Ciudades feministas para vivir libres y seguras
El pasado 8 de marzo las mujeres volvimos a llenar las calles multiplicando las expectativas de una manifestación, ya multitudinaria, como fue la de 2018. Durante todo el mes previo, las mujeres de nuestro país, a través de las campañas impulsadas por el movimiento feminista, explicamos los 1.000 motivos que nos obligaban a secundar la huelga feminista por segundo año consecutivo.
Y es que, el movimiento feminista español se ha convertido en referencia mundial. El pasado 8 de marzo las miradas de todas las mujeres tenían en el retrovisor nuestras calles y plazas, tanto de las grandes ciudades como de pueblos y zonas rurales porque, aunque el movimiento feminista ha ido realizando conquistas, las mujeres tenemos aún mucho camino que recorrer hasta la igualdad real, y no legal, como se plantea desde algunos feminismos.
Una de las reclamaciones más extendidas por parte del movimiento feminista y apoyada por la sociedad en su conjunto, es una actuación política integral contra las violencias machistas, que desde 2003 ha dejado 987 asesinadas -reconocidas según la Ley de Violencia de Género, que no contabiliza todos los crímenes machistas- esto es, todos los asesinatos de hombres a mujeres por el hecho de ser mujeres. Además, tampoco podemos perder de vista la violencia sexual, que impide que las mujeres podamos sentirnos seguras ni en nuestros entornos más cercanos, que es precisamente donde tiene una importancia especial la incidencia política municipal.
En nuestro país se producen 4 violaciones cada 24 horas (con esto nos referimos a denunciadas), o lo que es lo mismo, una cada seis horas. En Madrid ciudad la cifra oficial es de una violación cada dos días, esto es, de todas las que se puedan producir, sólo se denuncia una cada dos días, y vemos cómo la estadística general de nuestra región también aumenta en 2018 respecto a 2017: en la Comunidad de Madrid se incrementaron el año pasado en un 40,9% las agresiones sexuales con penetración y en todo el Estado, se produjeron sólo en los primeros cuatro meses del año pasado tantas agresiones sexuales múltiples como en todo el año 2016, y la cifra siguió creciendo durante todo el 2018 hasta duplicar las cifras de agresiones sexuales múltiples de 2017, pese al repudio social de casos como el de ‘la manada’.
Más allá de las interpretaciones que se puedan hacer de estos hechos, o de las estrategias políticas que se quieran poner en funcionamiento para intentar restar importancia a estos datos, la realidad es que la violencia ejercida contra las mujeres es una de las principales cuestiones a las que cualquier gobierno debe de dar respuesta.
Y es que, son muchas las voces que coinciden en que las violencias machistas se tienen que abordar desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que se aplican políticas feministas encaminadas a revertir la desigualdad estructural inherente a la sociedad patriarcal en la que vivimos y en la que nos educamos.
A lo largo de los cuatro últimos años, en los que el feminismo se ha ido colocando en el centro de la agenda política de nuestro país, han habido diferentes iniciativas políticas encaminadas a poner fin a las violencias machistas, y en concreto a la violencia sexual, como son la Ley de Libertad Sexual impulsada por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, o la creación del primer centro de crisis para la atención a las víctimas de violencia sexual -que se abrirá en Madrid en 2019 como primer y único centro en España- que sin embargo sí cuenta con más ejemplos en el resto de Europa o Estados Unidos.
Resulta evidente que estas medidas son necesarias aunque no son suficientes para acabar con la violencia sexual. Es necesario no solo que el feminismo se incluya en el currículum educativo de nuestra región, sino que, entre otras medidas, se dé solución a la falta de un protocolo regional de actuación ante casos de violencia sexual en grandes eventos o fiestas patronales. Estos procedimientos sí existen en algunos municipios, como en Madrid, aunque están desactualizados y tal y como denuncian colectivos feministas como “Generando red contra las violencias machistas”, están elaborados desde la perspectiva de quién atiende estos casos, normalmente hombres, en vez de ser pensados y establecidos poniendo en el centro las necesidades de las mujeres agredidas.
En este sentido, resulta llamativo cómo Ciudadanos, en el último tramo de la legislatura, ha incluido mociones en los municipios de nuestra región para instar al gobierno de la Comunidad de Madrid -cuyo principal apoyo ha sido el partido que encabeza Rivera-, para que se elaborase dicho protocolo, que lleva cuatro años para redactarse.
Quizá la tranquilidad de quienes legislan se deba a que en su mayoría no sufren las consecuencias de la violencia que nos amenaza a nosotras por el hecho de ser mujeres, porque son hombres. De lo contrario comprenderían que no es de sentido común que una mujer que sufre una agresión sexual en nuestra región tenga como uno de los pocos hospitales de referencia a La Paz, situado en la zona norte de Madrid, para asegurar que las pruebas médicas que le realicen para demostrar la agresión sexual no rompen la cadena de custodia y puede tener acceso a un juicio justo.
O que la formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al personal sanitario y jurídico en esta materia no es un lujo, sino una obligación para que ninguna mujer tenga que contar mil veces lo que le ha sucedido, obligándola así a revivir una y otra vez una experiencia que a todas luces no es placentera, que no le ayuda a pasar página y continuar con su vida. Así como el acompañamiento de todas las víctimas a lo largo del proceso, desde que se produce hasta que retoman la seguridad y dejan atrás lo sucedido, comprendiendo que en el protocolo deben contemplarse todas las formas de violencia sexual y no sólo las agresiones, como sucede hasta ahora, además de la posibilidad de que la víctima sea una menor de edad.
Por eso necesitamos políticas valientes que nos acompañen y protejan, entendiendo que el fin de la violencia sexual en concreto -y del resto de las violencias machistas- es un asunto de seguridad, para que todas nosotras podamos vivir en libertad. Y recordar que quienes están o vamos a formar parte de las instituciones no estamos solas para lograrlo. Tenemos a un montón de compañeras valientes dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que día a día trabajan activamente por despatriarcalizar estas estructuras y acabar con el machismo que sufren doblemente. Por un lado, como mujeres dentro de plantillas muy masculinizadas, y por otro, como mujeres que empatizan con la discriminación que sufrimos al ser atendidas en situaciones en las que por falta de formación con perspectiva de género lo habitual es que nos infantilicen, o resten importancia a lo que sentimos cuando sufrimos una agresión.
Porque sólo juntas seremos capaces de convertir nuestras ciudades y nuestros entornos en espacios seguros y libres de violencias machistas en los que ninguna mujer más tenga miedo a vivir en libertad por el mero hecho de ser mujer. Nos lo debemos a nosotras mismas, a las que nos precedieron, las que están por venir y las que perdieron su vida en el camino.
