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El exconsejero, la expresidenta y unas elecciones

Rafael Van Grieken, exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid y Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad.

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George W. Bush sucedió como si fuera una estirpe real a quien destronó a su padre, George H. W. Bush, el bochornoso Bill Clinton. Pasó a ser el 43 presidente de Estados Unidos después del 41 que fue su casi homónimo padre. No podemos poner en duda que tiene derecho a presentarse a unas elecciones democráticas; pero como somos inquietos, alguno puede ceder a la tentación, dios no lo quiera, de preguntar ¿es ético? Enseguida nos dirán, "cualquier ciudadano tiene todo el derecho del mundo a presentarse". Pero como uno, en el marco de una conversación de barra de bar, puede quedar ofuscado y un poco anestesiado por los vinos que ha tomado, podría insistir; "sí, claro, puede hacerlo, faltaría más, pero la probabilidad de que un hijo suceda en un puesto de esta naturaleza a un padre como sucesos independientes, es, sencillamente, cero". No nos engañemos, es legal, claro que sí, pero representa una disfunción, una evidencia de que algo no va bien y de que todos no somos iguales al enfrentarnos al reto de unas elecciones democráticas. 

El que fuera consejero de educación de la Comunidad de Madrid y responsable de universidades con Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, Rafael van Grieken, se presenta a las elecciones de rector de la vapuleada URJC. Aunque a uno le pueda resultar extraño, al menos desde el punto de vista ético, que alguien que ha ostentado una posición política de esta naturaleza pueda presentarse a rector, no cabe duda de que lo puede hacer. Faltaría más. Es absolutamente legal. Como una estirpe de calidad científica y docente por encima del promedio, buena parte de los miembros del grupo académico al que pertenece han sido reclamados para desarrollar labores de servicio público en puestos de alta responsabilidad política, (con varios directores y subdirectores generales, posiciones en la ANECA, antiguos rectores, vicerrectores, directores de IMDEA, directores de Escuelas universitarias). No hay nada que objetar. Si han sido reclamados para puestos de responsabilidad, será porque su desempeño es excepcional y necesario para el avance de esta ínsula de Libertad, antisocialista en la que se ha convertido Madrid, como nos recuerda nuestra recientemente dimitida presidenta. Parece estadísticamente difícil que por azar buena parte de los miembros del grupo hayan sido reconocidos con esas libres designaciones, pero los números no son objeto de esta tribuna.

Así que zanjemos de una vez la duda. Es absolutamente pertinente reconocer que aunque pueda parecer que se presenta a unas elecciones dopado por las responsabilidades políticas desarrolladas con anterioridad, la información privilegiada que pueda tener, y la capacidad de influir en la comunidad universitaria no por su eficacia para convencer sino por académico abolengo, es absolutamente legal, como el joven George W. Bush. Yes, he can.

Algo más sensato como analista y no menos descorazonador resulta la evaluación de sus "entregables" en la Consejería. No voy a extenderme, simplemente señalaré un par de cosas que han emergido con reiteración en la campaña electoral. La primera es obvia y merece poca discusión. El juicio por la falsificación de diferentes papeles relacionados con el supuesto máster llevado a cabo por la expresidenta Cristina Cifuentes permitió ver a toda la comunidad universitaria en directo cómo el candidato a rector no pareció tener mucho interés por defender los intereses de la institución, sino más bien los de su jefa.

Más allá del estupor que comparte la fiscalía porque el tribunal dejara absuelta a la señora Cifuentes, mientras que condenaba a dos personas de la Universidad, que debieron cometer el atropello y la falsificación sólo como un reto personal en el marco de un juego de rol, lo que no queda ninguna duda es que el ahora candidato utilizó su posición para apremiar e intentar influir en la solución del "problema" de la presidenta. Dónde podía quedar la universidad, sus estudiantes, sus compañeros docentes y administrativos, no parecía su prioridad. No cabe duda de que la verdad judicial cursa por veredas complejas que sólo los profesionales del ramo son capaces de entender, pero la verdad sin adjetivos, la basada en la evidencia de los resultados no deja lugar a la duda: la URJC en boca de todos como un sinónimo de corrupción y nepotismo y él, en su puesto, engrosando los hilos de su ya tupida red de contactos. 

El segundo aspecto que ha emergido a lo largo de la campaña electoral excede el ámbito de la URJC y afecta a todas las universidades públicas de Madrid. El candidato acusa de forma vehemente al equipo actual y por extensión al del resto de las universidades públicas de no ser capaces de ejecutar el presupuesto que la Comunidad de Madrid (con él como consejero) les envió. En este marco de la simplificación radical al que nos hemos visto abocados, el eslogan es muy directo: "Hay que ser inútil para, teniendo dinero, no ser capaz de ejecutarlo".  Y sí, la verdad es así de simple, las universidades públicas han recibido un dinero muy importante como consecuencia de reiteradas sentencias a lo largo de años consecutivos en el último trimestre del año que en buena parte no ha podido ser gastado.   

Veamos esta madeja con espíritu crítico. El presupuesto aprobado para la URJC ha ido creciendo desde los 128 millones en 2017 a los casi 190 en 2021. Sobre esos números que situaban a nuestra universidad como la peor financiada de todas las universidades públicas españolas, con una cantidad cercana a los 3000 euros por alumno anual, se sumaron diferentes cantidades consecuencia, fundamentalmente, de sentencias que obligaban a la Comunidad de Madrid a cumplir sus compromisos.

Así en 2017 la URJC recibió algo más de 37 millones de euros como consecuencia de un convenio para el pago de sentencias judiciales por no haber abonado la Comunidad parte del plan de financiación comprometido y el plan de inversiones, incluyendo casi 3 millones de euros por intereses de demora. En 2019 se produce otro ingreso imprevisto por algo más de 15 millones de euros de nuevo como consecuencia de la ejecución de una nueva sentencia relativa a la compensación de becarios que la Comunidad no había abonado. En 2020 se recibe en el tercer trimestre unos 10 millones de euros como consecuencia de los llamados fondos COVID y un programa de becas que además la universidad tenía que cofinanciar. Además, a fecha de diciembre de ese año se abonaron casi 31 millones de deuda histórica. Igualmente, en los años 2017 y 2018 se recibieron en total unos cinco millones de euros de una bolsa común para todas las universidades públicas madrileñas con el objetivo de compensar la disminución de los precios públicos.

No es difícil imaginar lo que implica una llegada de fondos de esta magnitud en un marco de ejecución del gasto absolutamente leonino y Montoroniano y sin poder haberlos incluido desde el inicio del año en los presupuestos. Como consecuencia, la ejecución no siempre ha sido posible. Es por ello por lo que los presupuestos se han ido incrementando año tras año para consolidar esas aportaciones de naturaleza impredecible en un marco de gestión de lo público con máxima eficiencia.  

Sé que es un tema complicado de seguir técnicamente, pero lo que no cabe ninguna duda es que el interlocutor de la Comunidad durante buena parte del periodo que detallo ha sido el candidato exconsejero; el que invirtió un esfuerzo en preocuparse por los papeles de su jefa, la expresidenta, y que sólo tras sentencias firmes enviaba a las universidades lo que les pertenecía, a sabiendas de que un importe tan impredecible y retrasado en el ejercicio económico sería imposible de ejecutar. Ha tenido que llegar un nuevo consejero para tomar la decisión racional de pagar las deudas que tenía contraídas la Comunidad de Madrid con las universidades sin necesidad de ir a litigios que siempre perdía. 

El beneficio de todo este entuerto y de la dificultad de las universidades públicas sin deuda (las que lo tenían simplemente la reducían) para gestionar esas entradas de dinero sólo beneficiaba a la Comunidad porque la no ejecución de gastos les permitía compensar los desequilibrios de gasto de otros departamentos y la presentación de unas cuentas globales más saneadas. Sí, sé que eso es una interpretación causal de esta complicación financiera que puede ser considerada especulativa, pero lo que no es discutible es que el interlocutor responsable de estos ingresos imprevistos mediados por procesos contenciosos administrativos y, prácticamente, imposibles de ejecutar, es el candidato exconsejero. 

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