Sobre lo que Antonio Jiménez y Pedro Sánchez saben sobre el problema de la vivienda

Antonio Jiménez y su mujer, Mari Carmen Arroyo, tienen más de 80 años y viven en un piso de dos habitaciones en Alcorcón. Antonio y Mari cobran una pensión exigua, como la mayoría. Antonio fue un comercial al que le fue bien hasta que empezó a irle no tanto. Mari se ha dedicado a cuidar a los suyos. Hace dos décadas, cuando estaban a punto de jubilarse y acababan de dar una entrada para una casa en un lugar lejano al que había sido paisaje de su vida familiar y social, tuvieron la oportunidad de acceder a un piso de protección oficial a través del IVIMA.

Antonio Jiménez y su familia se fiaron de la administración por esa lógica quizás pasada de moda de creer que quien hace las normas no se las va a saltar nunca. Se instalaron en ese piso que podían pagar a pesar de sus apreturas económicas y siguieron con sus rutinas: salidas largas en bici, reuniones con los amigos que van quedando y cocidos los domingos con sus hijos, César y Álex. Todo siempre cerca de ellos, de sus vidas, de sus jaleos.

Antonio y Mari pensaron que la protección sería oficial para siempre y que iban a estar en su casa tranquilos hasta que tocase no estar. No ha sido así. Hace años, el IVIMA, la Comunidad de Madrid, vendió miles de sus viviendas protegidas a distintos fondos de inversión. Una de ellas —la urbanización entera, en realidad— era la suya, que cayó en gracia a Blackstone. Desde entonces, Antonio y Mari y el resto de los vecinos han vivido sucesivas y abusivas subidas en el precio de su vivienda y han sufrido los clásicos ejercicios de acoso inmobiliario: cortes en suministros, falta de mantenimiento de los espacios comunes, obras constantes, no atender los pagos de los vecinos para poder rescindir contratos…

Para resistir y para subsistir —que según el diccionario es mantener la vida en la misma condición en la que estaba— Antonio, Mari y sus vecinos se han unido al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y, a través de él, se han organizado como bloque en lucha, es decir, permaneciendo todos en sus viviendas y peleando juntos para intentar frenar los desahucios y lograr una negociación colectiva. Además, y porque es un hombre que conserva un hablar tranquilo y seguro, quizá por ser bastante castizo, Antonio ha empezado a ser habitual en los vídeos y redes sociales del Sindicato y también en programas de debate de La Sexta y otros. Porque Antonio sabe; sabe lo que dice y sabe cómo decirlo.

Antonio sabe que la vivienda tiene una función social y es un derecho del que ya no nos acordamos porque hace demasiado tiempo se convirtió en un mercado inmobiliario global. Antonio sabe que los problemas creados por ese mercado no sólo afectan a los jóvenes, como aseguran muchos políticos y medios de comunicación, sino a jubilados como Mari y él y a trabajadores de todas las edades que no pueden comprar un piso.

Antonio sabe que el mercado inmobiliario en España es opaco pero que, con algo de curiosidad, se puede llegar a conocer que los grandes fondos gestionan el 5% de las viviendas en alquiler, que hay más de 270.000 propietarios de más de diez viviendas —que no deberían ser considerados pequeños propietarios, como pretende el PSOE— y que, sí, hay gente que alquila uno o dos pisos para sacarse una renta, pero que no son ellos los que imponen las reglas ni las subidas. Porque no son ellos quienes se reúnen a puerta cerrada en Madrid o en Nueva York con Pedro Sánchez y Nadia Calviño, sino los directivos de empresas como Blackstone. Porque, como bien sabe Antonio, ese fondo de inversión estadounidense es el mayor propietario de viviendas destinadas en alquiler en España —en torno a 40.000— a través de distintas sociedades. También es el mayor propietario de bienes hoteleros de aquí y el que tiene más propiedad destinada al alquiler comercial en el mundo. Es, por hacerlo corto, uno de los principales bancos de inversión alternativos del planeta y, por eso, una empresa que presiona e influye a gobiernos para seguir haciendo negocio casi sin límites.

Antonio sabe también que la inflación es un problema para todos pero una espada de Damocles para personas como él, que viven al filo de la exclusión. A Antonio y Mari hace años que sus hijos les ayudan con el alquiler y otros gastos y con las subidas de ahora, toda la familia lo tiene difícil. Como ellos, hay centenares de miles de jubilados y trabajadores que no llegan al estado de subsistencia, que tienen ingresos, pero no son suficientes y por eso pasan frío o hacen colas en los bancos de alimentos o dejan de pagar la casa. Antonio sabe que está bien subir las pensiones y el salario mínimo, rebajar el IVA de los alimentos de primera necesidad y ofrecer ayudas, pero que no es suficiente. Antonio sabe que para controlar los precios y, de este modo, garantizar derechos recogidos en la Constitución hay que regular e intervenir sectores como el de la energía. Y también la vivienda.

Antonio sabe, por eso, que es necesaria una Ley de Vivienda fuerte y valiente. Sabe, además, que quizá ni siquiera baste con eso porque muchas competencias quedan en manos de comunidades y ayuntamientos, pero que no tenerla esta legislatura sería dar una patada a todas las personas que están cayendo en el lado malo de la desigualdad.

Antonio Jiménez sabe todo esto y sabe que Pedro Sánchez también lo sabe. Pero Antonio sospecha que el presidente está dilatando la redacción de la ley para llevar la negociación al último minuto y, así, edulcorarla porque lo que le guía no es tanto el bien común como cálculos electorales en los que la vida de la gente importa menos que el gusto por la estrategia. Antonio tiene motivos para pensar así no sólo por el comportamiento de Pedro Sánchez sino por el del PSOE, que hace mucho que no gobierna —si es que lo ha hecho alguna vez— para la clase trabajadora que le aporta una de sus siglas y todavía bastantes votos.

Antonio sabe todo esto y lo dice tal cual cuando le invitan a los debates de sábado noche en la tele. Lo explica despacio y con calma, con la tranquilidad que da contar la evidencia de las cosas y hablar en nombre de muchísima gente que, como él, lo vemos clarísimo. A Antonio, en cualquier caso, le encantaría equivocarse con su recelo hacia este gobierno y que se aprobase antes de fin de año una buena Ley de Vivienda. Le va la vida en ello.