Ningún partido regional está haciendo bandera de la ya vieja conocida propuesta de creación de una segunda provincia para nuestra Región. Además de que con el cambio ganaríamos diputados y senadores, es decir, peso político nacional, algo de lo que no vamos sobrados, dejar que esta reivindicación sea exclusivamente defendida por un partido localista agranda la preocupante brecha entre Cartagena y el resto de la Región, que debe ser un proyecto común y a 45 bandas, lejos de cualquier centralismo.
Es cierto que la provincia de Cartagena es una propuesta tradicionalmente ligada a sectores conservadores. De hecho, Ramón Luis Valcárcel la defendió en su día junto a parte del empresariado de la ciudad portuaria, pero la traición y el olvido del PP a Cartagena es una oportunidad para agregar demandas diversas y hacer posible la transformación política que necesitamos a nivel regional. Desde que en 1833 Cartagena dejó de ser una provincia marítima para ser parte de Murcia ha perdido visibilidad, castigada recientemente por la ausencia de cohesión territorial en las políticas públicas regionales, y su identidad se diluyó con los gobiernos de PP y PSOE, que consiguieron arrinconar al Partido Cantonalista –movimiento político que incluso ocupó la alcaldía entre 1987 y 1991–. En 2015 las cosas empezaron a cambiar y Movimiento Ciudadano ha conseguido reactivar un sentimiento nunca muerto que es hoy ya un movimiento social de considerables dimensiones. Sin embargo, hay que recordar a parte de los miembros de este movimiento que el problema político que afecta a Cartagena nada tiene que ver con los murcianos, sino con quién ha ostentado el poder. Es equivocada la estrategia que rechaza construir Región en común, como equivocada es la estrategia de no atender a las demandas cartageneras de dignificación.
La provincia es un proyecto viable económicamente, imprescindible políticamente y con cobertura legal. La Región de Murcia atraviesa una preocupante crisis de identidad colectiva (si es que eso existió alguna vez), que solo se puede revertir reconociendo e impulsando las innegables diversidades de esta tierra. Y esta bandera la tienen que levantar, necesariamente, las opciones progresistas, pues nadie más está dispuesto a comprender que los territorios, da igual que sean países o regiones, no pueden formarse de espaldas a las gentes que los conforman. Además, reconocer a Cartagena como sujeto político es una interesante forma de practicar regionalismo. Son más los cartageneros que no odian a los murciano; simplemente están hartos, como también lo están los habitantes de otros pueblos y comarcas, de que la vida empiece y termine en Trapería.
Más de la mitad de los cartageneros quieren recuperar la condición histórica de provincia (Sigma Dos, 2014) y darle la espalda a esta situación solo pone en peligro el proyecto ilusionante llamado Región de Murcia. La biprovincialidad no es una dádiva a Cartagena y comarca, es un justo reconocimiento de su estatus histórico y de su peso socio-económico. Nos beneficia a ambas partes y frenaría un proceso acelerado de desconexión sentimental. No basta con levantar la bandera de la comarca, porque las actuales reglas de juego organizan nuestro sistema de representación política sobre la base de la provincia. Nuestra opinión sobre la mayor o menor idoneidad de seguir manteniendo esta institución decimonónica en el siglo XXI es un debate tan a largo plazo que plantearlo es una forma sutil de ponerse en contra de una aspiración realista, pero con mucha carga simbólica, que reforzaría al conjunto regional.
Porque es posible decir que “2 es más” sin ser cartagenero, afrontemos serena y regionalmente este debate de una vez por todas.
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