El Gobierno desiste de mantener abierto el vertedero de Góngora hasta 2030
El Gobierno de Barkos da marcha atrás en su intención de alargar la vida del vertedero de Góngora hasta 2030. A pesar de que el borrador de Plan Integral de Gestión de Residuos (PIGRN) recoge como “escenario 2” el de “prolongar la fecha de clausura de Góngora hasta que alcance su capacidad máxima de llenado, aproximadamente en 2030”, y ante la amenaza del alcalde de Aranguren de acudir a los tribunales, fuentes del departamento de Medio Ambiente han trasladado de forma verbal a los grupos políticos de la Mancomunidad que, finalmente, no se alargará la vida del vertedero y se estudiarán otras alternativas. Las alusiones a que Góngora pueda estar abierto hasta 2030 desaparecerán del plan definitivo, se ha comprometido el Gobierno.
El borrador del PIGRN elaborado por la consejera Isabel Elizalde, propuesta por Bildu para el cargo, está levantando ampollas no sólo entre los socios del cuatripartito, sino también entre los distintos ayuntamientos navarros que se ven afectados por los planes de gestión de residuos que incluye el borrador del PIGRN.
A la polémica sobre la posibilidad de que en Navarra se pueda incinerar la fracción resto de los residuos (la parte que ya no puede tratarse más), una posibilidad que Bildu rechaza de plano y el propio Geroa Bai (partido que lidera el Gobierno) considera “un debate superado”, se suma también el futuro que el PIGRN prevé para el vertedero de Góngora.
Situado en el Valle de Aranguren, el vertedero de Góngora se inauguró en 1993 después de unas importantes movilizaciones vecinales que protestaban por su apertura. Inicialmente, su clausura estaba prevista para 2020, pero se habilitó una moratoria hasta 2022 a través de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Aranguren y la Mancomunidad de Pamplona. Góngora recibe prácticamente el 40% de la basura que se genera en Pamplona y su Comarca, donde se concentra más de la mitad de la población de Navarra. Y, a pesar de que la puesta en marcha del quinto contendor de la materia orgánica ha mejorado este aspecto del tratamiento de residuos, la Mancomunidad es consciente de que el porcentaje de basura que se vierte está muy lejos del objetivo que marca la normativa europea de vertido cero para 2030.
Negociar con Aranguren
El vertedero de Góngora juega, por tanto, un papel fundamental en el nuevo PIGRN que quiere aprobar el Gobierno de Barkos. A lo que ya recoge textualmente el borrador, la propia consejera Elizalde añadió, durante la presentación pública del documento, que la vida operativa del vertedero podría alargarse hasta “2030 o 2040, dependiendo de las alternativas que se vayan a decidir”.
Para poder alargar la vida del vertedero, el Gobierno tendría que negociar con el Ayuntamiento de Aranguren como propietario de los terrenos. Esta necesidad de negociación aparece recogida como un “problema” en el propio borrador del plan.
Y negociar con Aranguren no solo va a ser un problema. Va a ser imposible. El alcalde, Manolo Romero, un independiente que ya era concejal del Valle cuando se inauguró el vertedero, lo advirtió en la misma presentación del PIGRN. Aranguren recurrirá a los tribunales si el Gobierno pretende prolongar la vida útil del vertedero más allá de la fecha acordada entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad.
Manolo Romero es un viejo conocido de los responsables de Medio Ambiente del Gobierno en los tribunales. De hecho, en el proceso judicial desarrollado en 2007 para repartir los residuos entre Arazuri y Góngora, la hoy consejera de Interior, María José Beaumont, asesoró como abogada al Ayuntamiento de Aranguren y, ya entonces, advirtió de la posibilidad de tener que cerrar el vertedero de Góngora por la proximidad de los núcleos urbanos.
El alcalde Romero ha jugado sus cartas con la ventaja de que el mismo gobierno que ahora quiere ampliar la vida del vertedero es quien asesoró al Ayuntamiento hace casi 10 años y recomendó el cierre de la planta. Con estos antecedentes, acudió a reunirse con el presidente de la Mancomunidad, Aritz Ayesa (Bildu) y a recordarle que el convenio firmado entre ambas instituciones fija el cierre del vertedero en 2022. El de Bildu tenía poco margen. Romero le arrancó un compromiso: “Tenemos un convenio firmado hasta 2022 y ya está, es lo que hay”, señaló Ayesa. También se preocupó de “despejar la duda de que la Mancomunidad hubiera sido cómplice en la intención anunciada por el Gobierno de Navarra de alargar la vida útil de Góngora hasta 2040”. O, por decirlo de forma más clara, esto no ha sido cosa de Bildu.
El alcalde Romero se ha movido rápido. Sin que hubiera pasado más de una semana desde la presentación del PIGRN, ya había anunciado su intención de acudir a los tribunales y había logrado el compromiso de Bildu de atenerse al convenio que fija el cierre del vertedero en 2022. Ahora tocaba mover ficha al Gobierno, que acusó el jaque mate.
Lo hizo sin anuncios públicos, en una reunión interna entre Medio Ambiente y la Mancomunidad en la que no intervino la consejera Elizalde, sino su directora general, Eva García. Habían pasado exactamente siete días desde la presentación del PIGRN y la directora general pidió disculpas a los representantes políticos de la Mancomunidad y se comprometió verbalmente a que la posibilidad de prolongar la vida de Góngora no apareciera en el documento definitivo del plan.
