Multan por “mala fe y temeridad” a un cargo del Grupo Mixto por una demanda falsa de acoso laboral contra Martínez Vidal

El Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena ha sancionado por “temeridad y mala fe” a un extrabajador del Grupo Parlamentario Mixto de la Asamblea Regional, contratado por los diputados de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina. La sentencia considera que el demandante imputó “graves e infundadas acusaciones […] de acoso, abuso de poder y vulneración de derechos fundamentales” contra Martínez Vidal, a quien le reclamaba 168.000 euros de indemnización por daños y perjuicios “sin el más mínimo indicio ni soporte probatorio”, motivo por el que se le ha impuesto una sanción de 500 euros.

“Presentar demandas falsas nunca puede salir gratis” ha señalado Martínez Vidal. El extrabajador ostenta el cargo de Adjunto al Secretario de Organización de Ciudadanos en la Región de Murcia –el actual concejal de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Murcia, Pedro Rex-. También forma parte de la directiva de jóvenes a nivel nacional. La diputada acusa al multado de hacer un uso “torticero de la justicia con fines puramente políticos, dirigidos por no se sabe qué personas”. La sentencia recuerda que “no se niega el derecho del trabajador a impugnar la extinción de su contrato de trabajo”, pero aprecian “mala fe” en afirmaciones como que Martínez Vidal “presenta un trastorno mental, que incluso el demandante se permite diagnosticar como 'trastorno de la personalidad narcisista', […] así como referirse a otro trabajador como 'perrito faldero'”. 

Pese a negar el acoso laboral el juez ha aceptado que el despido fue improcedente y le ha concedido al antiguo trabajador 1.075,52 euros en concepto de indemnización: “El empresario no puede decidir a su propia conveniencia en qué momento finaliza el servicio que constituye el objeto del contrato”, explica la sentencia. El demandante, recuerda, fue contratado para la prestación del servicio de “gestión jurídica legal de ciudadanos dentro del grupo parlamentario mixto durante la presente legislatura”. Sobre esta deliberación cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

El ex asesor trabajó para los diputados de Ciudadanos en el Parlamento murciano entre octubre de 2021 y mayo de 2022. El sancionado fue contratado desde octubre de 2021 para la prestación del servicio de “gestión jurídica legal […] durante la presente legislatura”. La relación laboral se realizó por medio de un contrato de trabajo de duración determinada en la modalidad para obra o servicio determinado. El motivo de la extinción de su contrato fue la finalización de dicho servicio, en mayo de 2022. Ese mismo día, Martínez Vidal le envió un mensaje al demandante en el que aseguraba que había decidido “darle un giro a la labor parlamentaria en este último año de legislatura”: “Tus ocupaciones (dirigir dos despachos de abogados y ser adjunto al Secretario de Organización del partido), son incompatibles con esta nueva etapa en la que necesitaré un asistente, una persona de mi máxima confianza dedicado exclusivamente a ello”.

“Conflicto entre afiliados”

Desde Ciudadanos se desmarcan del proceso judicial y subrayan que se trata de “un conflicto personal y laboral entre dos personas que son afiliadas a Cs, el partido no ha participado en la contratación ni en el despido de esta persona”. Subrayan que la dirección regional se ha mantenido al margen “en todo momento” porque “es un conflicto laboral surgido en el seno del grupo parlamentario mixto en el que el partido no tiene nada que ver”.

Con respecto a la resolución de despido improcedente aseguran respetar “escrupulosamente” el procedimiento judicial y su correspondiente sentencia y reafirman su respeto tanto la presunción de inocencia como el derecho de cualquier trabajador a recurrir a la justicia si considera vulnerados sus derechos.