Leo en la prensa regional que el Hospital Virgen de La Arrixaca asumirá las interrupciones de embarazo desde la semana 22. Es decir, que los casos que van a ser atendidos serán los originados por causas médicas -grave riesgo fetal o para la vida y la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto-, pero solo los planteados a partir de la semana 22 de gestación. Por lo tanto, seguirán derivando a clínicas privadas de la Región, con las que se pretende firmar un convenio, al resto de interrupciones de embarazo reguladas por la ley, incluyendo también a las originadas por causas médicas que estén por debajo de la semana 22.
Y yo que andaba confiada en que se habían escuchado nuestros gritos, guardo mi gozo en un pozo.
En 2019 se registraron 161 abortos por motivos médicos. Si a esta cifra le restamos los 20 casos que ese mismo año fueron derivados fuera de nuestra Región por superar las 22 semanas, la diferencia me sigue saliendo muy alta, y representa a demasiadas mujeres que van a seguir siendo expulsadas de la sanidad pública murciana sin merecerlo. Me pregunto entonces: ¿Qué pasará con las mujeres que se vean obligadas a interrumpir sus embarazos por causas médicas y que no se las atienda en el mismo hospital que a esas 20 restantes, existiendo los medios técnicos y humanos para poder hacerlo? ¿Pretenden con esta decisión seguir tapando lo que este Gobierno regional ha dejado claro que considera un pecado? ¿Con qué criterio se puede dividir a mujeres en las mismas circunstancias y derivarlas, en el peor momento de sus vidas, a clínicas privadas de las que los testimonios aportados por las pacientes nos dicen que no han sido tratadas de la forma más digna?
Avanzan en prensa el acondicionamiento de una nueva Unidad de Terapia Fetal para atender a las mujeres afectadas, pero lo hacen antes de acabar siquiera las obras, vendiendo una noticia que en realidad no es la exigida, ni la esperada, ni la más justa porque no mejora la situación de todas las murcianas afectadas a las que ampara la ley. Y así con todo.
Ya no engañan a nadie y después de esto, mucho menos. Han actuado porque se han visto obligados por la presión mediática, las denuncias, la gran lucha ejercida por profesionales libres de la sanidad pública y por las mismas mujeres afectadas. Mujeres que, tras vivir un infierno, llevan años denunciando cómo una ley que debía protegerlas no lo ha hecho, y cómo sus derechos son pisoteados y vulnerados por el Gobierno regional de Murcia y el Servicio Murciano de Salud. Ahora, de nuevo.
Sigan trabajando y dejen de vendernos humo con un trabajo sin terminar. Intenten no mostrar tanto sus ideas personales, piensen que gobiernan para todas las mujeres de esta Región, no solo para las suyas, y quizás no estaría de más que empezasen por excluir de estos comités de toma de decisiones a los Jefes de Servicio que dicen abiertamente que anteponen su religión al bien de sus pacientes.
Lo que han anunciado no es suficiente, sigue siendo maltrato institucional y ustedes, como cualquiera que haya escuchado los testimonios de estas mujeres o se haya leído la ley, lo sabe.
Esto no se ha acabado. Seguiremos gritando.
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