El presidente de la Asamblea Regional ordena anular un convenio con la UMU que impulsa la recogida de firmas para dar derechos al Mar Menor

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha ordenado que se anule un convenio firmado con la Universidad de Murcia (UMU) suscrito a la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza tras publicarse hace escasos días que, a través de dicha Cátedra, se impulsaría la recogida de 500.000 firmas para dar personalidad jurídica al Mar Menor.

En declaraciones a Onda Cero, Castillo asegura que se incumplió el acuerdo firmado –del que forman parte Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción- porque “no figura la recogida de firmas por ninguna parte”. El presidente de la Asamblea considera que les han metido un “gol por toda la escuadra” y ha ordenado anular el convenio subvencionado con 3000 euros de las arcas públicas.

La primera acción que se impulsó a través de esta Cátedra fue la recogida de firmas para llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) que permita dotar de derechos al Mar Menor. Una propuesta que la Mesa de la Cámara de la Asamblea Regional rechazó tramitar el pasado septiembre tras asegurar que carecía de competencias jurídicas para ello.

El Congreso, no obstante, dio el visto bueno a la iniciativa en el mismo mes, dando el pistoletazo de salida a la recogida de medio millón de firmas, necesarias para que pueda ser debatido en el Parlamento por el grupo promotor, entre quienes se encuentran la docente de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Vicente y el jurista medioambiental Eduardo Salazar.

El objetivo de esta Cátedra, presentada el pasado jueves 26 de noviembre, es la defensa, promoción, estudio, divulgación y concienciación social de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la relación indisociable entre unos y otros, dada la interacción entre los seres humanos y los elementos naturales de los ecosistemas de los que forman parte. El vicerrector de Comunicación de la UMU, Javier Martínez, expresó en declaraciones recogidas por La Verdad su “respeto absoluto” por la Asamblea, aseguró que la recogida de firmas es solo una de las “muchas actividades” previstas en ese foro y que esto “no tiene nada que ver” con lo rechazado en Cartagena, sino con la proposición de ley admitida el 29 de julio por el Congreso de los Diputados con el mismo fin.