El anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León que el Gobierno autonómico aprobó en el último Consejo de Gobierno de 2012 y que prevé su implantación en tres años, tiene como objetivo ordenar los 2.248 municipios en torno a unas 161 unidades básicas rurales y 15 urbanas, con la mancomunidad de interés general como herramienta básica de prestación de servicios.
Sin embargo, el diseño de ese nuevo ‘mapa’, con el que el Ejecutivo regional asegura, en palabras del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que se producirá un ahorro para las arcas públicas de como mínimo de unos 231 millones de euros, todavía está pendiente de hacerse público, aunque desde la Junta se han apresurado a señalar que no se suprimirán municipios, sus fusiones serán voluntarias y se incentivará en un modelo que también moderniza el papel de las diputaciones, refuerza el papel de las mancomunidades como herramienta de prestación de servicios, y busca que cada función de una competencia la preste una única administración.
El anteproyecto ha recibido ya alegaciones y sugerencias procedentes de diputaciones, de ayuntamientos, de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de Castilla y León, del sindicato CCOO y de la organización agraria UCCL, mientras que el PSOE ha pedido la retirada del anteproyecto de ley y que vuelva a la Mesa de Ordenación para que se clarifiquen algunos puntos porque pueden existir “contradicciones” con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno central, cuestión con la que coincide Izquierda Unida.
El documento, que no especifica las 27 materias, 173 competencias y 539 funciones que se han delimitado, ni el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio (urbanas y rurales), ni las áreas funcionales (permanentes o estratégicas), sí define las unidades básicas urbanas, que coinciden con las de los municipios de más de 20.000 habitantes, quince en estos momentos en la Comunidad -las nueve capitales de provincia, más Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, en León; Laguna de Duero y Medina del Campo, en Valladolid, y Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos-, así como las denominadas áreas funcionales, que constituirán las unidades básicas urbanas y su alfoz y colindantes que estén a una distancia máxima de 15 kilómetros del municipio de mayor población.
También podrá haber áreas funcionales estratégicas temporales para impulsar zonas con menor dinamismo o por circunstancias extraordinarias como catástrofes o incendios y mancomunidades de interés general, que no supondrán una nueva estructura administrativa sino que sustituirán a las actuales. Estas agrupaciones rurales podrán constituirse con al menos una unidad básica de ordenación y cinco como máximo, siempre que sean limítrofes y tendrán una cartera de servicios homogénea y común. Mientras, las urbanas coincidirán con las áreas funcionales estables y no tendrán una cartera común de servicios aunque al menos prestarán los de abastecimiento y saneamiento de agua, transporte público, seguridad ciudadana, protección civil y extinción de incendios.
Asimismo, se contempla la figura del consorcio, la fusión de municipios, siempre voluntaria, y recoge las localidades del enclave burgalés de Treviño como una “unidad básica de ordenación y servicios”, que además “se integrarán en el área funcional estable que se constituya en torno a Miranda de Ebro”, y podrán asociarse a otros próximos para crear una mancomunidad de interés general.
Respecto a la comarca de El Bierzo, en León, la única legalmente constituida, se prevé que se delimiten las unidades básicas de acuerdo a esta ley, en un proceso en el que se oirá al Consejo Comarcal.
