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MADRID

La basura abre la primera grieta entre PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid

La vicealcaldesa de Madrid forzó una pregunta en una entrevista para evidenciar su desacuerdo con el alcalde, dispuesto a ofrecer el vertedero municipal para recoger temporalmente 230.000 toneladas de residuos de pueblos del Este 

Los socios habían tenido hasta ahora buena sintonía en comparación con los encontronazos continuos de los mismos partidos en la Comunidad

La polémica estalla con nulo margen de maniobra: el macrovertedero del Este está completo y el Ayuntamiento y la Mancomunidad negocian contrarreloj una solución

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Villacís. / Europa Press

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa Begoña Villacís. / Europa Press

El vídeo de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, escribiendo a un periodista una palabra en un folio para dirigir sus preguntas en una entrevista se ha hecho viral. El conductor del programa La Ventana de Madrid, en la cadena SER, afeó en directo a la dirigente de Ciudadanos su actitud  y finalmente le planteó la pregunta recordándole que el vídeo del programa se emitía en streaming por Internet.  

Pero más allá de la anécdota, la urgencia de la número dos del Ayuntamiento por hablar del vertedero de Valdemingómez, como selló en el folio, respondía a un objetivo: escenificar la disconformidad de Ciudadanos con las decisiones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Villacís quiso mostrar públicamente su desacuerdo con la predisposición del regidor a trasladar al vertedero municipal los residuos de los municipios del Este de Madrid, cuya planta está al límite de su capacidad. "El señor Javier Rodríguez, el alcalde de Alcalá de Henares del PSOE, lleva sabiendo esto desde el año 2015 y tenía que haber hecho los deberes. Se está pidiendo a Madrid mucho más de lo que debe dar a estas alturas. Con estas condiciones no vamos a aceptar, por parte de Ciudadanos lo tenemos bastante claro", se quejó Villacís. 

Se trata del primer encontronazo -retransmitido en directo- entre los socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, que siempre han alardeado de su buena relación, en contraposición a lo que sucede en la Comunidad donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su número dos, Ignacio Aguado, han protagonizado encontronazos prácticamente desde la toma de posesión.

El choque se ha producido a cuenta de la gestión de 230.000 toneladas de residuos de 31 municipios del Este de la Comunidad de Madrid, que se encuentran a la espera de ser trasladados a alguna parte. El vertedero de Alcalá de Henares va a sellarse este mes y la basura no tiene adónde ir porque el destino previsto, una nueva planta en Loeches, no se ha terminado a tiempo. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se abrió este martes a aceptar la basura temporalmente en Valdemingómez, situado en Vallecas, siempre que la Mancomunidad pagara una tasa por ello, hubiera unos plazos máximos y los residuos se trasladaran a Loeches una vez se abra la planta el 1 de enero de 2021, como está previsto. 

Tras la escenificación del desencuentro, Martínez-Almeida trató de reconducir la situación y aseguró que no había ningún acuerdo cerrado. "Todavía no se han acordado condiciones; hemos hecho una propuesta razonable, y en las actuales condiciones no se da que pueda venir a Valdemingómez", matizó en unas confusas declaraciones. Fuentes del área de Medio Ambiente (PP) rehúsan valorar las palabras de Begoña Villacís y remiten a Ciudadanos. 

Las negociaciones se producen en estos días a tres bandas: el delegado del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; la consejera de Medio Ambiente del Gobierno regional, Paloma Martín, ambos del PP, y el presidente de la Mancomunidad del Este, el socialista Javier Rodríguez.

"Estamos proponiendo un acuerdo en el que el Ayuntamiento se ve reflejado. Hicimos una oferta de convenio: hablamos de reciprocidad, de que no se incinere para que se devuelva a Loeches y se está perfilando la posibilidad de que entren más cuestiones en el acuerdo", avanza Rodríguez, que también es alcalde del PSOE en el municipio de Alcalá de Henares aunque está procesado por prevaricación. 

En la propuesta inicial se incluyó la contraprestación de 30 euros por cada tonelada vertida en Valdemingómez procedente de los 31 municipios y sus 700.000 habitantes que conforman la Mancomunidad del Este. Estos pueblos también se harían cargo del precio del traslado a Loeches a partir del 1 de enero de 2021, cuyo coste no detalla la Mancomunidad. En cualquier caso, el desembolso superaría los siete millones de euros en un año, sin contar con este viaje final. 

Pese a las circunstancias, el presidente de la Mancomunidad del Este se muestra optimista sobre un futuro acuerdo. "Estamos en un intercambio de información y diálogo a nivel técnico y jurídico, no entran en escena los protagonismos políticos ante la inminencia de elecciones, que algo de eso hay en la postura de Ciudadanos", sentencia Rodríguez.

La polémica ha estallado con nulo margen de maniobra. Acaba de colmatar el quinto y último vaso del vertedero de Alcalá de Henares. Tras 30 años, ya no cabe más basura. La Comunidad de Madrid ha dado de plazo un mes para resolver las negociaciones y acordar un destino a las 230.000 toneladas de residuos. Entre tanto, podrán seguir volcándose en Alcalá hasta que se selle definitivamente con una lona y una cubierta vegetal. 

La Comunidad de Madrid no tiene competencias directas en los vertederos, aunque el Gobierno regional sigue siendo el responsable que firma las autorizaciones ambientales. La expresidenta regional Esperanza Aguirre se deshizo de las competencias generales transferidas por el Estado y las traspasó a una nueva figura, las mancomunidades: agrupaciones de municipios que deciden y votan sobre la gestión de residuos. Unas competencias cedidas vía decreto que no fueron siempre acompañadas de financiación.

Acusaciones cruzadas entre partidos

El conflicto por los residuos es también una historia de culpas y acusaciones cruzadas entre partidos y administraciones a las puertas de otras elecciones y con Ciudadanos hundido en las encuestas.  Los grupos de la oposición –PSOE, Podemos y Más Madrid– consideran que la Comunidad de Madrid es, en una buena parte, responsable de la situación por la "mala planificación" en sus estrategias y creen que, de algún modo, el Ayuntamiento está dando todas las facilidades porque es del mismo color político que el Gobierno regional, que en el extremo caso de que no haya acuerdo con la Mancomunidad del Este, debe decidir qué se hace con los residuos tras años sin planificación ni estrategia. Aprobó la última en 2019 con dos años de retraso. 

El PP, por su parte, lamenta que los partidos de izquierda solo critiquen y defiende que es una "idea razonable" el traslado temporal de residuos a Valdemingómez, según expresa el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.

Ciudadanos imputa la responsabilidad en la Mancomunidad del Este y en el PSOE por no haber hecho "los deberes a tiempo", en palabras de la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Y entre los socialistas hay voces que ponen en cuestión la coordinación de los 31 municipios dirigidos por uno de sus filas, Javier Rodríguez, como presidente de la Mancomunidad. A estas críticas se suma Ecologistas en Acción. "No se ha buscado una alternativa adecuada y se ha puesto en compromiso a Madrid como única opción acelerada", apunta Jessica Checa, responsable de Residuos de la organización ecologista. 

Rodríguez defiende, sin embargo, que la Mancomunidad "ha tomado medidas para prolongar la vida útil del vertedero de Alcalá" y culpa a la "desidia" de la Comunidad de Madrid en la construcción de la nueva planta de Loeches, proyectada hace una década. "En 2016 dejamos de admitir 40.000 toneladas. Y al margen de nosotros, se retrasó mucho la puesta en marcha de Loeches por las demoras en las expropiaciones –dependientes del Gobierno regional– y diversos recursos de los municipios", asegura. 

El conflicto entre administraciones comenzó a finales de 2018, cuando se puso fecha al fin del macrovertedero de Alcalá. Entonces no había un plan B y diez meses después, tampoco. La diferencia es que ahora el margen para idear soluciones es mínimo y el color político del Ayuntamiento de Madrid ha cambiado. Y todo en medio de las urgencias de otra cita electoral. La Mancomunidad del Este advierte de que, si no hay acuerdo, se produciría "una emergencia de salud pública". "Sería un terreno inexplorado, nunca se ha quedado la basura sin recoger", advierte Rodríguez.

En diciembre de 2018 el equipo de Manuela Carmena ya se negó a la propuesta que ahora se plantea el nuevo alcalde con el argumento de que la llegada de nuevos residuos ponía "en peligro" la estrategia de Prevención y Gestión de Residuos 2018-2021, recurrida en los tribunales por la Comunidad de Madrid, y que prevé el cierre progresivo de la incineradora de Valdemingómez.

"Desarrollamos una estrategia de reducción para cumplir con las exigencias de la UE y nos comprometimos con los vecinos a cerrarla en 2025. Si van todas esas toneladas allí, esa estrategia no se podrá cumplir", dicen fuentes de Más Madrid, que abogan por que se busquen "otras alternativas" y critican la "incompetencia" de la Comunidad de Madrid. 

¿Hay alternativas?

En Madrid solo hay cuatro macrovertederos: Pinto (Sur), Collado Villalba (Norte), Alcalá de Henares (Este) y Valdemingómez. El primero, que ya recibe 800.000 toneladas de residuos al año de todo el sur de la región, acaba de abrir un nuevo vaso que daría respuesta a la zona para los próximos tres años entre las protestas de los ecologistas. Este era otro vertedero a punto de colapsar que ha necesitado medidas urgentes aprobadas por la Comunidad de Madrid con la oposición del Ayutnamiento de Pinto. Aprovechar este recrecimiento para volcar allí la basura del Este no está sobre la mesa para la Mancomunidad, entre otras cosas, por la "distancia".

El conflicto, en cualquier caso, es algo más que una pelea política y evidencia de nuevo que el cambio de modelo de gestión de residuos es un asunto urgente al que las instituciones no han prestado suficiente atención. Con una demora de dos años, la Comunidad de Madrid aprobó un plan regional que obliga a algo más que enterrar la basura en vasos amontonados sin tratamiento.

La Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos (2017-2024), dotada con 448 millones de euros –la última comprendía el periodo entre 2006 y 2016– adapta la estrategia madrileña a la exigida por Europa para avanzar en el modelo de la economía circular. El objetivo de alcanzar cero residuos, sin embargo, está aún muy lejos. Y encuentra decisiones inaplazables que se aplazaron durante mucho tiempo: ya no hay, con el nivel de tratamiento actual, espacio para tanta basura.

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