Denuncian ante la Fiscalía por racismo al jefe de la Policía Local de San Javier
Las organizaciones murcianas Amigos de Ritsona, PAREM, Murcia Acoge y Convivir sin Racismo han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de la Región de Murcia al Jefe de Policía local del municipio de San Javier, José Tomás García, por unas declaraciones en las que vinculaba migración con delicuencia.
Las asociaciones consideran que las “afirmaciones realizadas entrañan humillación, menosprecio y descrédito de grupos vulnerables y pudieran ser tipificadas como un delito de odio”.
Durante una entrevista en TV Mar Menor, Tomás vinculó inmigración con delincuencia y llegó a afirmar que “ahora mismo la mayoría de los delitos suele ser inmigración: nacionales, hay poco... Nos vamos a la estadística. El sistema tradicional del delincuente que había antiguamente en el pueblo, eso ya no existe. Ahora tenemos bandas organizadas”.
Desde las entidades que impulsan la demanda manifiestan que estas declaraciones realizadas por un responsable policial y servidor público resultan “particularmente graves y perjudiciales, y actualmente existe legislación específica para proteger la dignidad de las personas y luchar contra la propagación de estas afirmaciones injuriosas que atentan contra los valores más básicos de convivencia y respeto”.
A mediados de febrero, el Ayuntamiento de San Javier anunció que abriría una investigación a José Tomás por estas declaraciones.
La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de San Javier también denunció en ese momento “la irresponsabilidad de las declaraciones” del Jefe Accidental de la Policía Local en el consistorio marmenorense.
El sindicato pidió a Tomás que explique la fuente de sus datos y recuerda que el última Estadística de condenados: Adultos, Estadística de condenados: Menores publicada el 15 de septiembre de 2022 en el INE, cuya fuente es el Registro central de penados del Ministerio de Justicia, apunta en sentido contrario a sus palabras “La mayor parte de los condenados en 2021 tenía nacionalidad española, un 75,2 por ciento frente al 74,9 por ciento del año anterior”.
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