Por qué España no debe extraditar al periodista turco Hamza Yalçin

Desde hace tiempo, en la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información venimos denunciando las detenciones masivas e indiscriminadas de decenas de miles de periodistas, juristas, funcionarios y académicos sin el menor respeto a las garantías propias de un estado democrático y de un aliado de España.

No podemos olvidar que desde hace un año el Convenio europeo de Derechos Humanos se encuentra suspendido en este país.

Los datos así lo acreditan. En lo que respecta a la libertad de prensa, en la actualidad se encuentran en Turquía 164 periodistas detenidos, lo que le convierte en el país del mundo con más informadores en prisión, según el International Press Institute. Además, se han cerrado más de 150 medios de comunicación por decreto y cientos de organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas.

Hace meses, ante la gravedad de la situación y a raíz de la detención de 17 periodistas, directivos y abogados de uno de los pocos medios independientes del país, el periódico Cumhuriyet, cuyo juicio se celebró precisamente hace dos semanas, nos dirigíamos al ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, pidiéndole que mostrase su repulsa por estos hechos e instase a Turquía a recuperar las garantías democráticas y a liberar a todos los periodistas y activistas detenidos injustamente como represalia política.

No nos consta que nuestro gobierno haya tenido ningún tipo de iniciativa en esa dirección.

En cambio, sí ha sido efectivo aplicando una orden de detención internacional emitida por Turquía contra el escritor y periodista sueco-turco Hamza Yalçin, detenido el pasado día 3 en el aeropuerto de El Prat y ahora en prisión, sin tener en cuenta este contexto, que es manifiesto, y de que Yalçin reside en Suecia desde hace dos décadas.

A pesar de la seriedad de estos hechos, no tenemos información oficial que explique lo ocurrido ni conocemos el contenido exacto de la orden de detención de Turquía. Por lo que hemos sabido, ésta se basa en que el periodista habría “insultado” al presidente de Turquía en un artículo de prensa y en la amenaza terrorista que, según el gobierno de Erdogan, podría representar.

Sin embargo, se trata de una acusación que, de confirmarse, no merece credibilidad: como desde la PDLI hemos recordado estos días, el propio comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha denunciado en un reciente informe “el amplio margen de aplicación de conceptos como propaganda y apoyo a grupos terroristas, que incluye a ciertas declaraciones y personas que evidentemente no incitan a la violencia”, advirtiendo que “los legítimos desacuerdos y crítica a las políticas del Gobierno son vilipendiados y reprimidos”.

Así lo entienden también organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, como la Federación Europea de periodistas (FEP/EJF) y la Federación internacional (FIP/IJF), que en estos días se han sumado a esta denuncia.

Desde el Instituto Internacional de Prensa, por ejemplo, son claros al advertir que “si España extradita a Hamza Yalçin será cómplice de las violaciones de derechos humanos cometidos por Turquía desde el fallido golpe de estado”.

Como no podía ser de otro modo, la detención y prisión de este periodista y escritor turco ha causado una gran alarma social. No es para menos. Que la capacidad de represión arbitraria del gobierno turco contra todo tipo de voces críticas no solo no se frene, sino que pueda extenderse más allá de sus fronteras, es muy grave.

A Hamza Yalçin no se le acusa de otra cosa que de ejercer, como periodista y escritor, su legítimo derecho a la libertad de expresión.

Lamentablemente esta alarma no ha servido para que se produzca algún tipo de reacción o de valoración oficial que explique satisfactoriamente lo ocurrido. De este modo, España podría llegar a deportar a un periodista sin que los ciudadanos conozcamos con detalle en qué se fundamentan los cargos de los que se le acusa.

Desde la PDLI hemos pedido, en primer lugar, que el gobierno explique las razones de esta detención, más allá de las informaciones que han transcendido. En particular, nos interesa conocer por qué una vez que esta se ha producido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la prisión para Hamza Yalçin.

Esta solicitud de aclaraciones la hacemos extensiva a todos los Grupos Parlamentarios españoles, tanto del Congreso como del Parlamento Europeo. Consideramos que tendrían margen para, por ejemplo a través de la Diputación Permanente, reclamar la comparecencia de los ministros competentes. Igualmente, en Europa urge revisar, entre otras cosas, la gestión de las peticiones de detención a través de la Interpol que cursa Turquía mientras permanezca suspendido el Convenio europeo de Derechos Humanos.

También reclamamos al gobierno, a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional que den los pasos necesarios para que el periodista sea liberado de inmediato y que no se atienda la petición de extradición de Turquía.

Próximos pasos

Por nuestra parte, consideramos que nuestra legislación −la Ley de Extradición Pasiva (LEP)− contempla supuestos suficientes para que España rechace la petición de Turquía, una vez que este país la formalice dentro del plazo de cuarenta días con el que cuenta.

Por un lado, entendemos que podría fundarse la denegación en el artículo 5.1. de esta norma, que permite rechazar la extradición cuando se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud se ha presentado con el fin de castigar a una persona por opiniones políticas; por otro, aunque falta por conocer por qué supuesto delito concreto se pide la extradición, el artículo 4.1 también es claro al contemplar que estas solicitudes se rechacen cuando se trata de delitos de carácter político.

A nuestro juicio, hay suficientes datos documentados, respaldados tanto por asociaciones internacionales de periodistas y de defensa de la libertad de prensa como por organismos internacionales, que permiten hacer uso de estos supuestos.

Tampoco debe descartarse recurrir al artículo 4.6, por no ofrecer Turquía garantías suficientes de garantizar la seguridad del periodista.

Desde la PDLI, por lo tanto, vamos a aportar en los próximos días a la Fiscalía, en primer lugar, los datos que acreditan la situación de constante violación de los Derechos Humanos y las libertades en Turquía, así como noticias e informes donde se recogen estos hechos. En segundo lugar, haremos constar documentalmente la alarma social internacional generada tras la detención del periodista. Finalmente, informaremos de la trayectoria de compromiso político de Hamza Yalçin como periodista y escritor a favor de los Derechos Humanos y la libertad de expresión.

Por supuesto, insistiremos en nuestra exigencia de que, mientras esto se resuelve, Hamza Yalçin sea puesto en libertad a la mayor urgencia.

Censura en Internet

Por último, queríamos llamar la atención sobre la censura que, junto a medios y periodistas, está afectando a Internet en Turquía. Desde la PDLI venimos defendiendo que la libertad de información es inseparable de la defensa de los derechos digitales y del libre acceso a la red y, por tanto, forma también parte de nuestras principales preocupaciones.

Hace unos meses supimos, a través de la iniciativa “Turkey Blocks” que mapea en tiempo real los apagones en Internet, que la popular enciclopedia online Wikipedia había sido bloqueada.

No se trata de una situación excepcional. Ya antes del fallido golpe de Estado, y de que fuese decretado el estado de emergencia, el gobierno de Erdogan figuraba a la cabeza, entre los supuestamente democráticos, por sus restricciones de Internet y de redes sociales tanto mediante iniciativas legislativas como con cortes por decreto como los que en los últimos años han afectado a Twitter, Vimeo, Youtube o la red Tor, sobre todo desde que fueron una herramienta clave para difundir y organizar las protestas del Parque Gezi de 2013.