Ladrones de soberanía

La crisis de Ceuta nos está enfrentando descarnadamente con una dura realidad: la deriva antidemocrática del poder judicial español. Lo que hasta hace poco podía verse como una serie de excesos ocasionales y casos puntuales de mal funcionamiento empieza a revelarse como un problema sistémico. Jueces y juezas se están apropiando de la soberanía popular y no parecen dispuestos a soltarla.

El principio democrático se asienta en un principio bien simple: la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes. En su virtud, el poder público solo es legítimo cuando sus decisiones traen causa en la voluntad del cuerpo electoral, expresada mediante elecciones representativas, y se desarrollan en el marco fijado por la Constitución.

En nuestro sistema parlamentario la legitimidad democrática del poder implica que todas las decisiones de mera oportunidad deben ser tomadas por órganos políticos integrados en el poder ejecutivo. Son autoridades designadas parlamentariamente encargadas de gestionar el Estado mediante una selección de prioridades que se basa en consideraciones ideológicas o de oportunidad. El gobierno y la administración representan las preferencias políticas de la mayoría de la ciudadanía y son los únicos que pueden decidir en esos parámetros.

Por supuesto, en la medida en que la ley parlamentaria como expresión de la voluntad general se sitúa en la cúspide del ordenamiento, las decisiones políticas solo pueden tomarse dentro del marco previsto por las leyes. Los jueces se encargan de asegurar ese imperio de la ley vigilando que las decisiones políticas se muevan dentro del espacio legalmente permitido. Tanto en cuanto a la forma en que se adoptan como en cuanto a su contenido.

Este esquema general, en vigor prácticamente desde la revolución francesa, empieza a desvanecerse en nuestro país. La creciente tendencia del poder judicial español de sustituir la voluntad política del gobierno por la de los jueces pervierte todo el sistema. No se trata ya de lo que ahora se denomina lawfare o utilización de la justicia para alterar los resultados electorales. Tampoco de mero activismo judicial, cuando los jueces utilizan sus decisiones para inspirar genéricamente las políticas estatales. Lo que se está generalizando aquí es la mera sustitución de los políticos por los jueces.

Las causas de esta deriva están relacionadas con el momento político que vivimos en la última década. Durante el desafío secesionista catalán de hace diez años, la justicia asumió la tarea de defender un modelo de país antes que unas normas jurídicas concretas. A partir de ahí, cuando el Partido Popular pierde el poder el núcleo duro de la judicatura decide asumir el papel de oposición política frente al gobierno progresista. En un primer momento, lo hace para evitar la amnistía a los independentistas, pero pronto da un paso más y se abre entre parte de la judicatura una competición por ver quién logra hacer caer al presidente del Gobierno. Los casos judiciales contra el Fiscal General del Estado y familiares directos del propio presidente son la muestra más evidente de este espíritu.

La crisis de Ceuta está sirviendo para que estos tribunales, politizados hasta el extremo y convencidos de llevar adelante una auténtica cruzada anticomunista, den un paso más. El objetivo es boicotear las soluciones políticas a la crisis hasta exacerbar el daño que la situación causa al Gobierno. Mientras una jueza encuadrada en el Partido Popular intentaba crear una crisis diplomática con Marruecos, sus compañeros han amagado con impedir que el Gobierno pueda sacar a los migrantes de las calles.

Para alcanzar estos objetivos, muy a menudo los magistrados no solo se extralimitan en sus propias competencias, como ha pasado con la ley de nietos, sino que directamente usurpan las competencias del Gobierno.

La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente la instalación de un campamento para refugiados en el puerto de la ciudad autónoma ha sido una aberración democrática. Un sindicato policial impugnó la decisión gubernamental alegando que no es sitio adecuado porque puede plantear problemas de orden público, de compatibilidad con la actividad portuaria pública y de seguridad en el trabajo de los agentes policiales. Esas consideraciones de oportunidad y la excusa sobre la eventualidad de un daño incierto y futuro sirvieron a la Audiencia para paralizar la acción. Acabó por autorizarlo, seguramente porque sus jueces no están dispuestos a asumir la responsabilidad por dejar a cientos de personas deambulando por las calles ceutíes, pero ha servido para sembrar dudas sobre la gestión gubernamental.

No le corresponde a un tribunal de justicia decidir el emplazamiento más adecuado para un campamento. Tampoco si es más urgente cobijar a los inmigrantes que duermen en las calles o incentivar la actividad económica del puerto. Ni siquiera examinar preventivamente medidas de seguridad laboral que aún no se han adoptado. Pero eso dio igual para paralizar temporalmente el campamento. De retorcer las leyes, la judicatura está dando el paso a sustituir al Gobierno en la tarea de orientar políticamente a la sociedad. 

La suspensión se ha levantado por ahora, pero no hay ninguna garantía de que la Audiencia Nacional no vaya a volver a invadir competencias estatales. La politización de jueces y magistrados reconocida por las propias asociaciones de jueces (el foro judicial independiente acaba de denunciarla en una carta abierta), se ha convertido en una amenaza para la democracia. Vivimos tiempos de absoluta inseguridad jurídica en los que un juez lo mismo anula el art. 68 de la Constitución y deja sin derecho al voto a medio millón de españoles, que decide cómo conviene solucionar la crisis ceutí. El sistema institucional que muchos estudiamos, basado en el Estado de derecho y el imperio de la ley empieza a ser una ilusión. El poder que debería servir para controlar a los demás no es capaz de controlarse a sí mismo. Se han lanzado a decidir en nombre de todos sin rendir cuentas ante nadie.