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Baja el coste de vida en la Región de Murcia hasta el 2,6%

Imagen de archivo de botellas de aceite de oliva en un supermercado. EFE/ Fernando Alvarado

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El coste de la vida se redujo el pasado julio en la región en ocho décimas hasta situarse en el 2,6%, según el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa interanual de este indicador en la Región de Murcia desciende hasta el 2'6% siendo 0'8 puntos inferior a la registrada el mes pasado y 0'2 décimas inferior a la estatal, situándose ésta en el 2'8 %.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y hoteles, un 4'1% más. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, han ascendido un 3'7% más. Por su parte, las bebidas alcohólicas y el tabaco han tenido un 3'3% de ascenso. El dato se repite en la enseñanza con un incremento del 3'3%. 

En general, cabe destacar también la reducción de la brecha inflacionista con respecto a la Eurozona, con una diferencia de apenas dos décimas en el mes de julio, frente los 1,1 puntos registrados el mes anterior. A pesar de ello, España registra por décimo mes consecutivo una inflación superior a la media europea, si bien entre septiembre de 2022 y 2023 presentó niveles inferiores. En todo caso, hay que seguir haciendo esfuerzos para reducir los precios, en tanto tienen un efecto decisivo sobre el consumo de las familias, especialmente de aquellas más vulnerables.

En este sentido, los incrementos pactados en los convenios firmados este año se sitúan en una media del 4,1%, nueve décimas por encima de la inflación media (3,2%). Así, el AENC 2023-2025 sigue teniendo un impacto positivo a la hora de proteger el poder adquisitivo de la población trabajadora, aunque es necesario que estos incrementos se extiendan a todos los convenios y al conjunto de los sectores productivos, además de aumentar la cobertura de las cláusulas de garantía salarial, que actualmente solo protegen a un tercio de los trabajadores y trabajadoras.

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