¿Votan las personas presas?

Mucha gente piensa que las personas presas no pueden votar, no porque físicamente no puedan, sino porque la Ley se lo prohíbe. Nada más lejos de la realidad. La Constitución, en el art. 25.2., establece que las personas condenadas a pena de prisión gozarán de los derechos fundamentales otorgados a todas las personas, entre los que se encuentra el derecho a sufragio, a excepción de quien esté limitado en el fallo condenatorio a ejercer ese derecho. Nos encontramos, sin embargo, con que esta situación es una excepción. Desde la aprobación del CP de 1995 la inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio activo –poder votar en unas elecciones- desapareció, manteniéndose solo la prohibición del derecho al sufragio pasivo -es decir a poder ser elegido en unas elecciones-. Son solo supuestos de personas que hayan sido inhabilitadas por una sentencia civil de incapacitación y que estén en prisión quienes no podrán ejercer ese derecho.

Por tanto, una indudable mayoría de personas presas, de las más de 65.000 que se encuentran en prisión, puede votar. ¿Cómo? La Ley General electoral y diferentes acuerdos de la Junta Electoral Central determinaron que el voto sería por correo, como cualquier ciudadano que por enfermedad o por estar fuera en el día de la votación no lo pueda hacer presencialmente. De este modo, en primer lugar, los Centros Penitenciarios están obligados a informar a los y las internas sobre cómo se vota por correo así como a aclarar las dudas que tengan para que puedan hacer efectivo su derecho. Posteriormente el Director del Centro Penitenciario debe solicitar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. que envíe a una persona encargada para este servicio al Centro Penitenciario con impresos de solicitud de inscripción o modificación del Censo Electoral. Por último, es la Oficina del Censo electoral quien debe remitir al Centro Penitenciario sobres y papeletas que serán entregadas y luego recogidas personalmente por el funcionario de correos a los electores y hará llegar esos votos a las Mesas Electorales.

La pregunta es ¿todo esto se cumple? ¿Realmente se vela por el derecho al voto de las personas presas? ¿Las persona presas participan mucho o poco? ¿Hay una alta o baja participación? Sobre las dos primeras preguntas permitan que dude sobre si efectivamente se cumple lo que la ley exige. Se sabe que en prisión se vulneran los derechos de las personas presas prácticamente de manera sistemática. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente con el Derecho al voto? Además, del procedimiento descrito, es evidente que la insistencia y facilidades que se impulsen desde el Centro Penitenciario serán determinantes para la participación: cuántas charlas explicativas se ofrezcan, calidad de las charlas, si se hace con el suficiente tiempo de antelación etc… En definitiva, la promoción e impulso a ejercer este derecho depende del Centro Penitenciario y no existen datos.

Sí existen algunas cifras, por ejemplo, de la participación en las últimas elecciones del año 2011. Instituciones Penitenciarias informó de que 3.600 personas habían solicitado voto por correo en las elecciones generales y unas 2.000 en las municipales y autonómicas de ese mismo año. Los datos reflejan por tanto una pobrísima participación porque en mayo de 2011 había en prisión cerca de 74.000 personas presas por lo que la participación fue de un 2.6 y un 1,5 por ciento respectivamente.

Frente a estos datos se acentúa el escepticismo acerca de las campañas de fomento del voto y del cuidado del ejercicio efectivo de este derecho fundamental en las prisiones –como otros tantos-. Pero también surge la inquietud de preguntarse ¿por qué las personas que están en prisión habrían de interesarse en participar en unas elecciones si no ven siquiera mencionados sus derechos y su situación de emergencia en ningún programa electoral? O peor aún, resulta que si en alguna ocasión se mencionan las cárceles en esos programas es de manera coyuntural como reflejo de la utilización del Código penal y el endurecimiento de las penas de prisión con el objetivo de ganar votos.

Para conseguir que las personas presas puedan ejercitar su derecho a voto la Institución penitenciaria deberá poner mucho más de su parte pero también los partidos políticos, y ahora los nuevos movimientos ciudadanos, en todos los niveles administrativos (Estatales, Autonómicos o municipales). Deberemos hacer un esfuerzo para hacer visible en nuestros programas que son muchas las personas que están en prisión y que merecen de respuestas y planteamientos específicos. Es aquí donde las políticas municipales tienen mucho que decir y, lejos de lo que se pueda pensar, desde el municipalismo es posible incidir en la calidad de vida de las personas que están en prisión, y también cuando salen de ella.

En concreto, en Pamplona, en Iruñea, es posible habilitar que las personas presas puedan llegar a la Calle Colina de Santalucía en autobús público, es posible facilitar la salida e inserción de las personas que están en prisión con una política aguda en materia de vivienda, de reafirmación de derechos sociales, de rescate de aquellas personas que salen de prisión habiéndolo perdido todo. Desde el Ayuntamiento se podrían hacer planteamientos claros para que la participación en distintos procesos llegue dentro de sus muros, proponer algunas actividades valiosas dentro del Centro Penitenciario, que la transversalidad de la perspectiva de género lleguen hasta allí. Y más en general es posible hacer desde lo municipal una apuesta por medidas alternativas –ofertándolas- y de políticas de prevención del delito.

Las personas presas deben poder votar, deben poder decidir, deben poder seguir sintiéndose parte de una sociedad de la que, no olvidemos, forman parte. Y los/las ciudadanos/as y los nuevos movimientos municipalistas tenemos la obligación de no hacer lo que se ha hecho hasta ahora: invisibilizar a todas las personas que están en prisión y, por el contrario, devolver a las personas presas su condición plena de sujetos activos de la política.