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Concentración contra el aviso de desahucio de una familia de la casa parroquial de Yesa

Pilar Cortés (4ª por la derecha), en una movilización de la PAH en Pamplona.

Pilar Cortés, de 55 años de edad; su hija Pilar, de 29; y su nieta María, de 12, se verán en la calle, sin un hogar al que regresar, si prospera la demanda de desahucio interpuesta por el arzobispado de Pamplona, que no quiere que sigan viviendo en la casa parroquial de Yesa a partir del día 29 de mayo.

Pilar y su familia se mudaron de Urraul Bajo a Yesa en febrero de 2014, cuando el párroco de la localidad navarra les “ofreció” la casa parroquial del pueblo a cambio de cuidar el campo de olivos que la rodea y ayudar en la limpieza y mantenimiento de la iglesia local, la parroquia de San Esteban. “No se firmó nada, fue todo de palabra”, reconoce Pilar, que mira con preocupación el futuro inmediato de su familia: “Trabajamos en lo que podemos: hostelería, fábricas… está la cosa muy mal”.

Fuentes del arzobispado explican que el desahucio se debe a que la vivienda “no tiene cédula de habitabilidad” y las obras de envergadura que deben acometerse para legalizarla exigen que no haya moradores en el interior. “Fue un acuerdo verbal, de buena voluntad, para ayudar a una familia necesitada”, reconocen las mismas fuentes. “Ellas trabajaban en la parroquia y a cambio podían vivir en la casa parroquial”, explican. La ausencia de una cédula de habitabilidad, sin embargo, hace que “cualquier problema” que pudiera ocurrir sea responsabilidad legal del arzobispado. “No se puede legalizar la situación”, zanjan.

Sin embargo, ambas partes dejaron pasar el tiempo hasta junio del año pasado, cuando el arzobispado advirtió a la familia de que debía desalojar la vivienda. “Queremos reformar la casa, lograr la cédula de habitabilidad y después formalizar un contrato de alquiler”, explican fuentes de la archidiócesis, que subrayan que no hay “ningún interés económico” en la operación.

No obstante, reconocen que se ha “roto el principio de confianza” entre las partes, por lo que la posibilidad de que Pilar y su familia puedan regresar a la vivienda tras las obras parece remota.

“La relación se estropeó cuando supieron que nos ayudaban desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, explica Pilar, que recurrió a su ayuda después de no entenderse con el arquitecto del arzobispado: “Quería venir a ver la casa en diciembre del año pasado, pero no podíamos atenderle porque estábamos trabajando. ¡Llevaba seis años en paro y no iba a dejar de ir al trabajo por eso!”, exclama.

El desencuentro con el arquitecto judicializó el caso y complicó la situación, pero esa “pérdida de confianza” de la Iglesia en sus feligreses fue anterior: “Un buen día, en octubre, cambió la cerraja de la parroquia, y ya no podíamos entrar a limpiar”, indica Pilar, que relaciona el cambio de llaves con la aparición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: “No podía entrar y el párroco no me cogía el teléfono”.

Hoy a las 17 horas hay convocada una concentración frente al arzobispado de Pamplona para “ejercer presión” ante una “injusticia absolutamente aberrante”, en palabras de Javier Hernández, de la PAH. “¡Una familia con problemas económicos, con una menor a su cargo, y las quieren echar!”, clama. La PAH buscó la ayuda de la Oficina de Mediación del Gobierno de Navarra, que trata de lograr acuerdos menos gravosos para la parte débil de los desahucios, pero en esta ocasión no lo han logrado, por el momento: “El arzobispado no ha respondido, y es raro, porque los bancos suelen hacerlo”, explica. “Nadie está en contra de que se arregle la casa, ni de que se formalice la relación con un contrato. ¿Pero por qué el desahucio?”, se pregunta.

La parroquia de San Esteban y su casa parroquial pertenecen a la Iglesia desde el 16 de agosto de 2003, cuando las propiedades fueron inmatriculadas, según recoge el listado de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

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