Ley de Policías: desmontando falsedades

El Parlamento de Navarra ha aprobado una nueva Ley de Policías con el apoyo de UPN, Geroa Bai y EH Bildu (el resto de partidos se abstuvo o votó en contra). El Gobierno y su socio principal en esta cuestión, EH Bildu, intentan vender esta ley como un avance en la asunción de mayores competencias, pero la realidad no tiene nada que ver con eso.

Más allá de ese confuso e interesado relato, en esta ley no hay nada que dé mayores competencias, ni más medios, ni pasarelas de la Guardia Civil, ni garantiza una policía integral. Lo que esta Ley de Policías aborda principalmente son las condiciones de trabajo, algo así como nuestro convenio colectivo. Si los mandos de la Policía Foral (los mismos que también estaban con Barcina), las organizaciones corporativas que los defienden (APF y CSIF) y UPN están celebrando esta ley, los demás partidos que han votado a favor deberían detenerse a reflexionar para quién están haciendo el trabajo.

La ley derogada (15/2015) fue aprobada por los grupos de la oposición a Barcina (Bildu, PSN, Aralar, I-E y la abstención de Geroa Bai). Todos han cambiado de opinión. Como tantas veces sucede, cuando se está en el Gobierno se defiende lo contrario que en la oposición. ¿A qué se debe ese cambio?

Aquella ley, apoyada por la mayoría sindical, cuestionaba por primera vez el modelo policial diseñado durante tantos años por UPN. La Ley 15/2015 limitaba los privilegios de los altos mandos, que tan bien habían vivido. Prueba de ello es que decidieron organizarse para defender sus privilegios, y presionaron presentando su dimisión para que no se aplicase la Ley 15/2015.

El primer error del Gobierno y la consejera Beaumont fue ceder al chantaje y mantenerlos en sus cargos. Estos mismos mandos han sido los encargados de argumentar que la 15/2015 supone problemas operativos, obviando que los problemas no derivan de esa ley, sino del posterior decreto foral sobre jornadas, que ellos mismos regularon para boicotear la Ley.

Y ¿Qué es lo que modifica la nueva ley? Tres cuestiones: retribuciones, flexibilidad y régimen sancionador. La Ley permite para la mayoría de policías una flexibilidad gratuita durante un buen número de jornadas anuales; establece diferentes condiciones laborales en función del momento en que acceden a su empleo (empeora las condiciones a las nuevas incorporaciones); establece diferencias retributivas de hasta un 24% para un mismo empleo, en función de la unidad en que se presta servicio. Junto a todo esto, incrementa las retribuciones de la escala superior de mando en hasta un 35%, sin que varíen sus condiciones laborales, y, para evitar problemas en la aplicación de semejantes medidas, plantea un Régimen Disciplinario más duro que ninguno de los que se han tenido hasta ahora, sin motivos para ello. Es evidente, por tanto, que son los mandos los que sobre todo han ganado con esta ley.

La Ley Foral de Policías que UPN, Geroa Bai y EH Bildu han aprobado no hace referencia ninguna a la competencia de Tráfico y Seguridad Vial, ni a las unidades que se dedican a ello, ni a la posible distribución territorial de los efectivos de Seguridad Vial a las comisarías periféricas. Nada de nada. El gran engaño del Gobierno y de la propia consejera Beaumont consiste en vincular la Ley de Policías con la negociación con el Gobierno del Estado para la transferencia en exclusiva de las competencias de Tráfico. Hay que recordar que el debate sobre las competencias se da en una mesa fuera de Navarra, en una “negociación” entre Navarra y el Estado llamada “junta de transferencias”. Sucede lo mismo con el debate sobre la pasarela de la Guardia Civil a la Policía Foral. Esa cuestión no puede regularse con una Ley Foral, sino que se debatirá en la junta de transferencias. ELA es el único sindicato que ha planteado que la Policía Foral asuma mayores competencias, con una disminución de la presencia de otras fuerzas policiales, evitando duplicidades y problemas organizativos (no hace falta recordar polémicas recientes a cuento de la coordinación). Pero eso no se logra engañando a la ciudadanía con una ley que no plantea nada al respecto.

El Gobierno de Navarra debe disputar al Estado las competencias propias de Navarra, y no puede rehuir su responsabilidad. Se queja de que no hay efectivos suficientes para desarrollar una policía integral, pero a la vez que se niega a incrementar la plantilla mediante OPE. El acuerdo con el Estado fija el máximo de la Policía Foral en 1.200 efectivos; sin embargo, con las OPE anunciadas y las jubilaciones previstas, se llegará a 1.080, como mucho.

Entre tanto, la gestión actual de la Policía Foral tiene mucho que mejorar. Ya que hablamos de Tráfico, en estos momentos está finalizando la formación de una nueva promoción de policías, pero ninguno de ellos ha pasado un periodo de prácticas en la División de Seguridad Vial, y no conocen el trabajo en la vigilancia y control del tráfico.

En Policía Foral, a diferencia de otros cuerpos de policía, la unidad dedicada al Tráfico y la Seguridad Vial no es considerada una “especialidad”. Y en contra de las numerosas peticiones al respecto de policías y la representación sindical, no reciben formación específica acorde con la labor que realizan. Si llegan a asumirse las nuevas competencias de tráfico, necesariamente deberá exigirse una mayor formación de los policías que actualmente conforman la División de Seguridad Vial, más amplia, más concreta. Requerirá la consideración de dicha unidad como una especialidad.

Por tanto, cuando se habla de la Ley de Policías conviene tener presente que ninguno de los contenidos que se articulan en la nueva Ley Foral de Policías tiene su justificación en la posible asunción de competencias. De hecho, la anterior reglamentación, ahora ya derogada, podía haber servido igualmente. La coincidencia temporal, y no otra, es la única causa que une ambas cuestiones: asunción de competencias de tráfico y nueva Ley de Policías. No en vano, mientras no se reúna la Junta de Transferencias, no se conocerá exactamente cuáles van a ser transferidas. Así, difícilmente puede considerarse que la nueva Ley Foral se ha planteado pensando en unas transferencias que todavía no se sabe cuáles son, ni de qué forma se van a llevar a cabo. Lo que sí se ha revelado es cuál era su verdadero propósito: empeorar las condiciones de trabajo y mantener el sistema de privilegios y arbitrariedad de los mandos.