El fracaso del sistema y una ley necesaria que llega tarde

España es uno de los países más desiguales de Europa. AP/GTRESONLINE

En un momento como este en el que en pocos años la Región de Murcia se ha visto sometida a diferentes pruebas en su gestión para los más vulnerables, solo podemos decir en mayúscula que HEMOS SUSPENDIDO.

Parte de este suspenso se debe a que partíamos de una mala situación. Los servicios sociales, que son el motivo principal de este artículo, no eran ajenos a todos los fallos y problemas que los limitaban. Las distintas situaciones de emergencia de estos últimos tiempos, desde la DANA de septiembre de 2019 a la actual pandemia, han confirmado que la Región de Murcia no tenía la capacidad de dar respuesta a las personas que lo necesitan, ni siquiera a aquellas que se ven en situación de pobreza sobrevenida a una catástrofe natural.

Ya lo dijimos entonces cuando las tormentas arrasaron el Mar Menor: necesitamos una de Ley de Servicios Sociales adaptada a las necesidades que se plantean, una ley moderna, necesitamos un paraguas que proteja al conjunto de la población, a quienes se ven afectados de graves situaciones de pobreza y a quienes sufren la vulnerabilidad propia de esta época.

Ese es el problema: seguimos pensando que los servicios sociales deben legislarse para los más necesitados, pero de lo que no somos conscientes es de que los más necesitados podemos ser cualquiera de nosotros, desde quienes perdieron su empleo por la DANA hasta quienes han tenido que cerrar su negocio por la pandemia.

Esa idea de que necesitamos protegernos contra la vulnerabilidad social y económica, debería guiar la nueva Ley de Servicios Sociales. Si construyéramos esta ley pensando en que los Servicios Sociales fueran efectivamente el cuarto pilar del estado de bienestar, tal vez, solo tal vez, podríamos crear una ley que nos proteja a todos y a todas.

Esto es lo que nos está demostrando la pandemia: el sistema ha fracasado estrepitosamente. Nos encontramos, al mismo tiempo, con ciudadanos, muchos, muchos, que no tienen ingresos de ningún tipo y con un aparato legislativo que no está a la altura. La ley de Servicios sociales vigente está totalmente obsoleta y la nueva no deja de ser una promesa que no llega y a la que se han antepuesto muchas otras cuestiones en la Asamblea Regional, aún teniendo el informe del CES y habiendo salido de los servicios jurídicos hace meses.

Contamos con una Ley de Renta Básica que ya nació vieja y un desarrollo reglamentario que se puso en marcha 10 años después y con graves deficiencias advertidas por los agentes sociales. Carecemos de Planes de Lucha contra la pobreza, planes de inclusión o cualquier plan social que permita prevenir y atender la situaciones de vulnerabilidad y / o pobreza con dignidad.

En el horizonte tenemos la posibilidad de crear algo especial, algo que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Aún podríamos tener una Ley de Servicios Sociales que dé pie a un cambio real. Desde la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) esperamos que nuestros políticos y políticas estén a la altura, las expectativas son altas.

El actual proyecto de ley incorpora propuestas, posicionamientos, ejes de mejora y trabajo estratégicos de sentido, de estructuración y de actuación del sector de Servicios Sociales y, en particular, del Sistema Público de Servicios Sociales de la Región de Murcia que suponen un cambio sustancial con respecto a su texto predecesor. Pero aún tenemos la oportunidad de mejorar el texto y actualizarlo a la nueva realidad y a los nuevos retos que tenemos en este momento que, evidentemente, no son los mismos que en 2018, cuando se inició la redacción del texto.

Para facilitar esa mejora, el lunes 23 de noviembre se iniciaron las audiencias legislativas incluidas en la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Es un nuevo procedimiento que da la oportunidad a los grupos parlamentarios de conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad para poder hacer enmiendas y que la ley se pueda ajustar mejor a las necesidades y la realidad.

Cada grupo parlamentario tiene la oportunidad de realizar tres invitaciones pero, curiosamente, no se ha invitado a la Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia (PTS-RM), una plataforma que aúna la voz de distintas entidades de la región en la lucha contra la pobreza y la discapacidad.

EAPN-RM forma parte de la Plataforma del Tercer Sector y, conjuntamente, hemos elaborado un documento de propuestas a la nueva Ley de Servicios Sociales que haremos llegar a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional. Algunas de estas propuestas son las que siguen.

La primera mejora que la ley debería incorporar es centrarse en el principio de universalidad, ya que debe reflejar fielmente su alcance y posibilidades. El texto debe garantizar que no cabe interpretación alguna en la Ley que pueda motivar la exclusión del acceso al sistema público de servicios sociales a personas que puedan necesitar de esta red de protección, incorporando la definición específica del Derecho subjetivo, su vinculación con la prestación de los servicios Sociales y la protección jurídica de los mismos.

La segunda gran mejora debe responder a la necesidad de tener un sistema de servicios sociales común para toda la región y con una financiación que asegure los mismos derechos indistintamente del municipio en el que te encuentres.

Debemos asegurarnos de que las prestaciones que recoge el texto sean accesibles y que se puedan garantizar al conjunto de la población. En este momento si hay algo por lo destaca el nuevo sistema que se está imponiendo tras la pandemia es por su inaccesibilidad a las distintas prestaciones, por ejemplo, exigiendo trámites online a quien no tiene acceso a internet. Así, se está desprotegiendo a la ciudadanía en el momento en el que más acompañamiento necesita.

Necesitamos una garantía de ingresos que sea real. En estos momentos hay dos mecanismos que se suponen que deben asegurar que no haya personas ni familias sin ingresos. Por parte estatal, está el Ingreso Mínimo Vital. Por parte regional, la Renta Básica de Inserción. El mal funcionamiento y la mala coordinación entre ambos derechos está provocando que sí haya familias, y muchas, sin ingresos de ningún tipo. A esto se suma que las ayudas de los ayuntamientos llegan de forma desigual y con muchos retrasos.

Por último, es necesario que se contemple la iniciativa social como alternativa y elemento clave en el desarrollo de los servicios sociales y al tercer sector como aliado natural para la consecución de los objetivos de este proyecto. La ausencia de la PTS en la Asamblea Regional para exponer las propuestas de mejora a la ley explica el porqué de esta propuesta de mejora.

Nuestro estado del bienestar, que nunca llegó a ser pleno, está en un momento crítico. Toca, por tanto, reforzarlo. A los tres pilares que ya lo constituían: educación, sanidad, y empleo, debemos añadir los servicios sociales. Unos servicios sociales que deben ser universales y eficaces para que nos protejan al conjunto de la sociedad de las inclemencias sociales y económicas. Para eso debe servir la nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Desde EAPN RM esperamos que las distintas administraciones (Estatal, Regional y Local) y que las distintas fuerzas políticas, sean del color sean, antepongan las necesidades de la ciudadanía, sobre todo de los/as más desfavorecidos/as, al resto de intereses. Es momento de legislar y actuar con la mirada de las personas para las que lo hacemos.

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