Son muchos los cambios que se han producido en el sistema de relaciones laborales de nuestro país en las últimas décadas. Lo triste es que, casi siempre, esas modificaciones han supuesto la precarización y la pérdida de derechos de quien detenta la posición más débil de la relación laboral: las personas trabajadoras. Los gobiernos centrales han sido de distinto color político a lo largo del periodo, pero la tónica ha sido similar en lo que a deterioro de derechos del trabajador se refiere.
Por ello, con este artículo se pretende, sin muchos rodeos, hacer un estudio comparativo de forma general sobre las políticas laborales desarrolladas en nuestra joven democracia, desde que ésta echara a andar allá por diciembre de 1978 hasta nuestros días, hasta la llegada del nocivo coronavirus y todo lo que ello ha supuesto.
En primer lugar, es preciso señalar que la Organización Mundial del Trabajo (OIT), organismo dependiente de la ONU, viene, desde hace años, alertando y previniendo de que en un mundo globalizado neoliberal y sin reglas de mercado ni justiprecio, incide en la desprotección del derecho a un trabajo digno y en el derecho a obtener a través del mismo unos ingresos suficientes para vivir dentro del Estado del Bienestar (no a tener cualquier trabajo y a ser remunerado de cualquier manera). Continúa la OIT advirtiendo que este modelo socioeconómico trae más desigualdades sociales, más conflictos de orden público y menos ingresos a las arcas públicas para implementar los servicios públicos y sociales, necesarios para desarrollar una vida digna en todo el mundo (tanto en los países desarrollados como en el primer mundo).
Lo ocurrido en nuestro país desde el ocaso del franquismo, corrobora plenamente los planteamientos de la OIT. De hecho, cada vez que se ha aprobado una reforma laboral en España por alguno de los distintos gobiernos, ha sido con el falso propósito de rebajar el paro o sortear crisis. Ninguna de ellas ha sido de carácter temporal, pues todas han socavado los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y ninguna ha conseguido otro propósito que el crear más desigualdades sociales y más rentas salariales para los ejecutivos y accionistas de las grandes empresas y del sector financiero.
Cuando el PSOE ganó las elecciones en el año 1982, todos nos las prometíamos muy felices con su compromiso de sacar del paro a 800.000 personas con ayudas directas a la contratación por parte de los empleadores. Teníamos una tasa de paro, por culpa de la crisis del petróleo, de 2,5 millones de personas (en 1985 se llegó a superar esta cifra a más de 3 millones). Fue un rotundo fracaso porque no se consiguieron los objetivos previstos y encima se aprobó una reforma del Estatuto de los Trabajadores en el año1984 que nos costó una huelga general porque empresarios y Gobierno consideraban el del año 1980 demasiado paternalista. Esta reforma se llevó a cabo sin consenso ninguno, solo la firmaron PSOE y UGT, sin el respaldo de las demás fuerzas políticas y sindicales.
A partir de la segunda legislatura socialista el giro en las políticas laborales fue brutal, como consecuencia de la entrada en los puestos clave de gobierno de tecnócratas en vez de “políticos” en los ministerios de industria y energía, economía, hacienda y comercio, agricultura, pesca y alimentación, trabajo, etc. El objetivo ya no era el empleo, sino la entrada en la OTAN y la Unión Europea. ¿Se acuerdan de las campañas anti-OTAN de los socialistas en la oposición (“OTAN, de entrada no”, era su lema)? Así llegó el famoso referéndum del año 86, donde después de pasar de “OTAN de entrada no”, ya era necesario “OTAN sí”, si queríamos entrar en la UE.
En esa época, también asistimos al desmantelamiento de nuestra industria (Plan de Reconversión Industrial), agricultura, pesca, etc., también por el mismo motivo. Y golpe tras golpe a la clase trabajadora, nos llegó la reforma laboral del 94. Se inauguró el trabajo temporal, se aprobaron las Empresas de Trabajo Temporal, se amplió el periodo para cobrar la prestación de desempleo de seis meses, que pasó a un año trabajado. El argumento del gobierno consistía en repetir lo que pregonaba la CEOE. La patronal sostenía que el mercado laboral español era supuestamente el más rígido de nuestro entorno, con rigidez en la movilidad geográfica y en la contratación laboral. Curiosamente, lo que nunca han alcanzado a explicarnos gobierno central y grandes empresarios es por qué, con la misma normativa laboral, en comunidades con más iniciativa para invertir en I+D+i y en actividades de alto valor añadido (por ejemplo, País Vasco), se dan permanentemente cifras de ocupación muy superiores a la media nacional incluso en periodos de crisis. ¿Será que el problema es otro y los culpables son ellos?
Y sin detenerse esa dinámica de voracidad de la patronal, llegamos a la reforma laboral del año 2010. Sus autores, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro de trabajo procedente de la UGT, Valeriano Gómez. En esta ocasión, se facilitó de nuevo el despido, se rebajó la indemnización, se permitió a las empresas despedirnos si consideran que sus beneficios van a bajar en el siguiente ejercicio, se amplió el cómputo de años para cobrar la pensión, que pasó de los 15 últimos años a los 25 años de la vida laboral del trabajador y se alargó la edad de jubilación a los 67 años.
Con la reforma laboral del año 2012, entraron en escena el presidente Mariano Rajoy, el ministro de economía Luis de Guindos (el de Lehman Brothers en 2009) y la ministra de trabajo Fátima Báñez, años después fichada por la propia CEOE en 2019. Con éste y otros cambios legales sucesivos, las empresas se vieron facultadas para despedir trabajadores estando de baja justificada por motivos de “productividad”. El despido improcedente de los contratos indefinidos se reduce de 45 a 33 días por año trabajado y el despido objetivo se generaliza a 20 días por año trabajado. Se aprueba la prevalencia de la negociación del convenio de empresa por encima del convenio colectivo, quitando poder de negociación a los sindicatos, entre otras muchas cosas. Hasta tal punto fueron lesivas esas medidas para la gente trabajadora que, cuando los representantes de la patronal salieron ante los medios para hacer su valoración de las mismas, se les veía haciendo verdaderos esfuerzos para evitar que se notara su sentimiento de júbilo ante el incremento del poder empresarial que se había producido a costa de la mayor debilidad de las personas trabajadoras de este país. La situación fue tan hiriente, que aún permanece en nuestro recuerdo ese torpe empeño en esconder sus sonrisas de oreja a oreja.
En definitiva, hemos asistido a cuatro gobiernos distintos, UCD, PSOE, PP y la coalición PSOE-Unidas Podemos, y a cuatro enfoques a la hora de afrontar las crisis, con siete presidentes del gobierno, otros tantos ministros de trabajo y 52 reformas laborales hasta la fecha.
Y ahora, en un momento como el que estamos viviendo, surge nuestra nueva ministra, Yolanda Díaz. Venida de la Costa Da Morte, gallega, abogada laboralista y ministra de trabajo, que ha visto en la calle, mirando a los ojos de la gente, el sufrimiento de los precarios. Ha visto el dolor de los que se quedan por el camino sin casa y sin expectativas de futuro para sus hijos y para ellos, sin ninguna culpa, por el simple hecho de haber sido despedidos de sus puestos de trabajo (tengan la edad que tengan) cuando sus empresas, o se han recuperado o no han conocido la crisis (que de todo hay), por la maldita política neoliberal.
Comprueben ustedes por un momento a otro “hijo del pueblo”. Felipe González Márquez, también abogado laboralista en sus inicios, andaluz, hijo de un tratante de ganado, de familia humilde, que llegó a ser, para muchos de nosotros, un semidios que durante 14 años consecutivos tuvo el apoyo de la clase trabajadora y, al final, terminó labrándose una puerta giratoria en Gas Natural. Y mientras tanto, haciendo reformas contra quienes le apoyábamos.
Yolanda Díaz Pérez, una mujer de aspecto frágil y voz quebrada, que sin hacer mucho ruido desde su ministerio y, sin experiencia en el gobierno de un país, está adoptando las medidas correctoras de justicia social que sus predecesores en 42 años no se atrevieron a hacer por miedo al poder económico o, directamente, por formar parte de él. Me refiero a iniciativas tales como: la prohibición de despedir por el coronavirus, la obligación de mantener el nivel de empleo en los 6 meses posteriores a la finalización de los ERTEs que se están produciendo, la prestación por desempleo a personas dedicadas al trabajo doméstico, la supresión de la posibilidad de despedir a aquellas personas que hubieran causado bajas por enfermedad, asegurar los salarios de las personas trabajadoras ante la paralización de las actividades no esenciales, etc.
Bienvenida “hija de las mareas”. Enhorabuena y gracias por comportarte como una ministra de trabajo que de verdad tiene sensibilidad hacia las familias trabajadoras de este país. Sigue así y no nos traiciones, como tantos otros han hecho cuando ocupaban tu lugar.
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