A raíz de las sentencias condenatorias por delitos de corrupción a las que últimamente nos tienen tan acostumbrados algunos de nuestros políticos y famosos, su entrada en prisión me hace pensar en la situación tan diferente que viven estos reclusos en comparación con otros. Me refiero en concreto, a las personas que presentan problemas de patología dual. Entendemos por ésta los individuos que teniendo un enfermedad mental, son adictos a sustancias tóxicas.
Los motivos de esta situación se encuentran a menudo en la falta de recursos adecuados para su atención, ya que la Administración hoy por hoy no da una respuesta preventiva a estos casos. Queremos hacer hincapié en ello, ya que según datos del Ministerio del Interior (Sahuquillo, 2008) representan el 12% de la población carcelaria de España.
Aterricemos en materia. Cuando una persona que presenta patología dual entra en prisión, se tiene poco o nada en cuenta la enfermedad mental. El artículo 3, apartado 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece: La Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos.
Pues bien, el estigma hace que sea el sistema judicial el que se active en todo momento, sin contar muchas veces con una valoración profesional para dar respuesta a sus necesidades sanitarias, no siguiendo lo establecido en él. Estas carencias dan lugar a medidas de aislamiento, cuando se presentan crisis psicóticas, sin que se les de la atención sanitaria especializada que se requiere en esos momentos.
Si entramos a valorar los hechos según Comunidades Autónomas, las diferencias son mayores: Mientras en unos centros las consultas psiquiátricas son semanales, en otras regiones se dan una vez al mes. Sólo en aquellas provincias donde hay entidades concienciadas con la situación, gozan de programas terapéuticos con los que abordar su rehabilitación, a pesar de que en los inicios de su implementación tienen que superar diversos obstáculos.
En España únicamente hay dos centros penitenciarios especializados, uno en Sevilla y otro en Alicante, generalmente masificados. Por tanto, a pesar de que hay voces desde dentro y desde fuera con ganas de cambiar las cosas, el hecho de carecer de los medios e infraestructuras adecuadas nos lleva a imposibilitar el cambio. El consumo en estas personas no disminuye. La falta de conciencia de enfermedad no se aborda. Estos aspectos hacen que se dé la llamada 'puerta giratoria': cuando tienen permiso, reinciden en el consumo de tóxicos, lo que hace que el sistema les quite el derecho a próximas salidas, pero sin que aborde el origen real del problema.
Por tanto, hablar de reinserción social con esta realidad se hace muy difícil, a pesar de que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social… Más aun cuando cumplida la condena no se ven reducidas estas dificultades, sino que incluso aumentan. El estigma que tienen que superar el sujeto fuera de prisión, para poder desarrollar una vida con total normalidad es triple: haber estado en la cárcel, haber tenido problemas de drogadicción y padecer una patología mental. A ello se le suma la falta total de recursos, y en definitiva la soledad en la que se encuentran. Todo ello les impide volver a disfrutar de una vida digna y normalizada.
Es importante tomar conciencia respecto al escenario que aquí se presenta, ya que siempre el conocimiento de los hechos, posibilita cambiar la realidad. Transformar la situación de estas personas a través de la aplicación de programas que les permitan terminar con la adicción y darles la rehabilitación que precisan desde el momento en que ingresan en la cárcel, asegura las posibilidades de éxito en su salida, llevar una vida lo más normalizada posible y su reinserción laboral, máximo exponente de la plena integración.
Parafraseando la Guía de estilo -sobre personas privadas de libertad y el voluntariado penitenciario- elaborado por EAPN, que últimamente ha caído en mis manos, es una obligación ética, estética y democrática contribuir desde cada una de nuestras responsabilidades a la reinserción de las personas privadas de libertad, y en concreto, de las personas que padecen patología dual.
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