En 1975, cuatro jóvenes norirlandeses fueron condenados a penas de cárcel por colocar bombas en tres pubs de dos ciudades inglesas. Como consecuencia de aquellas brutales acciones murieron siete personas. La Policía, que atribuyó los atentados al IRA Provisional, llegó a amañar pruebas para responsabilizar a estos muchachos veinteañeros de la tragedia. Los detenidos cumplieron 15 años de prisión por unos delitos que no habían cometido. Se les conoció como los cuatro de Guildford, nombre de una de las localidades donde explotaron las bombas.
El cine amplificó la historia con una descarnada película, En el nombre del padre (1993), de Jim Sheridan, que obtuvo siete nominaciones a los Óscar. Aquel suceso pasaría a la historia como uno de los errores más flagrantes cometidos por la justicia del Reino Unido. No fue hasta 1989 cuando se anularon las sentencias. Y no sería hasta 2005 cuando el entonces primer ministro británico, Tony Blair, pidió perdón por el daño infligido a los condenados y a sus familias.
En los primeros días de octubre de 2017, en la pedanía murciana de Santiago El Mayor, se registraron unos graves incidentes tras una protesta en la que unos dos mil concentrados reclamaban el soterramiento del AVE a su entrada a Murcia, frente a la propuesta del Gobierno central -en esas fechas, del PP- de que llegara en superficie. Hubo que lamentar una serie de desperfectos en las vías que, tanto Adif como la empresa que realizaba las obras, cuantificaron en casi 134.000 euros. Los incontrolados quemaron contenedores, arrancaron vallas metálicas e incluso llegaron a lanzar una catenaria sobre la vía para impedir el paso de los trenes, entre otras acciones vandálicas. Aunque nadie los viera físicamente cometer los hechos, a través de vídeos grabados esa tarde-noche, así como por diferentes fotografías, la Policía identificó posteriormente a cuatro jóvenes como presuntos autores. Uno de ellos era menor de edad. Días después, los llamaron por teléfono y los citaron en comisaría. Tras ser interrogados, pasaron a disposición judicial. La Fiscalía solicitó para cada uno de ellos penas de 3 años de prisión por delito de desórdenes públicos y 5 años en concepto de daños por incendio a las vías férreas. Se les aplicó el rasero legal que en el País Vasco y Navarra se utiliza para enjuiciar a los responsables de la kale borroka, es decir, violencia callejera o terrorismo de baja intensidad. Junto a ello, se propuso una multa por la cuantía total de los desperfectos: 133.750 euros.
Según uno de los abogados defensores, a estos jóvenes se les llegó a responsabilizar hasta de incidentes ocurridos en fechas anteriores al día de autos. Es el caso del incendio de una máquina que trabajaba en las obras, acaecido tres o cuatro días antes de aquella noche. En junio de 2020, en la Audiencia Provincial, tuvo lugar un intento de acuerdo entre Fiscalía y letrados defensores. La primera llegó a estar dispuesta a rebajar las peticiones de cárcel para evitar así que los tres encausados entraran en prisión. Sin embargo, el elevado importe de la multa fue un auténtico escollo para llegar al acuerdo, por considerar la defensa bastante desproporcionado el montante económico para familias de renta modesta.
A finales del próximo mes de marzo -el jueves, 24-, se celebrará el juicio contra estos tres jóvenes, cuyos familiares aseguran que están atravesando desde el 3 de octubre de 2017 un auténtico calvario en sus vidas. Al que entonces era menor, ya se le ha comenzado a juzgar. La Plataforma Pro-Soterramiento, a la que el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia acaba de proponer la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad, ha estado en todo momento junto a ellos. Sin embargo, los familiares de los chavales echan en falta declaraciones públicas de dirigentes políticos de la izquierda murciana, que sí apoyaron las reivindicaciones vecinales, en el sentido de pedir claramente la libertad de estos muchachos.
Aunque la magnitud de los supuestos delitos no sea para nada comparable, los cuatro de las vías, como los cuatro de Guildford, pueden ser los chivos expiatorios de una batalla de tres décadas en la que la resistencia de la sociedad civil se impuso a la intransigencia del poder establecido. A través de centenares de concentraciones diarias, ejemplo de perseverancia frente a la irracionalidad por la pretensión de partir una ciudad en dos, dejando la zona sur casi convertida en un gueto, y tras haber protagonizado una de las manifestaciones más impresionantes vividas en la capital con más de 50.000 asistentes, los vecinos de Santiago El Mayor rechazan a día de hoy que su hazaña precise de héroes o mártires. Por eso solicitan a la Fiscalía el archivo del caso por falta de pruebas. Ello, a pesar de vivir en sus propias carnes, por orden gubernativa, momentos de extremada tensión, con una desproporcionada presencia policial en sus calles, más propia de las incendiarias barriadas del Ulster norirlandés que de una populosa y pacífica pedanía murciana. Es por ello que, para cerrar el círculo, entiendan que la absolución de estos muchachos se haga, más que necesaria, imprescindible.
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