La 'buena batalla' contra la segregación escolar

El estudio sobre políticas educativas y segregación escolar en España –elaborado por EsadeEcPol y Save the Children conocido esta semana– viene a corroborar el diagnóstico que durante la última década han hecho diferentes organismos internacionales. Coinciden en señalar la necesidad de que nuestro país revise la situación que, en el ámbito educativo, arrastra desde hace años.

En uno de sus libros, Paul Krugman utiliza la expresión “buena batalla” para referirse a la necesidad de presentar argumentos no solo con datos, sino también con el énfasis necesario para contribuir al hallazgo de soluciones. El diagnóstico de los expertos sobre la situación en España es claro y compartido, y por eso hace tres años el Gobierno consideró urgente reorientar el rumbo del sistema educativo y formular soluciones a través de una ambiciosa reforma. Nuestro compromiso frente a toda forma de segregación o exclusión es firme. Es una evidencia contrastada que los sistemas que clasifican o separan alumnos a edades tempranas obtienen peores resultados, son desmotivadores y excluyentes, reproducen una pauta clasista de abandono escolar y condicionan el futuro del alumnado. La segregación pervierte la función esencial de la escuela y es un freno para la educación y la cohesión social. Por eso defendemos un modelo basado en la equidad y la inclusión, principios compensadores de las desigualdades de origen, con la LOMLOE como estable y sólido marco de desarrollo.

Por primera vez, una Ley educativa española reconoce de manera explícita la existencia del problema y establece medidas concretas para afrontarlo. Así, en la admisión del alumnado en centros públicos y concertados, las Administraciones públicas habrán de garantizar el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación, y velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida.

La LOMLOE señala que la escolarización de menores en situación de vulnerabilidad socioeducativa se regirá por los principios de participación e inclusión, y asegurará la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema, al objeto de favorecer su éxito escolar.

La transformación del sistema educativo que impulsamos desde el Ministerio y que alienta la Ley –respaldada mayoritariamente en el Parlamento y por el sector educativo– se fundamenta en la importancia que otorgamos a las políticas de conocimiento, esenciales para una prosperidad inclusiva. Además de facilitar el desarrollo personal, la educación es la clave del ascensor social. Usando un pensamiento de Confucio, “donde hay educación, no hay distinción de clases”. Sin embargo, el ascensor social no funciona adecuadamente para quienes parten de los pisos más bajos, y esa dificultad para abandonar el llamado “suelo pegajoso” responde, entre otras causas, a un sistema educativo que pierde por el camino a una parte de los jóvenes, que no terminan sus estudios y no logran adquirir las competencias imprescindibles para la edad adulta.

Dado que el conocimiento es la fuerza productiva más determinante y estratégica de futuro, es prioritario reducir las tasas de abandono escolar, que están por encima de la media europea. Para ello, defendemos un sistema más flexible y personalizado, que deje de ser una carrera de obstáculos con carácter eliminatorio y que se focalice en el objetivo de que la inmensa mayoría del alumnado adquiera conocimientos y desarrolle al máximo su talento. El estudiante ha de esforzarse y el sistema, también. Hemos de establecer los refuerzos necesarios para llevarle al éxito y que logre titular en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes de nuestro entorno europeo.

Es necesario acabar con la segregación en el acceso al sistema educativo, pero también en la salida. Hemos de revertir esta situación que lleva a la desvinculación de la escuela – en un momento en el que apostamos por la formación a lo largo de la vida- y de todo lo que representa: el valor del conocimiento y la cultura, el respeto a los demás, el pluralismo y la aceptación de la diversidad y de la ciudadanía democrática.

Elevar el nivel general de conocimientos y los niveles formativos es esencial para el desarrollo personal pleno, pero también para aumentar la empleabilidad y la productividad, apostando decididamente por la formación profesional como estrategia de país.

La LOMLOE establece con claridad los principios rectores que los gobiernos autonómicos han de tener en cuenta para garantizar, en el ejercicio de sus competencias, una educación cimentada en la excelencia y la equidad, esenciales para la prosperidad económica y el bienestar de la ciudadanía.

Un país necesita todos los talentos, no solo los de las élites. Todos son igual de importantes y necesarios para nuestra economía, para nuestra cultura y para nuestra democracia.