Esperanza Moreno, la consejera de Educación de la Región de Murcia, no se baja de la burra. Su burra consiste en no contratar a ni uno más de los 800 profesores extra anunciados para los centros escolares públicos y concertados a la hora de la vuelta al cole en los tiempos de la COVID. Nada de desdoblar turnos de mañana y tarde, nada de utilizar más espacios ofrecidos por distintos Ayuntamientos de la Región. La única manera que ha encontrado Moreno para bajar la ratio hasta 20 alumnos por clase en infantil, primaria y primero y segundo de la ESO -de 3 hasta 12 años- es la semipresencialidad: es decir, en cualquier aula que supere esa cifra los 'alumnos restantes' irán quedándose en casa un día a la semana de forma rotatoria. Por supuesto, la Región es la única comunidad autónoma de España en la que se despide al 20% de los alumnos de infantil y primaria -las aulas pueden acomodar hasta 25 alumnos-, en lugar de plantearse la contratación de más profesores para rebajar la ratio.
Da igual lo que los profesores, las asociaciones de padres, la oposición y los Ayuntamientos hayan dicho una y otra vez que son necesarios más docentes sin ser escuchados. Da igual que los niños tengan el derecho a ser educados 5 días a la semana y no 4; da igual que los trabajos sean de 5 días a la semana y no de 4, según los cálculos de la consejería de Educación la contratación de más docentes para tener clases con 20 alumnos costaría 120 millones de euros y no hay donde rascar. El Gobierno central ya ha dado 74 millones para reforzar la educación, pero en el Gobierno regional no hay voluntad de más.
La solución, hasta la fecha, es el borrador que ha lanzado la consejería de Política Social que ostenta la también vicepresidenta de la Región, Isabel Franco, y que pretende otorgar una subvención de 7 millones a los ayuntamientos para que sean ellos quienes se responsabilicen de organizar unas aulas donde irían a parar las 'sobras' del día de las distintas clases y centros escolares. Lo que supone exactamente lo contrario al 'grupo burbuja' del que no paran de hablar los expertos y que significa que los niños se relacionen con el mismo pequeño número de personas exclusivamente. Con esta semipresencialidad de infantil, primaria y primero y segundo de la ESO conseguiremos que, cuando haya un caso de contagio, no solo tenga que cerrarse un colegio, sino probablemente todos los de la zona ya que será difícil rastrear el brote. Si el presidente de la Región, Fernando López Miras, ha criticado que hay 17 respuestas educativas a la COVID en España, en su comunidad resulta que habrá 45, el número de municipios de nuestra Región.
A este aula para la conciliación laboral, además, solo podrán asistir los niños cuyos padres tengan una renta ínfima o se trate de familias monoparentales o con más de 4 hijos; el resto de familias, la mayoría, se tendrá que buscar la vida.
Y esto se ha ejemplificado en el 'caso López': la edil de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López (PP), al tiempo que no ha movido un dedo para solventar este problema en el municipio, se ha dado mucha prisa, en cambio, en ofrecer un aula alternativa para que todos los alumnos del centro concertado que dirige, el CEU San Pablo de Molina de Segura, puedan asistir a clase de lunes a viernes ya que la conciliación es una “preocupación máxima”, según una nota interna del colegio.
Me pregunto si en la consejería de Política Social no nos estará dando gato por liebre con estas iniciativas para la conciliación. También me pregunto si no habrá un zorro del PP mandando a ambas consejeras a la hoguera con tan maravillosas medidas que les pondrán de frente a miles de familias y docentes. En un país en el que parece que los niños no existen o son meros productos de nuestra imaginación y que la educación es la última preocupación de nuestros gobernantes esto ya me parece la gota que colma el vaso de la desvergüenza.
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