La jueza ve indicios de delitos en la trama de presunta corrupción del Puerto de Cartagena

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia sobre irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena entre 2014 y 2021. Ya ha comenzado el proceso para tomar declaraciones a la actual presidenta, Yolanda Muñoz; su predecesor, Antonio Sevilla, otras siete personas y dos representantes legales de las empresas contratistas por la presunta trama de corrupción relacionada con el nombramiento de algunos cargos dentro de la Autoridad Portuaria o la adjudicación de contratos de servicios para favorecer a amigos y determinadas empresas.

Las diligencias de investigación del Ministerio Público se habrían iniciado hace un año a la vista de la indagación preliminar realizada por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras la denuncia de tres particulares, informan fuentes judiciales.

Los hechos recogidos en las denuncias “hacen presumir la posible existencia de delitos muy diversos”, entre los que se encuentran los de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos o uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos. La resolución relaciona ocho hechos que “revisten indicios mínimos y suficientes de la presunta comisión de varios ilícitos penales y que justifican la necesidad de incoar Diligencias Previas en aras a esclarecerlos”.

El auto, notificado hoy a la Fiscalía, ordena que se dé traslado a estos nueve investigados y representantes de dos mercantiles para que sean informados de los hechos que se le atribuyen, así como de su derecho a examinar las actuaciones, a actuar en el proceso y a designar abogado antes de que se les tome declaración.

Tras el consejo de administración celebrado el pasado lunes por la mañana, Muñoz confirmó que sigue al frente de su cargo y explicó que ha encargado una auditoría interna a la Intervención General de la Administración del Estado, al tiempo que otra externa que ayudara a “aclararlo en todo”. Los sindicatos UTG y CCOO, quienes se encuentran detrás de la denuncia, creen que estas auditorías no son suficientes.

“Acusaciones graves”

Tanto Muñoz como Sevilla que ocuparon distintos cargos en la misma época durante el mandato de Ramón Luis Valcárcel (PP); Yolanda Muñoz como directora general de Territorio y Vivienda, y Antonio Sevilla, como consejero de Obras Públicas. Sevilla, que también ocupó el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, fue cesado en marzo de 2018 después de que elDiario.es informase de que este organismo público adscrito al Ministerio de Fomento otorgó una concesión administrativa (hasta diciembre de 2030) a una empresa a la que estaba vinculado el presidente de la oficina anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala.

A pesar de que ambos investigados fueron aupados a la presidencia de la Autoridad Portuaria por el Gobierno regional -en manos del Partido Popular-, el presidente Fernando López Miras todavía no se ha pronunciado al respecto de la investigación. “Lo he visto por la prensa, no tengo nada que decir”, dijo López Miras este pasado viernes. Mientras que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (también del PP), ha pedido a la APC que “preste con rapidez y total transparencia toda la colaboración necesaria con la Justicia”. Sin embargo, la secretaria general de Sí Cartagena y vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, sí que ha reclamado la dimisión de Yolanda Muñoz: “Las acusaciones son muy graves. Todos los implicados deben dejar sus cargos mientras se investiga. Está en juego la integridad y el prestigio de la institución”.