Ceuta y el fracaso del Estado de derecho

La gravísima crisis desatada en Ceuta este verano supone ya un hito en el impacto de los movimientos migratorios sobre nuestra sociedad. Poco importa que las cifras actuales de llegada de inmigrantes ilegales estén por debajo de las de hace años o que la criminalidad en nuestro país sea menor que nunca. La llegada masiva de decenas de miles de personas en un solo día ha sido un shock traumático para nuestra sociedad.

Es absurdo tratar lo de Ceuta como un mero problema migratorio. Pero también lo es ignorar esa faceta de la cuestión. En la avalancha inicial influyeron, sin duda, diversos factores geopolíticos. Desde las reivindicaciones marroquíes hasta el deseo de hacer pagar al gobierno español su postura independiente respecto a Palestina y a Trump. Pero no habría sido posible sin decenas de miles de personas deseando emigrar a Europa para mejorar sus vidas.

El gobierno de Pedro Sánchez manejó de manera solvente la emergencia. Negociando con el vecino del sur consiguió que la inmensa mayoría de quienes se habían lanzado al mar y sobrevivido volvieran a Marruecos.

A partir de ahí, sin embargo, infravaloró los efectos reales de la presencia de los pocos miles restantes en la ciudad autónoma y la capacidad mediática de la derecha nacionalista para hacer escalar el problema.

Frente a un gobierno prácticamente desaparecido, prácticamente todo el que desde la derecha podía hacer algo ha ayudado a hacer crecer la inseguridad y el miedo en Ceuta.

La situación allí está lejos de ser normal. Muchos ceutíes están legítimamente incómodos con la presencia en las calles de miles de migrantes abandonados a su suerte e intentando sobrevivir como sea. Esa incomodidad ha ido tornando primero en miedo y después en odio con la ayuda de medios de comunicación, opinadores y políticos irresponsables.

La experiencia demuestra que prácticamente todos los estallidos racistas, los pogromos y las persecuciones responden siempre a ese sentimiento primario de temor. Antes de cualquiera de estas explosiones sociales contra judíos, gitanos, musulmanes, tutsis o rohinyas hay un periodo en el que se convence a la población local de que el grupo que sea es una auténtica amenaza. Se consigue apelando a los sentimientos más básicos de la gente, normalmente con mentiras, medias verdades y exageraciones.

Lo de Ceuta sigue esa pauta. Rumores que exageran supuestos robos y saqueos; bulos sobre violaciones; lenguaje belicoso en los medios: hablan de invasores para referirse a un puñado de chavales desarmados y desnutridos. Llaman emboscada a que alguien tire cuatro piedras contra un vehículo blindado. Cóctel molotov a un bote de salfumán. No se trata de minimizar la dura situación de Ceuta, pero sí de situarla en su justo término.

El abandono de un gobierno autocomplaciente está permitiendo que la presencia de migrantes se use para incentivar el racismo y la violencia.

Si de verdad Ceuta es España, lo que deberían reclamar los opinadores muy españoles es que se apliquen allí las leyes españolas. Si de verdad el Gobierno apuesta por la normalidad, ídem de lo mismo.

Aplicar la ley, en primer lugar a los migrantes. Siguen en vigor las leyes que prohíben la expulsión colectiva y exprés de menores. Las leyes que obligan a estudiar individualmente las peticiones de asilo que tengan cierta base y las que permiten devolver a su país a otros migrantes. Todas deben aplicarse sin demora.

También hay leyes que prohíben tomarse la justicia por su mano y que castiga a quien da palizas por la calle, especialmente las motivadas por el color de piel de la víctima, y a quien incendia bienes ajenos y atemoriza a los demás. También esas leyes deben ser aplicadas.

Reivindicar en este momento el Estado de derecho en Ceuta es la mayor utopía. Tenemos columnistas muy relevantes justificando y minimizando las palizas raciales. Hay evidencias de que las fuerzas de seguridad están actuando con distinta intensidad según la raza y nacionalidad de los autores de infracciones. Incluso tenemos que escuchar a jueces difundiendo bulos que acusan a migrantes de ataques sexuales cometidos por españoles o incidiendo desde Ceuta en el falso tópico de que los extranjeros delinquen más que los nacionales.

Cuando los creadores de opinión, la policía y hasta la propia judicatura se suman a la ola racista y aprovechan sus respectivas atalayas para echar leña al fuego, se vuelve extremadamente difícil recuperar la plenitud del Estado de derecho. Aun así, sigue siendo responsabilidad del gobierno conseguirlo.

Quienes tienen miedo de que la llegada de gente de otros lugares acabe con nuestra forma de vida deberían ser conscientes de que esa forma de vida se basa en el respeto a los derechos de todos y el pluralismo, esencialmente a través de la ley. Renunciar a la ley y volver a la barbarie sí que es una amenaza.