El Gobierno de Navarra salva con acuerdo de última hora con EH Bildu la estabilización de 3.589 funcionarios

El Gobierno de Navarra ha conseguido salvar 'in extremis' el decreto aprobación en sesión de gobierno hace unas semanas para estabilizar 3.589 plazas de funcionarios en la Administración foral gracias a un acuerdo de última hora con EH Bildu. A cambio, el decreto se ha tramitado como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, como reclamaba la coalición abertzale, por lo que se podrán añadir modificaciones en comisión. Pese a que el Ejecutivo de Chivite ha conseguido sacar adelante su propuesta, lo ha hecho con el voto en contra de uno de sus socios, Izquierda-Ezkerra, y con el reproche de Geroa Bai y EH Bildu, que la han considerado “insuficiente”. El principal grupo de la oposición, Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), también ha votado en contra del decreto.

De las 3.589 plazas, 2.890 (el 80,5%) corresponden a procesos selectivos a realizar por el sistema de concurso de méritos y 699 (el 19,5%) a procedimientos de concurso oposición. Se trata de 1.417 plazas referidas al Departamento de Salud (Servicio Navarro de Salud e Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral), 1.406 plazas de Administración Núcleo y 766 referentes al personal docente y asistencial del Departamento de Educación. También 766 plazas de docentes, 543 plazas de enfermería, 434 plazas de auxiliar administrativo, 342 de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), 259 de servicios generales y 109 de médico.

El Ejecutivo prevé que a finales de año se puedan aprobar las convocatorias de empleo público, que deberán estar asignadas para finales de 2023 en cumplimiento con la 'Ley Iceta'. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha señalado que con la aprobación de este decreto “Navarra ejerce su autogobierno en materia de Función Pública, pero respetando el marco básico estatal, actuando con la máxima seguridad jurídica, y con diálogo con los sindicatos y los grupos políticos desde el minuto uno y nos hubiera gustado haber encontrado más consenso”.

La representante de Geroa Bai Blanca Regúlez ha lamentado que el decreto “se ha dejado a última hora” y ha destacado que “se pierde la oportunidad de haber llegado a la tasa mínima de temporalidad que se podía”. “Nos gustaría que se hubiera trabajado de otra forma y con otros tiempos”, ha expuesto.

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha manifestado que su apoyo se debe a que el decreto “estabiliza plazas, no personas” y porque “apostamos por el empleo público de calidad”. “Buscamos favorecer los servicios públicos de calidad”, ha dicho, para agregar que “para ello es necesario fortalecer el empleo público”.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha anunciado la abstención de su grupo en la convalidación porque “la alternativa es peor a no aprobar el decreto, al caos social”. “Sí hemos tenido conversaciones con el Gobierno”, ha dicho para indicar que “se puede mejorar este texto, tenemos propuestas y planteamientos para modificar algunos aspectos del baremo de méritos..., hemos trabajado en ello”. Araiz ha señalado que “hay que conjugar intereses del personal fijo y temporal, de quienes vayan a ingresar en la Administración”, y ha dicho que “habrá que hacer una OPE extraordinaria”. Y ha indicado que no pueden quedar al margen las empresas públicas y hay que ampliar plazas. “Vamos a plantear que se tramite como proyecto de ley”, ha dicho, para afirmar que “no se soluciona el problema de la estabilización”.

En contra han votado Navarra Suma e Izquierda-Ezkerra. La parlamentaria de la coalición de derechas Marta Alvárez ha criticado que “dejan pasar el tiempo para después decir que vamos tarde, un perverso sistema”. “Es mentira que ha negociado con los grupos” porque “con nosotros fue una reunión en la que nos dijo que estaba prácticamente cerrado y que no quería tramitarla como proyecto de ley porque había mucha prisa”. “A nosotros solo nos ha preguntado el sentido de nuestro voto, no nos ha ofrecido negociar nada”, ha afirmado.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha manifestado que se trata de “un procedimiento enrevesado, con criterios de selección totalmente discrecionales, con una alta arbitrariedad, generando agravios comparativos y desorden en la Función Pública”. Según ha dicho, ante esta “alta” tasa de temporalidad, es precisa “una solución valiente, global, objetiva, inclusiva e integral, que tenga como objetivo reducir la temporalidad al 8 por ciento en 4 o 5 años y eso incluye conjugar los derechos del personal funcionarios, interino y de los nuevos aspirantes”.