Las migraciones en la Estrategia de Seguridad Nacional: las palabras y los hechos

El Consejo de Ministros aprobó el 28 de diciembre la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) para los próximos 5 años. Esta estrategia extingue con un año de antelación la aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2017, para adaptarla al contexto actual, «caracterizado por una mayor competición geopolítica y un entorno socioeconómico marcado por las consecuencias de la COVID, así como por la aceleración de la transformación provocada por la tecnología y la transición ecológica».

Las migraciones vuelven a figurar como ámbito de preocupación para la seguridad nacional en esta nueva estrategia, en gran medida por los movimientos llamados masivos e irregulares, es decir, aquéllos que el Estado no controla con sus políticas de visados y permisos. “Flujos migratorios irregulares” es justamente el título concreto de la amenaza que se identifica en la ESN con esta cuestión, que da por hecho “un esperado aumento de los flujos migratorios hacia Europa en los próximos años” y cataloga como reto y como “riesgo para la continuidad del espacio Schengen” la gestión de los flujos de carácter irregular.

Además, el cambio climático y sus consecuencias (desertificación, olas de calor, sequías, reducción de las disponibilidades de agua, incendios e inundaciones o pérdida de la biodiversidad, por ejemplo) se identifican como un desencadenante clave de nuevos incrementos de desplazamientos migratorios, que vienen a sumarse a otros factores más tradicionales y que persisten en la actualidad, como la pobreza, la inestabilidad política y los conflictos en las regiones vecinas.

En respuesta a esta situación, dentro de uno de sus tres ejes fundamentales, (“Una España que promueve la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos” - Eje 2), la ESN refleja como objetivo destacado para la seguridad nacional la ordenación de los flujos migratorios y la lucha contra las redes de tráfico de migrantes y de trata de seres humanos, actividades éstas que proliferan sobre todo en los países de origen y tránsito pero también en los de destino, alrededor de los flujos de carácter irregular.

Respecto a la ordenación de los flujos migratorios, en su apartado de planeamiento, la ESN destaca algunos objetivos importantes:

Los conceptos sobre migraciones de esta nueva ESN no son nuevos, sino que coinciden básicamente con los de la firmada por el Gobierno de Rajoy en 2017, que ya se referían a su interconexión con otros fenómenos globales como el cambio climático o las desigualdades económicas internacionales y la necesidad de enfrentarlos integralmente, a partir de sus causas, desde la cooperación, desde su dimensión humana y desde el respeto de los derechos humanos.

Se perciben en estos conceptos un claro desembarco en el ámbito migratorio del enfoque de “seguridad humana”, esgrimido en los últimos años desde el mundo académico y otros sectores como el más adecuado en el ámbito seguridad-migración, y que disputa los parámetros clásicos de la seguridad nacional, al situar en el centro de atención de la protección política a las personas y sus derechos.

Sin embargo, y sin infravalorar el efecto de este enfoque en la estrategia de seguridad nacional, puede afirmarse que éste no está logrando el alcance necesario en el plano operativo.

A pesar de las palabras, comprobamos que las personas migrantes que se desplazan hacia España y la UE al margen de mecanismos ordenados y regulares se ven obligadas a viajar en condiciones de gran sacrificio, sufrimiento y miseria. La desprotección y desamparo legal de esas personas representan algunas de las vulneraciones más acusadas y masivas de derechos humanos que conoce nuestra generación, por lo que es exigible un esfuerzo mucho más notable en materia de cooperación al desarrollo y de cooperación en materia de seguridad con los países de origen y tránsito, para prevenirlas y perseguirlas. Por otra parte, el férreo control fronterizo aéreo, terrestre y marítimo, en tanto que fronteras exteriores de la UE, se antepone a las obligaciones de protección jurídica de los migrantes, quedando en ocasiones en segundo plano el acceso de refugiados, menores o víctimas de trata a procedimientos de protección a los que tendrían derecho.

La protección jurídica de las personas migrantes es un asunto de seguridad, como lo es la protección de cualquier grupo humano, con más razón si engloba el 15% de la población de tu país o el 23% de la población entre 16 y 44 años, es decir, un segmento que representa el grueso de la población productiva, como es el caso.

Debe reconocerse la gran importancia de este asunto y dotarlo de los medios necesarios. La integración de los inmigrantes y refugiados es un aspecto fundamental de seguridad nacional, tal como admiten las ESN de 2017 y 2021. Sin embargo, la última crisis ha acentuado la diferencia en términos de empleo, ingresos y bienestar entre la población autóctona y la de los inmigrantes extracomunitarios, ampliando la brecha social y la desigualdad, como señala el Real Instituto Elcano en su análisis de perspectivas y desafíos para España en el mundo en 2022. “España se sitúa a la cabeza de Europa Occidental de esa brecha, según datos de Eurostat. La tasa de paro entre los inmigrantes no comunitarios  (23%) supera en mucho la de los españoles (13%, según cifras de la Encuesta de Población Activa en el tercer trimestre de 2021). El porcentaje de adultos que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes es un 9% entre los españoles, pero 21% entre inmigrantes no comunitarios, según la Encuesta de condiciones de vida del INE.”

Una de las posibles mejoras a introducir en el plano operativo, sobre la base de la ESN, podría ser la creación de un órgano coordinador de seguridad (humana) o la asignación de esta función a alguno existente. Esta acción se podría alinear con una de las señas de identidad del documento aprobado por el ejecutivo de Sánchez, que es la “cogobernanza” con las comunidades autónomas para la gestión de futuras crisis y la prevención de amenazas “en cuestiones donde las competencias son autonómicas o compartidas”. Idea ésta que también parecería compatible con la previsión de un mecanismo específico de gestión de crisis migratorias, que garantizara en esas situaciones la protección de la frontera, de acuerdo a las previsiones nacionales y europeas, pero que al mismo tiempo asegurara el escrupuloso respeto a la protección legal de las personas migrantes, de acuerdo a sus necesidades particulares e igualmente resolviendo la coordinación necesaria entre “todas las Administraciones públicas (estatal, autonómica y local), así como entre los ministerios, el sector privado y la sociedad civil” implicadas.  Estos mecanismos coordinadores favorecerían “adoptar un enfoque anticipatorio y centrar la toma de decisiones en el análisis de hechos y datos objetivos” y “desarrollar  la capacidad preventiva, de detección y de respuesta frente a las amenazas híbridas”, si fuera el caso, tal como pretende en su enfoque general la ESN.

Los conceptos de seguridad humana y protección de derechos de las personas migrantes, que configuran en gran medida la ESN respecto a las migraciones, deben ser dotados suficientemente y mejor trasladados a los hechos para cumplir eficazmente su cometido.