Falacias en red. La ilusión del muro
En la serie de televisión Juego de Tronos un gran muro separa a los buenos de los malos, los “caminantes blancos”. Tranquiliza pensar en una guerra donde las posiciones están claras. Objetivo: mantener al enemigo fuera de la fortificación. Los empeños actuales en legislar contra la mentira en red tienen algo de esa ilusión: distinguir al contrincante y aislar su bilis al otro lado de ladrillos normativos.
En realidad legislando se demostrará hasta qué punto esos muros que se intenta construir muestran grietas. Todos los países donde se están levantando –incluso los considerados modélicos– han encontrado problemas predecibles traducidos en titulares sobre errores o contradicciones. El lugar donde la desinformación política ha golpeado más duramente, Estados Unidos, ni siquiera ha apostado por esta vía. Allí muchos ven a Donald Trump ganando la presidencia gracias a un camino allanado por mentiras digitales, pero casi nadie pide una regulación especial contra ellas por posibles fricciones con la Primera Enmienda constitucional, relativa a la libertad de expresión.
El de “noticias falsas” es un enunciado viscoso. Los expertos lo desaconsejan al haberse convertido en un cajón de sastre. ¿Qué son noticias falsas? ¿Y quién decide cuáles son y no son? Es imposible responder con absoluta nitidez a esa pregunta y de ahí las dudas. Algunos pseudomedios hacen negocio con la fabricación de mentiras y se colocan la etiqueta de “publicación satírica” como escudo protector. Después de eso, ¿quién las cierra? Y si se decide su cierre, ¿cómo protestar cuando la norma se aproveche para clausurar sitios satíricos legítimos, generadores de oxígeno en forma de humor?
En Italia el protocolo oficial aprobado alienta a los ciudadanos a denunciar las noticias falaces ante la policía. ¿Es este cuerpo ya cargado de urgencias el más adecuado para gestionar asuntos de desinformación? La nueva ley francesa plantea una vía rápida para que los jueces retiren noticias engañosas difundidas masivamente en periodo electoral. ¿Suelen tener los magistrados recursos para actuar con tal celeridad sin renunciar a garantías? Alemania aprobó en junio de 2017 la ley NetzDG. A falta de otras iniciativas más sólidas y sobre todo de una pauta norteamericana, se cita como mejor práctica. Muchos la ven convertida en molde para Europa. El texto obliga a las plataformas tecnológicas a retirar contenido potencialmente ilegal y ofensivo a las 24 horas de ser denunciado, so pena de abonar hasta 50 millones de euros de multa.
Sí, la norma alemana se ha mostrado efectiva y ha permitido retirar contenidos perniciosos con firmeza. Sin embargo, pocos reparan en sus principales efectos. Estos no están recayendo exclusivamente en el maligno externo al que señalan con insistencia algunos líderes europeos, sino en uno interno y bien conocido en Alemania: el discurso del odio, supremacista, antiinmigración y xenófobo sostenido por la extrema derecha, rampante en los últimos años. La crítica más sonora recibida por la NetZDG ha partido de una diputada de la formación ultra AfD. Twitter y Facebook bloquearon su cuenta tras publicar un comentario racista.
Algunos estudios y la observación de la realidad subrayan aspectos inquietantes como los siguientes (inquietantes por no encajar con la imagen de “enemigo a las puertas”): los bots difunden mentiras, pero los humanos lo hacen también; medios de comunicación extranjeros inventan rumores divisivos, pero a veces se suman sin más a patrañas de fuentes locales partisanas; grandes campañas falsas proceden de otros países, pero en ciertos casos surgen de grupos situados en los extremos del polarizado panorama político nacional. Esos grupos, y en particular los anteriormente citados, hacen el trabajo sucio de impulsar discursos alejados de la corrección. Después, partidos y gobiernos interesados los legitiman a su manera, quizá vigilando un poco más sus palabras.
Tratamos de solucionar con nuevas leyes problemas que ya caen bajo el paraguas de normativa existente, pero que no se aplica o se aplica a discreción: el acoso en línea, la usurpación de identidad, los ataques a la dignidad o al honor, la xenofobia. Cualquier norma introducida debería limitarse a aspectos fuera de toda duda y aprobarse sólo si evita lagunas reales del marco actual. Por ejemplo, es evidente que la publicidad y el patrocinio de partidos políticos debe estar tan medida en las redes como lo está fuera de ellas, si es que no lo está ya, y también que los gobiernos tienen derecho a vigilar el espectro digital para identificar corrientes automatizadas masivas, como ahora detectan y avisan de ciberataques. Sobre esto último cabe preguntarse: ¿por qué no lo hacían ya? ¿Qué ley impedía a sus servicios de inteligencia formarse y prestar atención a un fenómeno, el de los bots, generador de polución informativa internacional desde hace tiempo?
Si futuras normas deciden la creación de unidades de control, estas podrían inscribirse en el organigrama de los gobiernos sólo si restringen su acción a la ciberseguridad, manteniendo toda independencia del poder ejecutivo si su cometido implica valorar la veracidad de contenidos. Una cosa y la otra, ciberseguridad y desinformación, no son lo mismo y no siempre van unidas, aunque últimamente se insista en ello.
Se ha hablado de campos de batalla digitales y de injerencias foráneas. Cualquier legislación para atajar estos males obligará a definir y delimitar esa amenaza. Quizá entonces, confrontados con la realidad, salgan a la superficie posibles excesos verbales, quede más claro el terreno de juego y se comprenda que los caminantes blancos ya están por todas partes.
Si esto es una guerra contra ellos, sería absurdo renunciar a la intención de todo Ejército: la acumulación de efectivos humanos. Más allá de vigilantes del muro, censores y leyes, nada reforzaría tanto las líneas propias como sumar a la ciudadanía a esa tarea ingente frente a la mentira. Hay millones de personas a quienes se puede educar más y mejor en materia de verificación digital y calidad informativa. Ellas son el otro extremo, los destinatarios. Deciden el éxito o el fracaso de la falacia.
Un nuevo test incluido en PISA, el influyente estudio trienal para medir el nivel educativo de los estudiantes de 15 años en setenta países, evaluará la competencia en respeto a otras culturas, resistencia al extremismo e identificación de noticias falsas. Reino Unido, Alemania y Francia, sujetando con fuerza la pancarta europea contra la desinformación en Internet, están entre los países que no participarán en el ejercicio.
