Objeción de conciencia e insumisión: el fenómeno de oposición al servicio militar obligatorio que revolucionó la sociedad navarra

Navarra fue escenario de uno de los movimientos antimilitaristas y pacifistas más presentes del Estado. Las muestras de solidaridad empezaron con el encarcelamiento del primer objetor de conciencia, Pepe Beunza, en 1971. Sin embargo, hasta el curso 1977-78 no se estructuró oficialmente el Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia en Pamplona. Se definían como 'noviolentos' y, aunque en el desarrollo del movimiento social su objetivo principal fue oponerse al servicio militar obligatorio, surgieron diferentes grupos 'antimili' y antimilitaristas. Para “comprender mejor un movimiento social protagonizado por jóvenes que asumieron ir a la cárcel para oponerse al servicio militar obligatorio dentro de una estrategia de desobediencia civil no violenta y que logró la abolición del servicio militar obligatorio en España”, la Universidad de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo una investigación que se recoge en el ‘Archivo histórico del movimiento de objeción de conciencia e insumisión en Navarra’.

El resultado del trabajo de los investigadores Pedro Oliver Olmo, Bruno López Aretio-Aurtena y Fernando Mendiola Gonzalo ha sido un archivo que cuenta con cuatro secciones: documentación, hemeroteca, carteles y pegatinas, y memoria. Asimismo, han presentado un informe en el que se detalla la “evolución histórica de los movimientos de objeción de conciencia en Navarra” junto con un catálogo de fuentes hemerográficas y audiovisuales y un inventario de los archivos internos de los colectivos presentes en Navarra.

En los últimos años del franquismo el fenómeno de la objeción de conciencia y la insumisión “adquirió en España unas proporciones gigantescas, siendo Navarra una de las provincias que ofreció cifras muy abultadas en todas sus expresiones y en el seguimiento de las campañas de desobediencia que fueron promoviendo los colectivos antimilitaristas”, según señala el informe. El MOC se inició en Pamplona en 1977 por un grupo de estudiantes que defendían el cristianismo social y la “filosofía de la 'noviolencia'”, aportes ideológicos a los que se les sumaron el ecologismo, el feminismo, el anarquismo, y “en menor medida”, el marxismo. Desde el comienzo de su andadura, el MOC navarro militó activamente en las calles. En 1979, los grupos navarros de objeción de conciencia tomaron parte en los “debates y resoluciones ideológicas” del I Congreso del MOC, celebrado en Landa (Álava), sobre “antimilitarismo y 'noviolencia' o la desobediencia civil y las estrategias de respuesta a la posible regulación legal de la objeción de conciencia y la puesta en marcha de servicios civiles sustitutorios”. 

Poco a poco, en la década de los 80, la incidencia del movimiento creció en Navarra, pasando de una media de 10 objetores al año entre 1980 y 1982, a 76 objetores los dos años siguientes. Ese incremento se vio constatado en la “importante” asamblea de Arguiñariz en septiembre de 1981. Así, se emprendió una nueva etapa de difusión con charlas, acciones de denuncia y la oficina de información que se abría todas las semanas, situada en la calle Navarrería, 6. El MOC promovió “la oposición al proyecto de ley de objeción de conciencia (LOC) del PSOE” a través de un encartelamiento frente a la sede del PSOE en Pamplona. De esa oposición nació la estrategia de la “carta colectiva”. En 1985, un año después de la aprobación de la ley, 167 objetores habían firmado el documento, y Navarra se posicionó en cuarta provincia “por número de objetores colectivos, y en la primera si atendemos a la relación con el número de habitantes”, como recoge el informe. Para el año 1987, el número de objetores navarros subió hasta lograr 570 firmas en la “carta colectiva”.

Lo que comenzó como un movimiento de desobediencia civil en los 70, en los 80 se convirtió en una oposición a toda conscripción, “la del servicio militar obligatorio y la de un servicio civil que, al ser sustitutorio del militar, lejos de ayudar a la abolición de la mili, la afianzaba”. En 1986, el movimiento antimilitarista navarro se diversificó. Por una parte, la “izquierda radical navarra promovió la creación de la Coordinadora Antimilitarista KAKITZAT, un colectivo cuyo ámbito de actuación contemplaba la coordinación de colectivos de toda Euskal Herria sin perder de vista la afinidad con los colectivos MILI KK de otras zonas del Estado”. Este grupo se centró en “apoyar la objeción de conciencia y en movilizar a los estudiantes contra el reclutamiento militar, pretendiendo potenciar un movimiento 'antimili' y fortalecer el rechazo popular de la mili”. Por otro lado se estableció GAS, el Grupo Antimilitarista de la Sakana, que “participó con voz propia en distintas coordinaciones estatales y nacionales además de en las principales movilizaciones que promovía el MOC a nivel estatal, desde la ”carta colectiva“ hasta la táctica de la ”reobjeción“ pasando por campañas de objeción fiscal, de devolución de cartillas militares y de rechazo a la incorporación de la mujer a las FAS”.

En 1989 comenzó la “campaña de insumición”, con la que se hicieron tres presentaciones en gobiernos militares del Estado. En todas ellas hubo representación de insumisos navarros. La respuesta del Estado fue “a la vez caótica y selectiva”, pues en todas resultaron detenidos varios insumisos, que pasaron alrededor de 18 días en prisión preventiva. Junto con las presentaciones de insumisos en Pamplona se hicieron muchas iniciativas como “autoinculpaciones ante el Juez de Guardia, apoyos de partidos y sindicatos, presentación de mociones en ayuntamientos y contactos con parlamentarios para que se mostrara la disconformidad institucional con la aplicación de la LOC, ayunos colectivos una vez que comenzaron las primeras detenciones y encarcelamientos, además de ”encartelamientos“, manifestaciones, cadenas humanas, acciones de rechazo a los consejos de guerra”.

Uno de cada tres jóvenes se declaró objetor en 1990, y el 52% de los insumisos procedían de Euskadi y Navarra. Durante los primeros años de la década de los 90, se dieron a conocer los “primeros objetores condenados por insumisión a la Prestación Social Sustitutoria”. Los insumisos crearon el lema “o todos o ninguno” en reacción a la diferencia en las condenas entre los insumisos señalados antes de la modificación de la Ley del Servicio Militar en 1991.

“La cárcel de Pamplona comenzó a destacar por el abultado número de insumisos que comenzó a albergar: en junio de 1993 había 28 insumisos presos y estaba pendiente que ingresaran otros 15”, indica el informe. Coincidiendo con las fiestas de San Fermín de ese año, los insumisos presos iniciaron una huelga de hambre que fue apoyada por miles de manifestantes en las calles de Pamplona. Cuando terminaron las fiestas la cantidad de presos insumisos en Navarra ascendió a 40. Ese año, el Gobierno “reconoció que se trataba de un problema de Estado”, y el ministro Belloch respondió a la crisis con un “cambio legal en materia de reglamentación penitenciaria, lo que suponía el pase rápido de los insumisos presos desde el 2o al tercer grado, intentando transmitir una imagen de semi-despenalización y desactivación de la insumisión”. Sin embargo, el movimiento antimilitarista organizó plantes al tercer grado mediante el quebrantamiento de condena.

Belloch se vio “obligado a pre-anunciar una futura 'despenalización carcelaria de la insumisión' en el nuevo Código Penal que estaban ya redactando al alimón el PSOE e IU, al tiempo que se reformaría la PSS para hacerla más corta y funcional”. No obstante, el MOC respondió que “no aceptaría ningún tipo de penalización y que contestaría con nuevas desobediencias hasta provocar el fin de la conscripción”.

El movimiento de la insumisión en Navarra adoptó una singularidad “visible desde todos los puntos del Estado”: solamente en Pamplona había centenar y medio de insumisos presos, cuando en el resto del Estado las cárceles sumaban con unas decenas. En 1997, el número de objetores superó al número de reclutos en Navarra. Entre 2001 y 2002, se suspendió el SMO, y en 2003, el gobierno del PP abolió la mili “por exigencias de sus socios nacionalistas vascos y catalanes”,  “al tiempo que concluía con éxito evidente un largo ciclo de tres décadas de desobediencia civil”.