Podemos se querella contra tres magistrados del TSJ de Murcia
“No quiero hacer ninguna valoración sobre esta iniciativa judicial de Podemos, ni entro ni salgo a valorar ni el fondo ni la forma”, ha respondido a eldiario.es Región de Murcia el magistrado Juan Martinez Moya, uno de los tres jueces del TSJMU a los que se refiere la querella de Podemos. Martínez Moya, que no tenía notificación alguna de la querella, ha dicho no saber nada de la misma y ha insistido en su “respeto máximo a la Justicia”. “Esperaré el curso de los acontecimientos con la máxima tranquilidad”, ha añadido.
Juan Martínez Moya es Magistrado miembro del Consejo General del Poder Judicial y Magistrado también de la Sala de lo Social de TSJ de Murcia, del que fue Presidente. Junto a él, la querella de Podemos se refiere a la actuación de Enrique Quiñonero y Miguel Pascual del Riquelme, actual presidente del tribunal murciano.
La querella ha sido presentada en la mañana del jueves ante el Tribunal Supremo, en Madrid, por parte de la dirigente nacional de Podemos, Carolina Bescansa, y por su secretario general autonómico y candidato a la presidencia de la Región de Murcia, Óscar Urralburu. Según han explicado, Podemos se querella contra los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia “por entender que han prevaricado con el fin de evitar que el actual candidato del PP fuera imputado en plena campaña electoral”.
El auditorio de Puerto Lumbreras
La causa que el TSJMU envió a los jugados de Lorca en marzo, en una decisión que fue recurrida por el Fiscal y que el tribunal ratificó, se refiere al proceso administrativo de concesión y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, en la época en la que el alcalde de la localidad era el actual candidato del PP a la Presidencia del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez. El caso fue denunciado por el PSOE de Puerto Lumbreras, y dicha denuncia fue recogida por el Fiscal Jefe de la Región de Murcia. En el fondo de la cuestión están las dudas del Partido Socialista sobre la legalidad de la contrata y sobre la recepción del auditorio, tras pagar casi 6 millones de euros públicos y a pesar de que la obra no estaba terminada.
Según ha recogido Podemos en su querella contra los magistrados del TSJMU, por no quedarse con la causa y decidir enviarla a los juzgados de Lorca, habían de investigarse los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, prevaricación en concurso medial con un delito de fraude contra la Administración, y falsedad en documento oficial.
“Recibida esa querella, el TSJMU dictó un Auto en el que, admitiendo su competencia, reconoció el carácter de aforado de Pedro Antonio Sánchez, así como la existencia de numerosos indicios de criminalidad contra él”, explica Podemos, y prosigue: “Sin embargo, el TSJMU decidió enviar todo el procedimiento, incluido lo que afecta al aforado, al Juzgado de Instrucción de Lorca, competente por el territorio; esa decisión cuenta con un voto particular de otro Magistrado, el señor Don Manuel Abadía, que afirma que esa decisión no tiene sentido desde el punto de vista jurídico, puesto que la competencia es del TSJ, y era ese órgano el que debía empezar a instruirlo directamente, imputando al aforado”.
Podemos relata los hechos posteriores de los que ya informó el diario.es Región de Murcia: el recurso del Fiscal Jefe contra la decisión del TSJMU, y la resolución posterior en la que el tribunal ratificaba su decisión y contaba de nuevo con el voto particular de Manuel Abadía.
“Campaña electoral tranquila”
“Para entender la justificación de esas dos resoluciones, contrarias a lo previsto legalmente”, interpreta Podemos, “hay que saber en qué momento se producen”. Y lo relata: “El primer Auto es de 2 de marzo, cuando se están decidiendo los candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, con lo que esa resolución dejaba al candidato en un limbo judicial, evitando su imputación directa por el TSJ; el segundo Auto, el que resuelve el recurso contra el primero, tiene fecha 23 de abril, con el candidato ya proclamado, con lo que se aseguraba una campaña electoral tranquila, evitando la imputación de Pedro Antonio Sánchez, ya proclamado candidato del Partido Popular”.
“Entendiendo que esas resoluciones no obedecen a las previsiones legales y que poseen un claro sentido político, Podemos interpone esta querella contra los tres magistrados del Tribunal Superior de la Región de Murcia con el objeto de que clarifiquen la base jurídica de las decisiones adoptadas y, si fuera el caso, asuman las responsabilidades legales que de ellas se deriven”, concluye el partido de Óscar Urralburu.
