Solo 19 ciudades españolas, de las 151 que están obligadas, han creado de momento Zonas de Bajas Emisiones
El 30 de junio terminó el plazo dado por el Ministerio de Transición Ecológica a 151 ayuntamientos de nuestro país para poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) efectivas. Pasados seis meses desde que el reloj comenzó a contar, solo 19 de esas áreas van a estar activas, 113 siguen en tramitación y unas 20 se han negado a iniciar siquiera el proceso.
Así lo denuncia la red de organizaciones españolas que impulsa y participa en la campaña europea Clean Cities, que atribuye el incumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética por parte de más de 100 ayuntamientos españoles o bien “al desinterés y la inacción previa” o bien sencillamente a una voluntad de “desobediencia total”.
Después de más tres años desde que los responsables locales conocieron de la obligatoriedad de implantar las ZBE, “la falta de interés, la desafección y la utilización político-partidista han llevado a que una gran parte de la ciudadanía viva en ciudades donde la Ley se incumple”, continúa la plataforma.
Esta explica que las Zonas de Bajas Emisiones son una herramienta muy extendida en Europa que sirve para mejorar la calidad del aire, proteger la salud de las personas y mitigar el cambio climático. Además, promueven un cambio hacia modos de transporte limpios, activos y sostenibles, contribuyen a la transición energética, disminuyen la contaminación acústica y permiten el reordenamiento y la naturalización del espacio urbano. Clean Cities calcula que el 68% de este último está ocupado actualmente por vehículos de toda índole.
El 1 de enero de 2023 se cumplió el plazo que concedía la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a un total de 151 ciudades españolas. “Pero ante la dejadez de los ayuntamientos, de todo signo”, el Ministerio aprobó el 27 de diciembre de 2022 un Real Decreto por el que se regulaban las ZBE y que dictaba que aquellas que se hubieran establecido con anterioridad debían revisarse con el fin de adecuarse al nuevo texto, en un plazo máximo de 18 meses, y posteriormente, cada cuatro años.
Dado que menos de 15 ciudades tenían ya activa en ese momento algún área de estas características, todas ellas se aferraron al plazo de 18 meses, que llegó a su fin el 30 de junio.
Desde Clean Cities señalan que “la desobediencia ha sido manifiesta desde el principio. Se vive en un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno que está poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputación de España en la gestión de los fondos europeos y la necesidad de mejorar nuestras ciudades para hacerlas más saludables y habitables mejorando su calidad del aire y dando más espacio a las personas y la naturaleza. Nadie puede poner en cuestión que estas zonas son buenas para las personas y el comercio local. La utilización político-partidista de medidas que abogan por la descongestión del tráfico debería tener unos límites”.
Fondos en peligro
La implantación de Zonas de Bajas Emisiones, así como de otras iniciativas de movilidad sostenible, está ligada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, dotado con 1.500 millones de euros para este conjunto de medidas que gestiona, en este caso, el Ministerio de Transportes y Medio Ambiente y que provienen, como es sabido, de fondos europeos.
Se trata de “recursos económicos con fines y objetivos claros que ahora algunos responsables locales han puesto en peligro [mediante] prórrogas, modificaciones de proyectos, no utilización, etc. Una serie de decisiones que podría suponerles, y por ello apelamos a su responsabilidad, multas económicas que lastrarían las arcas municipales y darían una imagen exterior negativa”, indica Clean Cities. Estamos ante “una situación especialmente sensible y preocupante -prosigue la organización- que quizá tendría que poner en cuestión el verdadero interés con el que se gobierna en algunas localidades españolas”.
Ecodes, una organización que forma parte de la plataforma, ha llevado a cabo campañas para animar a los responsables municipales a implantar las ZBE de forma efectiva, incluyendo un folleto informativo dirigido a la ciudadanía. “Y es que no se trata solo de cambiar los coches de gasolina y diésel por eléctricos, como dicen algunas voces, sino de avanzar hacia un espacio urbano para todos y todas, en el que se garantice la movilidad a través de las opciones más eficientes y con menor impacto sobre las personas, protegiendo la salud, con criterios de justicia social y avanzando hacia la adaptación y la mitigación climática”.
“Los impactos negativos del cambio climático se viven muy de cerca en las ciudades. Esperamos que las advertencias, las multas o las condicionalidades económicas sirvan para que nuestros municipios avancen hacia espacios más habitables y saludables, empezando por reducir las emisiones del tráfico y reconfigurar y naturalizar el espacio público en pro del bienestar y la calidad de vida de todas las personas. Nos ofrecemos a seguir ayudando, apoyando y acompañando, con más fuerza si cabe, a nuestras autoridades locales y nacionales en esta hoja de ruta común”, concluyen los representantes de las organizaciones que integran Clean Cities en España.
