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Lanbide pierde un gestor clave: el director del área de gestión de la RGI

Luis Rivilla llegó a Lakua antes de hacerse efectiva la transferencia de la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos a finales del 2011 para liderar su puesta en marcha. 

El responsable del programa recupera, tras presentar su renuncia, su plaza de técnico en las oficinas de Donostia.  

Los trabajadores convocan tres días de huelga para la próxima semana en defensa de los 200 puestos de trabajo que, a su juicio, el Gobierno vasco quiere eliminar en el proceso de ordenación interna del servicio.

El director del área de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos en Lanbide, Luis Rivilla, ha presentado su renuncia y vuelve a las oficinas del servicio en Donosti. Allí ocupará su antiguo puesto de técnico tras más de dos años al frente de la conflictiva área, según ha podido saber eldiarionorte.es. El Servicio Vasco de Empleo, que pasa actualmente por unos de sus momentos más delicados en cuanto a conflictividad interna, pierde así al responsable que echó a andar la gestión de la RGI. 

Rivilla se incorporó al puesto de director en Lakua unos meses antes de hacerse efectiva la transferencia de la prestación con el encargo de liderar el proceso de lanzamiento de la gestión de la nueva competencia. Aunque no han trascendido oficialmente las causas de su marcha, según fuentes consultadas por eldiarionorte.es, las últimas decisiones tomadas por el Gobierno y las difíciles negociaciones de la nueva relación de puestos de trabajo, podrían haber desencadenado su abandono. El proceso de reordenación interna podría suponer, según advierten los trabajadores, la eliminación de 200 puestos directamente relacionados con la sección dirigida por Rivilla.

Al frente de un servicio especialmente conflictivo

Durante su estancia como gestor ha afrontado además otras situaciones difíciles. La plantilla a su cargo ha sido amenazada en numerosas ocasiones e incluso se han producido intentos de agresión contra los trabajadores. La tensión de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, perjudicados por el retraso en los pagos de la prestación, fue en aumento el pasado año. Tales eran las amenazas que sufría el personal que el Gobierno se vió obligado a incrementar la seguridad en las oficinas donde se tramita dicho recurso. Rivilla ha tenido que lidiar con continuas críticas sobre indicencias en los traslados de expedientes, descoordinación, desinformación, demoras y otros problemas de tramitación que repercutían directamente en personas muy afectadas por la crisis, la mayoría en riesgo de exclusión social.

Precisamente, las quejas de los ciudadanos al Ararteko han aumentado el 50 % durante los dos últimos años (hasta sumar 3.000 en 2012), en gran medida debido a la subida de las reclamaciones relacionadas con los subsidios. Actualmente, casi el 90 % de las quejas sobre derechos sociales están relacionadas con el mal funcionamiento de Lanbide respecto a la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Los retrasos en resolver las solicitudes de las prestaciones sociales, su suspensión o denegación y el mal funcionamiento de la Administración en estos trámites son los principales motivos de queja.

Esta dimisión es otro duro golpe para el departamento de Empleo que se enfrenta desde hace meses a movilizaciones continuas de los trabajadores de Lanbide y secundadas por una amplia mayoría de la plantilla en defensa de esos 200 puestos que temen perdidos. Los empleados también denuncian que la dirección del ente autónomo quiere reducir el salario en un 20% a más de un tercio de la plantilla y aumentar la jornada laboral de 35 a 37 horas y media.

Los afectados por estas medidas han decidido en una última asamblea convocar de nuevo jornadas de huelga. En esta ocasión concentran tres paros seguidos en menos de siete días ante la ausencia de avances en las negociaciones. El próximo viernes celebrarán una nueva jornada de movilizaciones a la que suman otra el lunes y una más al día siguiente, el martes.

También valoran la posibilidad de comenzar una huelga indefinida partir del día 10 de marzo. 

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