De forma previa, me gustaría aclarar que como la mayoría de los españoles de mi generación soy un ferviente defensor de la Unión Europea. Nací en el 76, por lo que fui testigo del ingreso de España y Portugal en la Unión Europea en 1986. Dicho acontecimiento fue un avance histórico, económico, político y cultural importante para nuestro país. Hoy podemos decir que gracias al ingreso de España en la Unión Europea los españoles somos más parecidos a los europeos en el ejercicio de derechos y libertades públicas, que una vez alcanzadas, va a ser muy difícil que nos resignemos a perderlas, y a regresar a períodos más oscuros de nuestra Historia.
El proceso de la Unión Europea, inspirado en la unificación alemana de finales del siglo XIX en torno a Prusia, parte de una unidad económica y de mercado, para ir terminando en una unidad política y jurídica. Dicho proceso, que sin dudas nos ha reportado beneficios, no ha estado exento de sacrificios políticos y económicos. Políticos, porque durante el camino los españoles hemos tenido que ceder algunas facultades de nuestra soberanía a entidades europeas, como la política monetaria entre otras. Y económicos, porque con nuestros impuestos hemos ayudado a mantener económicamente a la Unión Europea, como sucedió con el IVA que se introdujo en 1985 por una exigencia de la Unión Europea y desde entonces se grava el consumo interno desde el 12% en sus inicios hasta el 21% en la actualidad.
Dicho lo cual, he de enfatizar mi indignación como español y como jurista por la forma en la que la Unión Europea nos ha tratado en el asunto de Puigdemont. Este individuo, siendo presidente de una comunidad autónoma, se atrevió en octubre de 2017 a celebrar un referéndum ilegal y a realizar una declaración de independencia unilateral, dichos actos son subsumibles en ilícitos penales, entre ellos sedición y malversación de caudales públicos. En el colmo de la indecencia, en lugar de comportarse con dignidad y valentía y quedarse en España para ser juzgado y poder defenderse de sus actos, huyó de España para escapar de la acción de la justicia.
La cuestión es que no huyó a una isla perdida del Pacífico, o a un país con el que no tengamos un convenio de extradición, huyó a Bélgica, país de la Unión Europea, y actualmente sigue allí. Y aquí está el problema. Honestamente, me veo incapaz de explicar el motivo por el cual no se ha producido la entrega del prófugo a la justicia española. Más indignante aún son los argumentos que se utilizan para no entregarlo. He leído que las autoridades belgas han llegado a decir que dudan de la competencia del Tribunal Supremo o que en España no se respetaría el derecho a la presunción de inocencia del fugado. No entiendo lo que quieren decir con estas afirmaciones, olvidan o desconocen que en España las leyes emanan de un Parlamento democráticamente elegido, o que nuestro derecho procesal penal es plenamente garantista con los derechos de los procesados. El solo hecho de realizar estas valoraciones sobre nuestro sistema judicial es humillante para España y parece un intento de los belgas de situarse moralmente y políticamente en un plano superior a España.
Imaginemos si el caso fuera al revés, un delincuente belga acusado de haber atentado contra la integridad territorial y las instituciones de su país huye a España, y nosotros le damos cobijo con el argumento de que Bélgica no es una democracia plena, o que no se lo entregamos hasta que reparen a los congoleños por los disparates que hacía su rey Leopoldo II en el continente africano, de los que dejó constancia el gran escritor Joseph Conrad, con su inolvidable obra 'El corazón de la tinieblas'.
En nuestro Derecho tanto las resoluciones judiciales como los actos administrativos gozan de la presunción de validez, es decir, que una vez emitidos son válidos y eficaces y no se discuten su legalidad y eficacia, sin perjuicio de la posibilidad de poder recurrir estos actos y resoluciones judicialmente. Pues bien, lo que es incomprensible, es que se aspire a conseguir la unión política y jurídica en la Unión Europea y no se aplique al mismo sistema. Si la finalidad última es converger jurídicamente y políticamente, no tiene sentido que resoluciones válidamente emitidas por tribunales españoles sean puestas en duda por otros países de la Unión.
El problema de fondo es que muchos españoles nos sentimos decepcionados con la actuación de la Unión Europea en este tema, y hace que podamos llegar a preguntarnos si queremos seguir formando parte de una entidad supranacional que cuestiona la legitimidad y validez de nuestro sistema jurídico y político.
Dicho sentimiento de indignación va calando en nuestra sociedad, y a lo largo de la historia se ha demostrado que las injusticias actuales pueden dar lugar a cambios importantes en el futuro. Todo fin de este conflicto que no termine con la entrega del prófugo Puigdemont a la justicia española va a generar un sentimiento profundo de decepción y rechazo a la Unión Europea por parte de un gran número de españoles. Y quizás, si dentro de unos años se planteara un referéndum sobre la permanencia o no de España en la Unión Europea, puede que estos sentimientos afloren y tengamos un Brexit en versión patria, un Spainexit.
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