos sociales y vecinales llevaban más de una semana movilizando al barrio y a todas sus redes con el único objetivo de que la familia no acabara hoy en calle. Y lo consiguieron. La comisión judicial encargada de llevar a cabo el lanzamiento decidió aplazar el desahucio hasta el próximo 31 de julio ante la “falta de efectivos suficientes” para ejecutarlo, según explicaron a la afectada.

“No nos vamos, nos quedamos” o “Este desahucio lo vamos a parar” gritaban los vecinos, muchos también activistas de plataformas antidesahucios, quienes antes de conocer el desenlace deseado ya intuían que podrían pararlo. La ausencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía les deba muchas pistas porque en otros casos en los que sí se habían llevado a cabo los lanzamientos un dispositivo policial acordonaba la calle para que nadie, a excepción de la comisión judicial, pudiera acercarse al edificio.

Pero alrededor de Argumosa 11, donde una veintena de vecinos recibieron a finales del año pasado cartas de no renovación de sus contratos de alquiler, estaba mañana solo había vecinos, activistas y medios de comunicación. Sobre las diez y media, Josefa salió del inmueble acompañada de miembros del Sindicato de Inquilinas y de la plataforma vecinal Lavapiés ¿dónde vas? para hablar con los integrantes de la comisión judicial, que esperaba alejada del portal en la acera de enfrente.

También estaban presentes dos representantes del despacho de abogados que representa a la propiedad,  dividida en tres partes entre la empresa inmobiliaria Inversión en Proindivisos y herederos de los antiguos propietarios.

Apoyo del vecindario

Poco después de las 11 Josefa recibió una notificación de la comisión judicial informándole de que el desahucio quedaba aplazado hasta el 31 de julio. La mujer regresó a su casa acompañada de familiares y arropada por el aplauso y los gritos de ánimo de los congregados. “Nos conocemos de toda la vida del barrio”, explicaba Encarna Ramos, vecina “de siempre” de Lavapiés, quien no daba crédito a que fuera Pepi, como todo el mundo conoce a Josefa, la afectada.

La gran mayoría de la veintena de inquilinos que ha recibido cartas de no renovación de sus contratos llevan más de dos décadas viviendo en sus casas, como Josefa. En este tiempo, cuatro familias ya han dejado las casas, que la propiedad tapia en cuanto se queda vacía. La última se cerró la pasada semana.

Josefa Santiago, quien ha logrado hoy aplazar que la desahucien de su casa, donde lleva viviendo más de 20 años de alquiler./ A. M.

Josefa Santiago, quien ha logrado hoy aplazar que la desahucien de su casa, donde lleva viviendo más de 20 años de alquiler./ A. M.

Desde la propiedad siempre han explicado que su intención es vaciar el edificio – a excepción de los nueve inquilinos que tienen contratos de rentas antiguas– para arreglar el edificio y poner los pisos en alquiler a precios de mercado, que según los últimos informes de las inmobiliarias, ya rondan en la zona en torno a los 1.000 euros por un piso de las mismas carcterísticas. La gran mayoría de los actuales inquilinos pagan entre 400 y 800 euros. Ante el apoyo que han recibido por parte de las plataformas, varios de ellos decidieron permanecer en sus casas al finalizar sus contratos, otros dejaron de pagar sus rentas, asesorados por abogados y la propiedad puso en marcha 10 desahucios por impago de alquiler.

El lunes pasado el juzgado aplazó sin fecha el primer lanzamiento previsto en el edificio después de recibir un informe de los servicios sociales municipales que informaban de la vulnerabilidad de las familias, una de ellas con dos menores a su cargo. El de Josefa es el segundo que se ha logrado aplazar, al menos hasta el 31 de julio, pero los vecinos convocaron a una nueva movilización el próximo 18 de julio, cuando está señalado el tercer lanzamiento.

El Ayuntamiento lleva reuniéndose con s de la propiedad desde hace una semana para tratar de mediar en el proceso y lograr que los inquilinos no tengan que abandonar sus casas pero hasta el momento lo que ofrece la empresa son rebajas del 15% del precio de mercado de los alquileres, lo que en muchos de los casos supondría para los vecinos desembolsar el doble de lo que pagan actualmente.

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