El Gobierno murciano señala que la descontaminación de El Hondón corresponde al Ayuntamiento de Cartagena

La contaminación de los suelos de El Hondón de Cartagena, y la intención de la fiscalía de reabrir la investigación sobre lo sucedido, ha provocado una disputa entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena por dilucidar quién es el responsable de acometer la descontaminación de este terreno. En este sentido, el Gobierno regional considera que es competencia suya y del consistorio llevar a cabo esos trabajos y no del grupo industrial Ecros ni de la inmobiliaria Solvia.

El consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha manifestado su predisposición a llegar a un acuerdo para que la empresa se haga cargo del coste de las tareas de limpieza de esta parcela de un millón de metros cuadrados, que posee depósitos de lodos de fosfatos con Uranio-238, y que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podría catalogar como zona radioactiva.

Asimismo, el consejero ha recordado, debido a las críticas de los grupos políticos municipales, que cuando se adquiere una propiedad también hay que asumir sus cargas. La alcaldesa de la ciudad, Ana Belén Castejón, ha señalado que “es pronto para hablar sobre quién tiene la responsabilidad de limpiar la zona” y ha instado a esperar a que la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) concluya su estudio con el que se podrá dirimir si el terreno es o no urbanizable, según recoge el periódico La Verdad.

Se reabre el caso

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha indicado que la contaminación de El Hondón podría constituir un delito contra el medio ambiente “por la obligatoriedad de los responsables de tener los terrenos en buenas condiciones o ver si las responsabilidades por el vertido están prescritas o no”, ha puntualizado el fiscal en una entrevista en la Cadena Ser.

En cuanto a la asunción de responsabilidades, Díaz Manzanera ha afirmado que “la administración competente debe tomar medidas para evitar que el suelo esté en esas condiciones. Deberá verse en vía administrativa y, si procede, en vía penal”, ha concluido el fiscal.