El pasado miércoles 28 de septiembre la Asamblea Regional volvía a ser el escenario de uno de esos momentos bochornosos que, contra toda lógica democrática, impedía el desarrollo de leyes que solo pretenden mejorar el marco de derechos que rige nuestra convivencia. El PSRM, en la persona de su diputada Gloria Alarcón, llevaba a votación una Proposición de Ley de lucha contra las violencias machistas, con el fin de que se iniciaran los trámites parlamentarios para su implementación. Conviene decir, en este punto, que el actual marco jurídico regional referente a las violencias machistas data del año 2007 y que, por lo tanto, no incluye ninguno de los avances que se han producido durante los últimos 15 años. Para sorpresa de muchos, la iniciativa recibió el voto en contra no solo de la ultraderecha -en su versión “original” y tránsfuga- sino también del PP y de los tránsfugas de Cs. La misma Isabel Franco, que entre sus competencias tiene la de la lucha contra la violencia machista, no solo votó en contra de la proposición, sino que, además, y como cuentan algunos de los presentas, estuvo ausente durante la mayor parte del debate.
Muchos pensábamos que, con la llegada de Feijóo, el PP enfriaría su deriva al extremismo de ultraderecha y marcaría las oportunas distancias con Vox. Estábamos equivocados. La reunión en secreto de Feijóo con Santiago Abascal hace unos días ya indicaba que el PP está planteando un gobierno a la italiana, en el que su alianza con la extrema derecha será vendida como una “coalición de las derechas”. Que la reunión no fuera publicitada pone de manifiesto que Feijóo es perfectamente consciente del material delicado e inflamable con el que juega y que un exceso de luces y taquígrafos puede ser afeado ya no solo por la parte más centrada de su electorado, sino por el propio PP europeo. Pero es igualmente consciente de que si ha de tener un “amante secreto”, al cual hay que darle amor y prebendas para que no se sienta ultrajado y un futuro gobierno no se vea en peligro, este es Abascal.
En este sentido, hay que reconocer que, en la Región de Murcia, su barón López Miras es más directo y transparente, y si ha de reunirse con el representante de la ultraderecha, lo hace en plena luz del día, en una terraza junto al Ayuntamiento de la capital. No hay nada que esconder. Porque, de hecho, las políticas de López Miras en ningún momento han disimulado su deriva ultraderechista en tantos temas -educación, Mar Menor, políticas sociales…-. Al PP regional no se le resquebrajan los cimientos por asumir políticas que llevan la impronta de su derecha más extrema. Y, para muestra, el botón de lo sucedido el pasado miércoles en la Asamblea Regional. Impedir, con sus votos, que saliera adelante una Proposición de Ley para mejorar el marco legal contra la violencia machista es algo que no cabe valorar ya dentro del estricto análisis político, sino en términos éticos. Y se trata de una indecencia. Me gustaría estar en la cabeza de aquellos que votaron en contra de esta iniciativa para probar a comprender cómo, de ahora en adelante, podrán dormir como si nada cada vez que una mujer sea herida o asesinada en la Región de Murcia. ¿Con qué legitimidad saldrán a la puerta de la Asamblea a guardar un minuto de silencio cuando, por medio de sus votos, han dejado a esas mujeres en la intemperie legal, desprotegidas, víctimas del odio ideológico? La actitud del PP y su cohorte de tránsfugas la pasada semana trasluce un nihilismo y una falta de moral que, desgraciadamente, sorprende cada vez menos. Si, por un momento, dejaran a un lado su obsesión con Sánchez y todo que huele a él, y tomaran conciencia de que lo que está en juego son vidas -vidas de muchas mujeres que sufren una violencia cultural consentida, durante siglos, por actitudes como la suya-, entonces, y solo entonces, podrían entender que hay cuestiones que han de quedar fuera de la mezquinad política y que exigen una integridad ética de la que por ahora carecen. Lo dicho: lo del pasado miércoles en la Asamblea Regional fue una indecencia.
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