La Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, ha emitido un informe en el que afea la concesión de 49 millones de euros en ayudas públicas para el rescate de la empresa de autobuses Sunsundegui entre los años 2009 y 2024. En su escrito, de 46 páginas, Comptos cuestiona la concesión de las ayudas porque señala que estaban sustentadas en informes con datos emitidos por la propia compañía que no fueron “auditados, ni contrastados” y concluye, por tanto, que “no responden a criterios de buena gestión de fondos públicos”.
La histórica empresa carrocera de autobuses Sunsundegui se encuentra ya clausurada después de meses sin actividad y tras acumular una importante deuda de 50 millones de euros. Los 336 trabajadores de la planta ya han recibido la notificación de su despido por parte del Juzgado de lo Mercantil. La compañía nació en 1966 y se dedicaba a la fabricación de motores y locomotoras, especialmente para Renfe. A partir de 1983, cuando Renfe comenzó a ocuparse del mantenimiento de sus trenes, la empresa de Alsasua recondujo su actividad a la construcción de carrocerías de autobuses.
El Tribunal de Cuentas navarro detalla que el grueso de los 49 millones en ayudas se concedieron en el año 2013, cuando Sodena invirtió 35 millones de euros en la compañía para cancelar la deuda que arrastraba y para capitalizar los préstamos concedidos hasta la fecha. En 2019 recibió un nuevo préstamo por valor de 1,5 millones de euros para adecuar las instalaciones de la fábrica y en 2021 otro de 3,4 millones para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19. En 2023 Sodena volvió a concederle otros dos nuevos préstamos por valor de 9 millones de euros para que Sunsundegui pudiese hacer frente al contrato firmado con Volvo para la fabricación de dos modelos de autobuses. Pese a ello, la compañía no pudo completar el encargo, lo que según Comptos, “condenó a la empresa a la desaparición”.
El Tribunal de Cuentas, si bien destaca el “esfuerzo” de la sociedad pública para salvar la empresa carrocera, destaca que los dos últimos préstamos concedidos tenían “un elevado riesgo” y que su concesión “respondió más a criterios socioeconómicos que financieros”. Así, concluye que “desde un punto de vista puramente técnico no respondían a criterios de buena gestión de los fondos públicos” porque estaban soportadas en informes, planes estratégicos o de viabilidad realizados por consultoras, con cifras y previsiones que aportó Sunsundegui, “no auditadas ni contrastadas y que no se han cumplido”.
No obstante, añade que el Gobierno de Navarra y el Parlamento valoraron otros criterios de naturaleza socioeconómica como son el mantenimiento del empleo, la recaudación tributaria inducida y la estabilidad en los pedidos de los proveedores navarros.
Por último recomienda que se exija “compromiso financiero a los accionistas de las empresas que reciban ayudas públicas” y que se limite en el tiempo las ayudas a empresas en crisis en función de su evolución. Recomienda a su vez comunicar a la Comisión Europea de manera previa la concesión de las ayudas que puedan considerarse de Estado.
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