Derecho a la vivienda en España ¿Para quién?

El Derecho Humano a la vivienda en España, o no existe o es muy insuficiente, y no lo dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sino que lo afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en un dictamen emitido hace ahora un año. El derecho de acceso a la vivienda en España no depende de la condición humana de las personas, sino de la capacidad económica de cada una. No tenemos Parque de Vivienda Pública para el alquiler, y apenas vivienda social, por tanto, o estás en condiciones económicas de que te den una hipoteca para comprar una casa o dispones de ingresos suficientes para alquilarla. Si no es así, es imposible el acceso.

La inversión pública estatal en vivienda apenas llega al 2%, y además sólo está orientada a transferir dineros públicos a grandes constructoras y grandes tenedores privados de vivienda. Un ejemplo es el Plan de Vivienda 2018-2021 del ex ministro De la Serna, que prevé un gasto de 1.445 millones de euros, destinado a financiar promociones privadas de vivienda destinada durante un tiempo al alquiler, la rehabilitación de casas y edificios (ayuda utilizada por los fondos buitre para la mejora de los edificios que compran), y ayudas a pagar las rentas de alquiler, que acaban en las cuentas de los grandes tenedores. Con estas políticas, al final de 2021 seguiremos sin tener un Parque de Viviendas Públicas para alquiler y tendremos 1.445 millones de euros menos, que estarán en las cuentas de los destinatarios finales reales del plan. Además, diferentes expertos coinciden: este plan impulsará una mayor subida de los precios.

Estamos sufriendo ya una burbuja de alquiler, con un incremento de precios en 2017, que algunas fuentes sitúan por encima del 18%. En la PAH pensamos que esta brutal subida es consecuencia de varios factores como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó el PP en 2013, que limita a 3 años los contratos de alquiler, y permite al casero no renovarlos directamente o subir la renta a su libre albedrío.

La turistificación es otro de esos factores, ya que reduce la oferta de alquiler residencial. Por último hay otros tres factores determinantes. Por una parte el acaparamiento de casas por parte de socimis (auténticos paraísos fiscales dentro de España), fondos buitre y bancos que van camino de convertirse en oligopolio del alquiler y de la vivienda en general, la ausencia de índices de referencia de precios, obligatorios y vinculantes, como existen por ejemplo en Alemania y por último la falta de un Parque de Vivienda Pública para el alquiler que modere precios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene instrumentos para abordar con éxito esta burbuja.

Pero también se empieza a avistar una nueva burbuja del precio de compra de las casas, según la Sociedad de Tasación en los 6 primeros meses de este año la subida media fue del 5,9% a sumar al 4,2% que subieron en 2017 ¿Tendrá algo que ver el oligopolio del que hablamos en el punto anterior? Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías.

Después, los bancos empezaron a desprenderse de sus activos (tóxicos y no tóxicos), en favor de fondos buitres y socimis (incluso la Sareb llegó a crear su propia socimi) vinieron después cientos de miles de desahucios, el retorno o la huida de decenas de miles inmigrantes que ocupaban viviendas… A día de hoy, es difícil cuantificar el censo de casas vacías, pero sí parece evidente que los principales tenedores de centenares de miles de ellas son el oligopolio ya citado e integrado por fondos buitre, socimis y bancos. Y mientras éstos se afanan en acaparar vivienda a precios de saldo, ninguna Administración Pública ha hecho ni hace nada por generar Parque Público.

Muy recientemente Bankia, banco actualmente público, se desprende de suelo y casas que podrían haber servido para empezar a generar Parque hoy inexistente, y lo vende a precio de saldo a fondos. Dentro de poco España estará en manos de esos buitres. Esta situación debe revertirse, porque los activos y el banco rescatado son necesarios para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padecemos.

Desde los gobiernos, poco o nada se ha hecho. El actual Gobierno hereda 10 leyes autonómicas de vivienda recurridas ante el Constitucional por el anterior del PP. Una lamentable respuesta también del gobierno PP al Comité DESC de la ONU, que ha propiciado una investigación por parte del Defensor del Pueblo.

La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas, mediante su cesión obligatoria para su uso como Parque Público, o bien fuertes sanciones que obliguen a esa salida. Una reforma de la fiscalidad de la vivienda que, obligue a las socimis a pagar impuestos, y que grave fuertemente las casas cerradas. Una ley como la ley belga contra los fondos buitre pero que abarque más allá de la deuda pública.

Pero también requiere de leyes específicas, y en este terreno sí tiene ventaja el actual Gobierno, cuenta con la Ley de Vivienda de la PAH, la primera que tuvo entrada en el Congreso, fue registrada por primera vez el pasado 10 de enero, antes que la del PSOE, que sólo afecta a alquileres, registrada en marzo o la de Unidos Podemos, igualmente limitada al alquiler y registrada en abril.

La Ley de Vivienda de la PAH, empieza proponiendo el cumplimiento del Derecho Internacional en materia de vivienda regulado por el PI DESC, suscrito por España en 1976, y ratificado en su Protocolo Facultativo en 2013, y que por tanto, debe prevalecer sobre la legislación interna de España (Ley de Tratados Internacionales de 2014), esto conlleva la suspensión de cualquier desahucio cuyas víctimas carezcan de alternativa habitacional.

Y la dación en pago retroactiva, para que las víctimas de los gobiernos que no aplicaron en España la Directiva 93/13 y permitieron las hipotecas preñadas de cláusulas abusivas, cancelen al menos las deudas ilegítimas consecuencia de procedimientos judiciales ilegales, según el TJUE. En materia de alquileres ya hemos dicho el contenido de nuestra ley y por último, el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas, estableciendo un mínimo de subsistencia, e implicando a las suministradoras en el coste.

El pasado día 20 de junio, desde la PAH solicitamos por email una entrevista al ministro José Luis Ábalos y a día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Sin embargo, sí pudimos ver en su toma de posesión a representantes de las grandes constructoras como Florentino Pérez, o Villar Mir (este además implicado en la Gürtel)… Esperamos que tenga algún tiempo para contestarnos a nosotras…

También desde la PAH, hemos concertado entrevistas con casi todos los grupos parlamentarios del Congreso para el próximo miércoles día 11. Hasta el momento el PSOE no ha confirmado, esperamos la sorpresa de que sea finalmente el Ministro quien nos reciba.