Beaumont ve de “enfermedad” que “en vez de valorar la OPE” se “intente desviar la atención” hacia las plazas en euskera

Beaumont, en declaraciones a los periodistas, ha remarcado, ante las críticas por el número de plazas en euskera en la OPE, que “el decreto foral de noviembre de 2017 regula qué puestos de trabajo tienen que tener necesariamente, por la atención directa a la ciudadanía, conocimiento de euskera”. Y ha defendido que “la población euskaldun navarra se merece y tiene derecho a ser atendida por la administración en esta lengua”.

En cuanto a las plazas en euskera en Salud y administración núcleo, Beaumont ha explicado que Euskarabidea “hace informes que son preceptivos perfilando aquellas plazas que en cumplimiento de ese decreto tienen que tener conocimiento del euskera, en qué grado y nivel”. “Está todo absolutamente documentado y razonado”, ha agregado, para señalar que aunque el decreto “está recurrido, se negó la suspensión de los efectos y consecuentemente está en vigor y es de aplicación obligada”.

Respecto a las plazas en euskera de Educación, la consejera ha explicado que en este caso “no es preceptivo que Euskarabidea haga esa perfilación, porque la hace el propio departamento”.

Beaumont ha detallado que este jueves se sometió a negociación con los sindicados la propuesta de la Administración, que “no es definitiva”. Según ha indicado, los sindicatos tienen hasta el próximo martes para hacer sus propuestas y se terminará de negociar el próximo jueves.

Por otro lado, en cuanto a las oposiciones, ha afirmado que el Gobierno propone que algunas plazas se puedan acumular a otras incluidas en ofertas anteriores ordinarias, o una extraordinaria que aprobamos en septiembre, para “poder sacar una oposición con mayor número de plazas”, de tal modo que las correspondientes oposiciones serían a lo largo de 2019.

En este sentido, ha destacado que “no es lo mismo preparar una oposición para cuatro plazas que para 60” y que también esta opción es positiva para la Administración teniendo en cuenta el coste “importante” de convocar tribunales.