En noviembre de 2020 el PP regional estaba inmerso en la propagación del bulo de Vox sobre el cierre, por parte del Gobierno de España, de los centros de educación especial. Acusaban al Gobierno de Coalición, de manera surrealista, de querer privatizarlos. López Miras gastaba su tiempo (y el de todos) haciendo el paripé, reuniéndose con las asociaciones del sector para sembrar la alarma, y soltando mentiras en prensa. Él sí que escuchaba a las familias, decía. Se reunió con CERMI, con Plena Inclusión, con FAMDIF, con FADIS, e incluso invitó a la dirección del Colegio de Educación Especial Cristo de la Misericordia. Todos se arrimaron al calor de su llamada, la llamada de la “libertad de elección” para las familias, y allí los irradiaron con la postura del PP sobre la nueva ley de educación, a cambio de hacer aportaciones y propuestas que fueron directas a un cajón.
López Miras se refería entonces a las familias diciendo que bastaba “solo con escucharlas y atenderlas”, con escuchar “su angustia y su petición de libertad para decidir y elegir libremente, como están haciendo en la Región, qué centro es el que presta los mejores recursos y la mejor atención que necesitan sus hijos”. Estas fueron las palabras de alguien que no tiene palabra. Angustia murciana tenían ya las familias, de tantas ganas de libertad. Luego está la angustia española, que no es existencial, que son náuseas, ganas de vomitar vamos, que es lo que produce ver lo que ha pasado después.
Tres años después, más de la mitad de las niñas y niños del colegio Misericordia están sin escolarizar, y sufriendo una pérdida crítica de terapias, por falta de transporte que los lleve a su centro. Un centro elegido por muchas familias precisamente por contar con líneas de transporte adecuadas, algo de primerísima necesidad para ellas. Ahora se están quedando en sus casas o con los abuelos, como en los años cuarenta. Muchas de las madres que estaban llevándolos ellas mismas ya no pueden, porque las despiden de sus trabajos. También está la que no puede seguir pagando un taxi para personas con movilidad reducida. A estas familias las están destrozando, y no es angustia existencial.
López Miras se niega a emitir una orden de ejecución forzosa para solucionar el problema de urgencia, mientras se busca una solución estable. Solo ofrece anuncios de pacotilla sobre futuras compensaciones, que nadie sabe cómo ni cuándo serán. Pero, ¿cómo se compensa a un niño con trastornos motóricos graves la pérdida crítica de terapias, de hábitos y de educación?, ¿con la libertad de elegir entre quedarse en casa o pagarse sus terapias?, ¿fletando autobuses para llevarlo a Barcelona a manifestarse por la igualdad entre los españoles? Bueno, este es el precio de dar pábulo a según qué personajes.
Hay cosas que no se le pueden dejar a las empresas, ni a sus albaceas políticos. El modelo de subcontratas para todo es un modelo fracasado, como se está viendo con el transporte escolar o con los comedores. Además, y por cierto, a día de hoy los coles de educación especial de la Región de Murcia no tienen ni ordenación curricular a la que atenerse. Hecha la oposición a la LOMLOE, ¿para qué molestarse en regular su actividad pedagógica? Si lo que realmente quiere el PP regional es favorecer a los centros de especial privados subvencionados. Un centro como el cole Misericordia lo quieren sentenciado, quieren que las familias “elijan” irse a otro sitio de pago. Las que puedan, y las que no pues que amparen a sus santos inocentes como puedan.
Todo lo que sean necesidades especiales va a ser ahora un nicho enorme de mercado, contando con la bajada de la natalidad y la necesidad de encontrar nueva clientela para la educación privada. Por tanto, los tan solo ocho centros públicos de especial que hay en la Región son un objetivo a desmantelar, en especial el Misericordia. Quien está demostrando una tendencia clara e inequívoca a la privatización de la educación especial es el PP. Por eso también, en un municipio como el de Murcia, la inmensa mayoría de aulas abiertas de secundaria que hay, para alumnado con necesidades especiales de apoyo, están en centros privados subvencionados, mientras que en los públicos solo hay dos. Ni se abren más, ni se construyen más centros públicos ordinarios o de especial, ni se dotan los que hay para que puedan de verdad servir como centros de referencia para los colegios públicos, con alumnado de especial escolarizado en ellos.
Es por esto que las familias del Misericordia protestan esta misma mañana, peregrinando desde su colegio a la puerta de la Consejería. A ver si ahora López Miras escucha. Esta es la triste realidad detrás del colegio Misericordia: expulsar a las familias quitándoles el transporte escolar, porque la educación especial se quiere privatizada. Por eso interesó tanto al PP el bulo de Vox de 2020. Humo para tapar sus vergüenzas. Ya sabían lo que querían hacer, y el municipio de Murcia es el gran laboratorio-mercado regional.
La educación especial es cara, requiere inversión, algo que es visto por el PP como “gasto inútil”, mientras que a las empresas del sector educativo les puede suponer, precisamente por eso, un negocio rentable. Servicios de lujo. Quien tenga una hija o hijo con necesidades especiales graves será saqueado, pagará, si es que tiene algo, mientras el centro privado cobrará por partida doble: cuotas a las familias, y dinero público de las subvenciones por transporte, comedor, residencia o lo que sea. Sin misericordia.
Tal vez es mejor terminar citando de nuevo a López Miras, que en noviembre de 2020 agradeció públicamente su comportamiento “a las miles de familias que están decidiendo libremente a qué centro quieren llevar a sus hijos, sin imposiciones de ningún gobierno, de ningún político y de ningún funcionario de turno”. Hoy las del cole Misericordia han elegido centro público y transporte público.
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